Iniciativa ciudadana para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción
Por Sergio Rodríguez Colín.
En los últimos años la sociedad civil mexicana ha ejercido, como nunca, su ciudadanía. Ha comenzado a entender que tiene el derecho de exigir a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno un buen actuar en su desempeño, ya sea en la Presidencia de la República, en el Congreso de la Unión, en el Ejecutivo Estatal o en los diversos puestos públicos locales de los estados y municipios de México.
Por medio de iniciativas ciudadanas como 3de3, concebida en 2014 y vuelta ley en 2016, organizaciones de la sociedad civil buscan la transformación de la clase política en nuestro país. El propósito es que todos los funcionarios públicos y aquellos que aspiren a un cargo de elección popular presenten de forma transparente y honesta su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, con el fin de que éstos antepongan los intereses de México a los suyos.
Con la promulgación de las primeras siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción -18 de julio de 2016- la exigencia ciudadana tomó fuerza y trascendencia institucional, Sin embargo, para la sociedad civil este era sólo el primer paso de un largo camino que aún encuentra resistencias en los diversos órdenes del sistema político mexicano.
“Cuando cerramos estas primeras leyes, señalamos que el Sistema estaba inconcluso, que este era sólo la primera etapa de un sistema anticorrupción robusto y eficaz. Advertimos a los tres poderes que los ciudadanos íbamos a ir por más, que nos íbamos a mantener en el tema, la sociedad civil mexicana y la academia, que era el primer ciclo reformador”, señala en entrevista para La Nación el Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López.
El 17 de julio de 2017, Transparencia Mexicana y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron la coalición #VamosPorMás, proyecto que busca impulsar reformas y acciones de la mano de gobernantes y legisladores para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual al día de hoy carece de un fiscal que encabece los trabajos en contra del envilecimiento de la política y la impunidad.
Para Bohórquez López la prioridad número uno de la coalición #VamosPorMás es seguir fortaleciendo el Estado de derecho de los ciudadanos a través de reformar el Poder Judicial y transformar al Congreso de la Unión. Sin embargo, puntualiza que la pieza clave es la Fiscalía General de la República, pues es en lo que se transformará la actual Procuraduría General de la República.
“Si logramos, no solamente que el Artículo 102 constitucional cambie, sino que las distintas fuerzas sociales, políticas y económicas del país entiendan que nos hace falta una Fiscalía de verdad, una Fiscalía independiente, que sea autónoma constitucionalmente, personalmente pienso que sería un gran paso para mejorar el sistema político mexicano”.
Advierte que la Fiscalía General de la República, por sobre todas las cosas, debe ser independiente de cualquier interés, sea partidista, privado o de quien nombre al Procurador General de la República. “Necesitamos una Fiscalía que esté protegida de los intereses y que se aboque a combatir y corregir los grandes males que como país aún tenemos y que atentan contra la democracia”, apunta en entrevista realizada en las oficinas de Transparencia Mexicana.
Eduardo Bohórquez ahonda en la agenda de #VamosPorMás y menciona otras prioridades de esta coalición ciudadana, la cual tiene como objetivo consolidar al Sistema Nacional Anticorrupción. Entre las propuestas está una reforma a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obra Pública, que son pieza clave en la estrategia para combatir la corrupción.
“Otro punto central es la Cédula Nacional de Identidad, lo que impediría la duplicidad en los padrones sociales y el uso de estos mismos en programas durante periodos electorales. Hay muchos programas duplicados que no tienen beneficiarios reales y que están siendo utilizados para otros propósitos y en beneficio de personajes o partidos políticos”.
Fuero constitucional
Otra propuesta de la coalición es la discusión en serio del fuero constitucional, en donde no pretenden su desaparición, sino enfocar el debate en el fuero federal, pues de acuerdo a la legislación actual, aunque se elimine en los Congresos locales, los funcionarios siguen teniendo la protección en el ámbito federal.
“Lo que hemos visto es que los gobernadores y los Congresos locales, a pesar de desaparecer el fuero en lo local, siguen teniendo fuero federal. La Constitución les da un fuero a los gobernadores y con ese fuero es con el que empiezan a armar sus triquiñuelas y sus esquemas de corrupción”.
El planteamiento de #VamosPorMás es revisar la figura del fuero, sobre quién debe tenerlo, qué funciones se están protegiendo al darle fuero a qué funcionario público y de qué manera se puede remover en caso de que los delitos que se cometan estén asociados con una red delictuosa o criminal, aclara en la oficina donde se creó la iniciativa 3de3.
Notarías
Bohórquez López sostiene que otro asunto importante para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción es la revisión de las notarías, ver en qué forma se entregan en todos los estados de la República, ya que muchas de ellas son instrumentos de los malos funcionarios públicos para cometer todo tipo de fraudes y malversar el erario público.
“En prácticamente todos los casos corrupción que hemos visto en el último año, hubo notarios involucrados que permitieron la creación de empresas fantasmas que dieron fe pública a actos a toda luz irregulares y casualmente esos notarios recibieron sus notarías como un favor político por parte de los gobernadores o de otros actores”, acusa.
El Director de Transparencia Mexicana precisa que, con la excepción de la Ciudad de México, la entrega de las notarías en todo el país sigue siendo un acto discrecional de los gobernadores, “y bueno, cuando tienes más de una docena de gobernadores investigados, acusados o bajo proceso o sancionados por corrupción, pues no parece una buena idea dejar esa atribución a los titulares de los Ejecutivos estatales”.
Reforma al Congreso
Un tema que en particular empujará la coalición y más hacia el 2018 es la reforma del Congreso de la Unión, ya que considera que el Poder Legislativo se quedó atrás en la rendición de cuentas a los ciudadanos, pues en los últimos años han surgido escándalos respecto al uso del presupuesto que recibe cada uno de los partidos políticos representados en las Cámaras de Diputados y Senadores.
“Algo que hemos podido atestiguar en los últimos dos años es la inacción cotidiana en el Congreso federal y los Congresos locales, pues cuando se habla de la creación de órganos anticorrupción percibimos cuan rezagados están los Congresos en cuanto a prácticas que son esenciales en la democracia participativa”.
De acuerdo con Eduardo Bohórquez otro problema del Congreso de la Unión es la sobrerepresentación, asunto que hasta los mismos partidos políticos han reconocido. Señala que a pesar de esta sobrerepresentación, más del 70 por ciento de los que votaron no se sienten representados por su diputado o senador.
Agrega además que los legisladores no saben cómo relacionarse con los ciudadanos, no saben si son relaciones clientelares o corporativistas -donde compran voluntades-, es decir, no saben cómo establecer una relación con un organismo ciudadano.
“Nos siguen llamando ONGs, las organizaciones de la sociedad civil se llaman así mismas organizaciones de la sociedad civil y muchos legisladores siguen diciéndoles ONGs, lo cual refleja que están en una discusión de hace unos 20 ó 30 años. Los Congresos se quedaron en el siglo XIX, con toda sinceridad, durante el siglo XX más bien atendieron prácticas clientelares y corporativistas y en el siglo XXI no saben cómo entrarle a los nuevos temas de la democracia participativa y otras formas democráticas que también ya hay en el mundo”, concluye.