La importancia de la coordinación policial en la estrategia contra la inseguridad

Por Luis Bernardo Nava Guerrero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de corte federalista y promulgada en 1917 dicta en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, de tal manera que la coordinación entre éstos es el elemento indispensable para disminuir la violencia y la criminalidad en el territorio nacional. Al inicio de su mandato como titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador presentó en el Plan Nacional para la Paz y Seguridad 2018-2024 diversas acciones que tienen como objetivo disminuir el índice de violencia en nuestro país y la inseguridad en las calles. La estrategia del nuevo presidente se despliega en ocho puntos, de los cuales destaca el último que pretende la creación de un Plan de Seguridad Pública, mismo que tiene como uno de sus cometidos principales la instauración de una Guardia Nacional. La creación de un organismo de tal naturaleza nos remonta a pensar en la Gendarmería Nacional y al Modelo de Mando Único Policial, dos estrategias fallidas durante el sexenio de Peña Nieto, ya que a pesar de ello el índice delictivo en nuestro país ha crecido en gran proporción durante los últimos años. Las denuncias ante Agencias del Ministerio Público constatan que el 2017 ha sido el año más violento en toda la historia reciente de México; aunado a ello, el Modelo de Mando Único no ha dado los resultados que se esperaban. Tan solo en Guerrero dicho modelo se implementó cuatro meses antes del acontecimiento de Ayotzinapa de 2014; en Veracruz, los secuestros se duplicaron de 2013 a 2017 y algunas demarcaciones de Michoacán, como Uruapan, subieron posiciones en el listado de municipios más inseguros del país. Ante tales circunstancias, los Alcaldes Humanistas consideramos que una nueva figura como la Guardia Nacional, que se está planteando como un instrumento del Poder Ejecutivo que incida en acciones de seguridad llevadas a cabo por las policías locales, tampoco logrará disminuir el grado de criminalidad en nuestro país. La Guardia Nacional ya ha comenzado a operar, aun cuando no se ha aprobado la reforma constitucional que permita su realización en 150 regiones de México, en total desconocimiento de la pluralidad de ideas que se deben atender en el debate parlamentario; tan es así que desde el Gobierno federal ya se ha desplegado una convocatoria para alistar a jóvenes para conformarla. Argumentos sobran para ello y diversas organizaciones civiles, tanto del interior como del exterior, lo consideran riesgoso por tratarse de una institución castrense que pretende ser integrada por elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, a la que se le asignarán funciones de seguridad pública cuando se sabe de antemano que los militares no están adiestrados en el combate a la delincuencia, ni en la prevención y persecución del delito. En la Asociación Nacional de Alcaldes siempre hemos defendido el respeto al marco legal, el cual faculta en el artículo 115 constitucional a los Presidentes Municipales para conducir a la policía local; debe quedar claro que no nos oponemos a la Guardia Nacional, sin embargo, tiene que cumplir diversas condiciones para que se vuelva viable su implementación. La primera de ellas es que su conformación tiene que darse por mandos civiles, cuya actuación se de en estricto apego a los Derechos Humanos, respetando las competencias de los órdenes de gobierno en materia de Seguridad Pública; definiendo además claramente los tiempos de participación de las fuerzas en la seguridad y siempre bajo el principio de subsidiariedad más no subordinación; con reglas claras y estrategias de apoyo para los municipios que no aprueben las evaluaciones que se pretenden realizar y estas últimas se realicen de tercera parte, con indicadores y reglas claras. Del mismo modo, bajo ninguna circunstancia los fondos del PEF destinados a cuestiones de seguridad, como el FORTASEG o el FASP, deben disminuir sino más bien se tiene que garantizar la no afectación de los recursos para municipios, ni de las Participaciones Federales (Ramo 28), ni de Aportaciones Federales (Ramo 33), derivado de cubrir los gastos de operación de la propia Guardia en los territorios locales. Aunado a lo anterior, insistimos en la implementación de un Modelo de Mando Mixto Policial, el cual hemos venido proponiendo desde el 2015. Apostarle a este modelo, que ya ha sido aprobado en la Cámara de Senadores, es llevar a la práctica una estrategia de seguridad integral, federalista y que, entre otras cosas, está en favor de una adecuada coordinación entre los cuerpos de policía de los tres órdenes de gobierno, con el debido respeto al marco de actuación de cada uno de acuerdo a sus atribuciones y funciones, promoviendo la inteligencia policial y la profesionalización de los elementos policiales. Somos conscientes de los graves problemas en materia de seguridad que aquejan a México y por eso es que nuestra propuesta está encaminada a fortalecer a las Policías Municipales, que al final del día son las que se encuentran más cerca del ciudadano y saben de las características geográficas y sociales de cada rincón del país. Exhortamos entonces al Presidente de la República y a los legisladores para que en un ejercicio democrático se discuta la iniciativa que pretende crear la Guardia Nacional y tengan cabida las opiniones de todos los actores políticos y sociales, tanto del ámbito nacional como internacional; además, apegados a un diagnostico real de las condiciones en las cuales se encuentran los cuerpos de seguridad de nuestro país, mediten sobre la importancia de fortalecer a las policías municipales, ya que la única manera de tener un México fuerte es con policías locales eficientes que promuevan municipios fuertes.   Luis Bernardo Nava Guerrero, es Presidenta Municipal de Querétaro, Qro. Twitter: @LuisBNava