La deuda de Coahuila y la oscuridad que nos dejó

Por Jesús de León Tello. A mediados del año 2011, la mayoría conformada por el PRI en el Congreso del estado, reconoció mediante dos decretos la deuda que hasta pocas semanas antes habían negado por todos los medios, tanto el gobernador interino Jorge Torres López como el gobernador con licencia Humberto Moreira, así como el Secretario Ejecutivo del desaparecido SATEC, Héctor Javier Villarreal Hernández. Dicho reconocimiento estableció en su texto “ordenar el pago de la deuda”, “reconocerla como válida” y “admitir que todo se gastó en inversiones públicas productivas”; una mentira, un engaño de proporciones monumentales, ya que 25 mil millones de pesos de esa deuda se contrataron de forma ilegal, y por ende, no debió ser aprobada por la Legislatura. Tampoco es verdad que el dinero fue gastado en inversiones públicas productivas, lo que salta a la vista por dos hechos notorios: primero, el Auditor Superior del estado declaró en 2011 que la deuda no había tenido impacto alguno en las finanzas de Coahuila, ni en la infraestructura productiva local; segundo, a la fecha, la administración estatal no ha podido acreditar con documentos fehacientes el destino de los 36 mil millones de pesos de este pasivo ilegal. Los efectos y consecuencias de la megadeuda han sido devastadores para la entidad en todos los aspectos de la vida pública de los coahuilenses; basta citar que la administración estatal se encuentra en quiebra técnica, incapaz de hacer frente a las necesidades más apremiantes de la población, con presupuestos en sectores como Salud y Obras Públicas reducidos en más de un 73 por ciento desde el año 2011 y hasta la fecha. Contamos con una Ley de Hacienda que contiene los que pueden ser considerados los impuestos y derechos más altos del país en cuanto a entidades federativas se refiere; la burocracia estatal ha resentido despidos y rebajas ilegales de sus percepciones, así como un grave menoscabo en los sistemas pensionarios de la entidad. Los programas sociales de la entidad han pasado de más de 25 en 2010 a sólo 12 desde el 2011 a la fecha presente. Los reportes de la Secretaría de Finanzas local reflejan que se han erogado en servicio de la deuda más de 14 mil millones de pesos en sólo tres años, y el pasivo no ha disminuido; ahora debemos 49 mil millones de pesos, pues el actual gobernador, luego de prometer durante su campaña que Coahuila jamás volvería a pedir prestado, ha solicitado ya dos reestructuras de la deuda y un crédito por 2 mil millones de pesos en los primeros tres años de su gobierno. Por si fuera poco, el padrón de proveedores permanece convenientemente oculto. A todo esto debemos sumar la impunidad que permea el caso de la deuda. En Coahuila, el procurador del estado no avanza ni un paso en las investigaciones, decomisos y demás procesos que hace tiempo deberían haber concluido. De no ser por el actuar de los estadunidenses en los casos de Javier Villarreal y Jorge Torres, en este momento viviríamos en la más completa  ausencia de justicia y los casos, muy probablemente, ya habrían recibido carpetazo. Necesitamos más que nunca de un Sistema Nacional Anticorrupción como el que propone nuestro Partido, ya que esta es la única medida, el instrumento que permitirá dar un paso gigantesco hacia una verdadera reducción de la corrupción gubernamental en México. Creemos en la propuesta que enarbolan nuestro Presidente del CEN, Gustavo Madero, y nuestro Coordinador de los diputados federales, Ricardo Anaya, para el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción que permita combatir y frenar en el corto y mediano plazo los altos niveles de corrupción en México, y que las instituciones recuperen la credibilidad y el prestigio que han perdido por la falta de voluntad política y de mecanismos que doten al servicio público de la transparencia y la honradez que deben ser pilares en su quehacer. La deuda de Coahuila es la prueba de que la oscuridad puede reinar en una administración… y por mucho tiempo.