La impunidad, raíz de la corrupción (y de mucho más)

Por Carlos Castillo. Los incentivos en México para no cumplir la ley son numerosos, pero tienen una raíz clara y común: la impunidad. Cuando la aplicación efectiva de las normas, la eficiencia de las autoridades en inhibir y perseguir el crimen, y la capacidad de los jueces en la aplicación de la justicia son hechos aislados, queda abierto y es atractivo el camino a una serie de prácticas que, desde la corrupción, pasando por el crimen organizado o la delincuencia común, vulneran el Estado de derecho, dejan indefensa a la ciudadanía y convierten a la ley del más fuerte en el sustituto más efectivo del Derecho como herramienta para asegurar y garantizar la convivencia pacífica y armónica de un pueblo. Si bien los datos respecto de los altos niveles de impunidad suelen surgir a la luz de ciertos hechos notorios, de magnitud suficiente para figurar en los medios de información, aquéllos son moneda cotidiana en la vida de los mexicanos y se presentan en todas los niveles del sistema de justicia, en cada uno de los niveles de gobierno y en prácticamente todas las entidades federativas del país. Así lo revela la reciente publicación del Índice Global de Impunidad de México 2016 (IGI-MEX), realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y coordinado por Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, en colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de ese estado; un esfuerzo que, además, suma las aportaciones de académicos e investigadores de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la Universidad Iberoamericana (UIA), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y las universidades de Georgetown y Notre Dame (EEUU), entre otros. Este instrumento de medición, cabe destacar, se desprende de un trabajo previo de alcance mundial realizado por la misma UDLAP, el Índice Global de Impunidad 2015, y estudia, para el caso mexicano y en cada una de las entidades federativas, los niveles, las razones, los alcances y las consecuencias de un mal que, en palabras de Luis Ernesto Derbez, rector, “es origen y destino de otros problemas nacionales como la inseguridad, violencia, corrupción, desarrollo económico e inclusive de la desigualdad social”. Cifras respecto de la impunidad en México El primer dato alarmante es que nuestro país ocupa el lugar 58 de 59 que mide el IGI de 2015, sólo superado por Filipinas y por debajo de naciones de los continentes europeo y americano, tal y como lo demuestra el siguiente mapa:  

Fuente: Índice Global de Impunidad de México 2016, p. 23. El lugar ocupado por México revela los grandes pendientes que se enfrentan en cada una de las dimensiones que son consideradas para la elaboración del Índice, y que son: Dimensión estructural: “capacidades que tienen los estados para castigar, de acuerdo con las reglas del debido proceso, a aquellos que infringen el Estado de derecho”. Dimensión funcional: “manera en que las áreas de gobierno encargadas de castigar a quienes violentan el Estado de derecho operan, independientemente de su marco normativo, o de sus capacidades e infraestructura institucional”. Cifra negra: “porcentaje de delitos no registrados dentro del sistema de procuración y administración de justicia y que por tanto quedan sin castigo”. Dimensión de los Derechos humanos: “respeto que tiene el Estado por sus propios ciudadanos y por el contrato social que lo vincula con ellos”.   Estas tres dimensiones, cabe señalar, se encuentran integradas por 35 variables que incluyen: número de delitos, agencias del ministerio público, personal dedicado a funciones de seguridad pública, magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes, personal penitenciario y número de reclusos, entre otros (la información completa de la metodología, así como el texto íntegro del IGI-MEX 2016 están disponibles en su totalidad y de manera gratuita en www.udlap.mx/igimex). Con base en las tres dimensiones y sus variables, los resultados por cada estado de la República se clasifican en cinco categorías por nivel de impunidad: Baja, Media, Alta, Muy alta y Atípica, dando como resultado el ranking que se presenta a continuación.  

Fuente: Índice Global de Impunidad de México 2016, p. 53.  Como puede observarse, la impunidad en nuestro país es, por desgracia, moneda corriente en prácticamente la totalidad del territorio nacional: 25 estados presentan niveles Altos y Muy altos, contra 7 que componen las categorías Media y Baja. Por lo que respecta a Michoacán, el propio reporte señala que: “es un estado atípico en términos de impunidad antes y después del año base de estudio que es 2013. El comportamiento atípico es corroborado en términos de análisis estadístico cualitativo y observaciones públicas de actores gubernamentales, autoridades nacionales de Derechos Humanos y por organizaciones de la sociedad civil. La información sobre seguridad y justicia, previa y posterior al 2013, presenta serios cuestionamientos sobre su veracidad”. Como principales resultados de esta medición general, se desprenden las siguientes conclusiones (pp. 12 y 13): Solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, por lo que la cifra negra desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento (ENVIPE). Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad (ENVIPE). Del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias (impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados). La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos son castigados. El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los Ceresos estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7 por ciento. A nivel nacional el peor desempeño por subdimensión se encuentra en la estructura del sistema de justicia, seguido por el funcional sistema de seguridad. A estas cifras sigue el estudio de los 32 estados de la República, para cada caso se incluyen tres apartados de estudio y análisis: 1) Contexto en el sistema de impartición y procuración de justicia y derechos humanos; 2) Cadena impune, y 3) Principales hallazgos encontrados en 35 indicadores. Así, la integración del IGI-MEX 2016 ofrece una radiografía que demuestra con claridad, a partir de cifras estadísticas y metodología científica, la situación general y particular del país respecto de un mal que se manifiesta en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana: la casa blanca del Presidente, el caso Moreira, el famoso “no entienden que no entienden” en The Economist, Ayotzinapa, el abuso de poder de parte de autoridades, el desprestigio de la clase gobernante, la fuga de Joaquín Guzmán, las autodefensas, la desgracia del penal de Topo Chico, por mencionar algunos de los más graves, tienen todos su raíz en los altos niveles de impunidad que se viven en México. Sin una justicia efectiva, sin un Estado de derecho fuerte, sin un sistema de policía apto y a la altura de las necesidades de país, sin un compromiso serio y definitivo por los Derechos humanos, el piso común sobre el cual llevar a cabo el día a día de los ciudadanos, e inclusive la permanencia y continuidad del sistema democrático, se encuentran en permanente riesgo, al acecho del azar, sin certeza de que el crimen en cualquiera de sus dimensiones será prevenido, perseguido y castigado. Crecer como país en temas políticos, económicos y sociales será pues muy complejo, por no decir imposible, si no se comienzan a realizar los cambios necesarios para revertir las cifras que se presentan en este Índice: espejo de nuestra realidad institucional.