Indiferencia y opacidad a un año de la tragedia

Redacción. Indiferencia, opacidad en la entrega de la ayuda que supuestamente iba a entregar el Gobierno federal y el de la Ciudad de México a los damnificados, familias enteras que habitan en campamentos improvisados o con familiares que les dan asilo, y un largo año de luchar contra la burocracia, son algunas de las circunstancias que aún viven la mayor parte de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 2017, denominado 19-S. En el primer aniversario de una de las mayores tragedias que ha sufrido el pueblo de México, la gran pregunta que se hacen hoy día, no sólo las víctimas del temblor sino también los ciudadanos, es ¿dónde están los recursos que millones de mexicanos y naciones hermanas donaron a nuestro país para resarcir los daños causados por este fenómeno natural. Cabe recordar que la tarde del martes 19 de septiembre de 2017, siendo las 13 horas con 14 minutos un sismo de intensidad 7.1 con epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y Morelos, dejó, según cifras oficiales, 369 víctimas mortales, de las cuales 228 perecieron en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. A las víctimas mortales se sumaron los cuantiosos daños materiales que dejó el terremoto, pues se derrumbaron edificios públicos como escuelas y hospitales, oficinas particulares y miles de viviendas. En particular, la Ciudad de México vio derruirse por la fuerza del temblor a edificios nuevos, cuyos departamentos se vendían como autosustentables, además de casas antiquísimas ubicadas en las colonias Roma, Del Valle y Narvarte, entre otras. Como respuesta a la ineficacia de las autoridades federales y capitalinas, las víctimas del temblor se agruparon en organizaciones civiles como la denominada Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, la cual busca agilizar y transparentar la ayuda económica o la reconstrucción de sus casas, según sea el caso, a la brevedad posible, pero basadas estas acciones en peritajes serios y profesionales que garanticen la seguridad futura de todas estas familias. “A un año del sismo la reconstrucción de las viviendas no ha empezado y los pocos lugares en que se avanzó fue en los que se puso recurso privado, pero la mayoría de los damnificados no tenemos aún una solución”, denunció la representante de esta asociación, Vania Salgado. Asimismo, en el marco de la 5ª Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, realizada el lunes 17 de septiembre, un grupo de damnificados lamentó que a un año del terremoto no haya un censo definitivo de afectados y de inmuebles dañados en la capital del país; exigieron también que se garantice la continuidad de los apoyos durante la próxima administración de Claudia Sheinbaum. Ayuda “canjeable” El caso de las entidades del interior de la República afectadas es muy particular, pues al ser zonas con un alto índice de marginación la ayuda para la reconstrucción de las viviendas afectadas se convirtió en un botín político por parte de partidos como el PRI, MORENA o el PVEM. De esta forma, la ayuda estuvo condicionada a que los damnificados los favorecieran con su voto en los pasados comicios electorales del pasado 1 de julio. Aunado a lo anterior, está también el engaño por parte del Gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, que se burló de las víctimas con la entrega de tarjetas Bansefi, las cuales en el mejor de los casos tenían aproximadamente 15 mil pesos de los 80 mil prometidos, sin embargo, hubo infinidad de casos en los que las tarjetas no tenían ni un solo peso. “El censo de daños tiene el registro de más de 169 mil viviendas afectadas (59 mil con daño total y casi 110 mil con daños parciales). Hasta septiembre de 2018, más de 166 mil titulares (98%) de estas viviendas han recibido el apoyo correspondiente a través de las tarjetas Bansefi”, presumió falsamente el Gobierno federal al presentar su informe sobre la reconstrucción a un año de los sismos de septiembre. De acuerdo con este informe los estados que han recibido la supuesta ayuda son: Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México. Una mentira más es el dato ofrecido por el Ejecutivo federal con respecto a la reconstrucción de monumentos históricos y zonas arqueológicas, pues de acuerdo con sus datos y “en cumplimiento con el plan de reconstrucción 2017-2020” para este periodo se habrán restaurado 41 zonas arqueológicas y 500 monumentos artísticos e históricos. Sin embargo, al día de hoy, en particular en el estado de Puebla, los empresarios encargados de la reconstrucción de monumentos históricos como el templo de San Agustín de Chiautla de Tapia están a punto de cancelar los trabajos ante la falta de apoyo y recursos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de Diego Prieto Hernández. Los restauradores señalan que sus propias empresas han absorbido los gastos de reparación, pero que los gastos son insostenibles para sus empresas, por lo que mucho de los trabajos están ya cancelados o a un paso de estarlo.