La Casa Blanca como asunto de interés público
MA
Por Maricarmen Rizo
Juan Molinar Horcasitas.
Una encuesta de opinión, levantada por el diario Reforma y publicada el 1 de diciembre de 2014, segundo aniversario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, mostraba datos que seguramente hicieron sonar alarmas en las altas esferas del gobierno y de su partido: la popularidad presidencial había caído a niveles que no se habían observado en México en 20 años, justo después de que la crisis del error de diciembre le costó el patrimonio a muchos hogares, produjo la quiebra de muchas empresas y dejó sin empleo a millones de mexicanos. De hecho, 8 de cada 10 líderes y 6 de cada 10 ciudadanos de a pie reprobaban el desempeño del presidente Peña.
No hay duda de que los terribles acontecimientos de Iguala y la vorágine de violencia y complicidad de autoridades y criminales que los mexicanos fuimos presenciado, azorados y entristecidos, tienen mucho que ver con esa mala evaluación, pero no es el único factor. El pésimo desempeño de la economía, por su lado, contribuye tanto o más a esa mala evaluación, pero tampoco bastan esos dos asuntos para lastimar tan profundamente la imagen del Presidente. A esos hechos, sin duda influyentes, hay que agregar uno más, que seguramente influye en un grado similar a los dos ya mencionados, o cuando menos sirve como potente catalizador de la irritación popular: la Casa Blanca de Las Lomas.
Esa expresión, “Casa Blanca”, sintetiza un asunto complejo que focalizó el descontento de la gente en la imagen del Presidente. Si en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa podían distribuirse culpas hacia el gobernador de Guerrero, que fue defenestrado políticamente, o los alcaldes de Iguala y Cocula (del PRD y del PRI, respectivamente), en el caso de la Casa Blanca no había para dónde hacerse, como se dice vulgarmente. Todo apuntaba directamente al Presidente, a través de su esposa, la señora Angélica Rivera, con quien contrajo nupcias en 2010, siendo todavía gobernador del Estado de México.
La misma encuesta de Reforma muestra que la opinión de la gente sobre la forma en que el presidente Peña ha manejado el tema de la corrupción es aún más desfavorable que la ya de por sí negativa evaluación de su desempeño como titular del Ejecutivo Federal. El porcentaje de entrevistados que contestó “mal o muy mal” a la pregunta “¿cuál es su opinión acerca de la manera como el presidente Peña Nieto está tratando el asunto de la corrupción?” es fulminante: 91 por ciento de los entrevistados clasificados como “líderes sociales” dijo que el presidente Peña maneja mal o muy mal los asuntos de corrupción, y 72 por ciento de la población general coincidió. A pesar de esa abrumadora opinión, el gobierno ha declarado, hasta principios de diciembre, que no hay nada indebido en ese asunto. Tal contraste entre la opinión pública medida en una encuesta y la posición del gobierno es digno de análisis.
¿En qué consiste este caso popularmente identificado como la Casa Blanca y por qué es un asunto de interés público, con facetas políticas y legales, tanto administrativas como posiblemente penales?, ¿Por qué no es aceptable que los voceros de la Presidencia respondan que ya no hay nada que explicar porque la esposa del Presidente no es funcionaria pública?, ¿Por qué no ha bastado la divulgación de la declaración patrimonial del presidente Peña para convencer a sus críticos de que esa operación implica un notorio conflicto de interés? Revisemos el asunto, empezando por los hechos.
Lo primero por establecer son los hechos relevantes en el caso, pues el affaire Casa Blanca es un complejo entramado de muchos asuntos de diversa naturaleza. Algunos de ellos quizá corresponden a la esfera de lo privado, pero otros se inscriben claramente en la esfera de lo público.
El tema de interés público no es el monto de los ingresos de la esposa del Presidente, ni el costo de la residencia que adquirió. Esos asuntos han calentado las redes sociales con la intensidad característica de ese medio, pero no son estrictamente, en sí mismos, asuntos de interés público.
El núcleo del asunto es la existencia de un posible conflicto de interés en la adquisición de ese bien de la esposa del Presidente, pues el constructor y dueño original es un proveedor muy importante del Gobierno federal, especialmente a partir de la llegada del PRI a la Presidencia, y fue proveedor importante de obra pública durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Ese vínculo, presumiblemente indebido, es el meollo del asunto y es lo que debe investigarse en relación con la famosa Casa Blanca. El marco legal para analizar esos hechos es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los hechos relevantes incluyen no sólo al Presidente sino también a su cónyuge, pues así lo dispone la propia ley.
Derivado de la posible existencia del presunto conflicto de interés en la adquisición de ese bien, se han sumado otros dos asuntos que se le vinculan.
El primero es el proceso de licitación pública del contrato de construcción del Tren de alta velocidad México-Querétaro, que fue asignado a un consorcio encabezado por una empresa china y en el que se asociaban empresas mexicanas, entre ellas una perteneciente al dueño original de la Casa Blanca. Este asunto no sólo presenta facetas con visos de irregularidad, pues finalmente se asignó a un postor único. Posteriormente, de manera inesperada, la asignación fue cancelada de una manera intempestiva que no tiene apariencia de legalidad, pues no está claro qué autoridad realizó formalmente la cancelación y con qué fundamentos legales lo hizo.
Si esos asuntos ya son de por sí relevantes, a esto se agrega el hecho de que aparentemente el Gobierno federal deberá erogar alguna cantidad no claramente establecida, pero cuantiosa, para los costos de posibles daños y perjuicios causados al ganador de la licitación. Esta cadena de hechos es posterior a la adquisición de la residencia de la esposa del Presidente, pero el empresario que la construyó y su relación con el contrato del tren de alta velocidad y de muchos contratos más, como se ha venido conociendo, los une moral, política y legalmente con el Presidente de la República y quizá con otros servidores públicos.
El segundo asunto relevante que emergió a la luz pública como secuela del escándalo mediático de la Casa Blanca, es el de la posible violación de las obligaciones legales de los servidores públicos en la declaración patrimonial del presidente Peña, pues en ella se omitieron los bienes de su cónyuge. Aquí es importante hacer una aclaración, ya que el vocero del Ejecutivo ha reiterado que la señora Peña no es servidora pública y por ello no tiene la obligación de presentar declaración patrimonial. Eso es cierto, pero no basta para dar por terminado el asunto, pues lo que la ley establece es que el servidor público sí está obligado a incluir los bienes de su cónyuge en su declaración patrimonial. La omisión de los bienes de la señora Rivera no sería una falta de ella, sino de su esposo, por ser él quien tenía la obligación de incluir en su declaración los bienes de ella.
Estos aspectos de interés público han querido ser desechados de plano por el Gobierno federal, pero no es posible descartarlos sin aclararlos a plenitud, no sólo ante la opinión pública sino ante las autoridades competentes, que hasta ahora han sido omisas.
Creo que estas autoridades deberán investigar a fondo las siguientes cuestiones:
- Si el Presidente, u otros servidores públicos, incurrieron en responsabilidades por la adquisición de los bienes de éste o su cónyuge, en particular al recibir una casa de manos de una empresa constantemente beneficiada con el ejercicio de recursos públicos, desde la administración en el gobierno del Estado de México y en los primeros dos años, hecha en la presente administración.
- Si el Grupo Higa, sus filiales, o el propio Juan Armando Hinojosa Cantú, están detrás de otras propiedades o bienes que sean propiedad del Presidente o que haya usufructuado durante los años que estuvo al frente del gobierno del Estado de México, como candidato a la Presidencia o como Presidente de la República.
- ¿Bajo qué fundamento legal se excluyeron las propiedades de Angélica Rivera en la declaración patrimonial del servidor público Enrique Peña Nieto?
- ¿Cuál fue la base jurídica de la decisión del Presidente al ordenar revocar el fallo de la licitación del tren rápido México-Querétaro y reponer el procedimiento desde el inicio, como declaró públicamente el secretario de Comunicaciones y Transportes?
- ¿A cuánto asciende la indemnización o reparación de gastos no recuperables que el gobierno de la República cubrirá a los ganadores de la concesión y qué porcentaje corresponderá a Hinojosa Cantú?
- ¿Cuántos contratos han obtenido el Grupo Higa, la Constructora Teya, EOLO y demás filiales, desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México hasta la fecha, y en particular, a partir del momento en que su esposa recibió el terreno donde se ubica la “Casa Blanca”? En estos casos es indispensable conocer el procedimiento de asignación, pues como secuela del asunto Casa Blanca se ha hecho pública la adjudicación directa de al menos un contrato de montos importantes.