Informe GIEI, golpe duro a la justicia mexicana

Por Eluzaí Morales Ortega. La Presidenta de la Comisión para dar seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Estudios Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que los señalamientos elaborados por el GIEI, en relación a la desaparición de al menos 41 estudiantes normalistas en Iguala durante 2014, cuestionan “la credibilidad de las instituciones de procuración de justicia en México”. En conversación con La Nación, la legisladora panista aseguró que ante el Segundo Informe que ofreció la representación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el pasado 24 de abril, “presentan una crítica durísima al sistema de justicia en México”. Dicho informe, con lo que concluyó la estancia del grupo de expertos en nuestro país tras la negativa del gobierno mexicano para ampliar su estadía, muestra a la Procuraduría General de la República (PGR) “en una situación bien crítica porque, por un lado, no ha podido determinar cuál fue el destino de los estudiantes”. Murguía Gutiérrez reconoció que tras este caso, la relación entre el Gobierno federal y los familiares de los normalistas, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, se encuentran tensas. “En parte por los ataques que estuvieron recibiendo los diversos integrantes de este grupo, tanto en su vida profesional como personal, además de agresiones y filtraciones que vivieron”. Durante el mes de abril, a una semana de que se presentaran las últimas observaciones del Grupo Interdisciplinario, se difundió a los medios de comunicación una conversación donde Vidulfo Rosales, abogado y uno de los voceros de los padres normalistas, presuntamente calificaba de forma despectiva a los miembros que él representa, y aunque rechazó dichas declaraciones calificó dicha filtración como una estrategia para dividir al grupo. Murguía consideró al GIEI como un canal de cercanía con los padres de familia y las organizaciones de Derechos Humanos, en las cuales ellos “obtuvieron información importante que los padres de familia no tenían la confianza de dar a las autoridades”. Asimismo, la titular de la Comisión cuestionó que en el expediente de la PGR “no se reporte la aparición de Tomás Zerón con una persona, sujeta a proceso, y que, desde luego, no asistió con su abogado. Es algo verdaderamente grave que cuestiona el proceso legal”. El pasado 27 de abril y ante la videograbación presentada por el GIEI, donde se ve al titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en el Río de San Juan un día antes de que se encontraran los restos de Alexander Mora, Zerón de Lucio declaró que dicha grabación era errónea debido a que registraba “horas equivocadas”. Incertidumbre Murguía Gutiérrez informó a La Nación que los trabajos para el análisis del informe final del GIEI continúan, por lo que se reúnen al menos una vez al mes. La Comisión Permanente, conformada por Senadores y Diputados, continúa laborando, apuntó. “El cuestionamiento que venía haciendo el GIEI y parte de los Diputados de la Comisión es que únicamente se involucraba a presuntos autores materiales y no a quienes pueden ser autores intelectuales”. Denunció que los diputados del PRI y “sus aliados” poseen una mayoría en dicha Comisión, lo que, de acuerdo a ella, frena los acuerdos y las conclusiones. “Uno de los objetivos a destacar es el obtener una conclusión aceptada entre todos sus miembros”. Cabe señalar que tras la conformación de la Comisión -8 de octubre de 2014-, los primeros integrantes, liderada en ese momento por Guillermo Anaya, llamaron a “no politizar el tema y conducirse con profesionalismo y ética, dado que la investigación no es un asunto menor y los trabajos que desarrolle la Comisión estarán siendo observados por la opinión pública nacional”. La legisladora de Acción Nacional dijo desconocer cuál será el destino de la Comisión, ya que se conformó para dar seguimiento a las investigaciones del GIEI en nuestro país. “Y si el GIEI ya se retiró, se puede considerar que se ha agotado la materia de la Comisión”. ¿Será Ayotzinapa a Enrique Peña Nieto lo que el 2 de octubre a Gustavo Díaz Ordaz? se le cuestiona. “Yo creo que sí. Es un asunto tan grave y que excede el ámbito nacional, y donde la PGR tiene una enorme responsabilidad, tanto jurídica, histórica y hasta políticamente”. De no lograrse una respuesta será una asignatura pendiente de este gobierno que será cuestionado en los próximos años”, finalizó.