Inconformidad con el desarrollo del caso Ayotzinapa

Por Juan Pablo Castillo. El pasado 26 de septiembre, México recibió la triste noticia sobre el ataque y  el secuestro de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en el municipio de Iguala. Casi dos meses después de este trágico suceso no se sabe el paradero de los jóvenes, ni si aún están con vida. Los guerrerenses, en especial los padres de los normalistas desaparecidos, se mostraron inconformes con la falta de acciones por parte del gobierno estatal y federal. Su nivel de inconformidad llegó a desacreditar los informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta que aparezcan sus hijos vivos. Algunas acciones que han realizado, a los cuales se sumó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), fueron la quema del Palacio de Gobierno, el Congreso local y las presidencias municipales de Chilpancingo e Iguala; también hicieron marchas en Guerrero y en varios puntos de la República Mexicana, incluyendo el Distrito Federal. El 5 noviembre se llevó a cabo una mega marcha (tercera que organizan), cuyo objetivo fue ejercer más “presión social”  para resolver el caso. Durante la marcha, los padres acusaron al Gobierno federal de buscar “cerrar el caso”, anunciando que los normalistas ya murieron. “De manera descarada pretenden cerrar el caso de Ayotzinapa con una conferencia de prensa (6 de noviembre), en donde van a anunciar que los normalistas están muertos. Para nosotros están vivos nuestros hijos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos” señaló un padre de los normalistas. Las reacciones de apoyo por parte de la ciudadanía no se hicieron esperar, al avanzar la marcha se escucharon gritos de “no están solos”. Jóvenes de universidades públicas y privadas también realizaron un paro de actividades. El caso Ayotzinapa no sólo se ha centrado en el Distrito Federal y en Guerrero, también ha habido protestas en varias capitales del mundo como Buenos Aires, Argentina; Madrid, España; Ámsterdam, Holanda, y Londres, Inglaterra. Universidades de Estados Unidos como Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston University, Berklee College of Music y Tufts University se unieron a las protestas mexicanas. La Organización de las Naciones Unidas llamó al gobierno mexicano a llevar a cabo una investigación profunda para esclarecer los hechos y que no queden impunes. Resultados que nadie cree La PGR y la PGJE de Guerrero han manejado informes de varias índoles, como la localización de fosas en los municipios de Iguala y Cocula; la captura de integrantes del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”; la detención de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda (4 de noviembre) y la solicitud de licencia de Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero. Ambas Procuradurías, según lo aseguraron sus respectivos representantes, han trabajado hasta las últimas instancias para dar con el paradero de los jóvenes, aunque los padres de familia no les creen. Prueba de ello fue la conferencia del 7 de noviembre, en la que Jesús Murilo Karam, Procurador General de la República, dio un informe sobre el progreso de las investigaciones que se han realizado hasta esa fecha. El Procurador mostró videos en donde se recrearon los eventos de la balacera en Iguala y la incineración de los normalistas en una barranca que se encuentra entre Iguala y Cocula. En los videos se pueden ver a supuestos integrantes del grupo “Guerreros Unidos” que la PGR capturó, relataron la balacera y la captura de los estudiantes el 26 de septiembre, así como la incineración de los mismos. Agregó que se encontraron restos calcinados en la barranca mencionada, pero no se sabe si pertenecen a los jóvenes debido a su mal estado. Informó que se enviarán estas muestras a un laboratorio en Austria, que se especializa en el reconocimiento de ADN de este tipo de residuos. La conferencia de prensa terminó y la reacción de los padres no se hizo esperar: declararon que Murillo Karam no dijo nada, que esperarán los resultados de un equipo de forenses de Argentina que ellos contrataron, puesto que no le creen al Procurador ni a la PGR, y que su lucha no terminará hasta que regresen sus hijos con vida. Durante este mensaje, un padre de familia relató el encuentro que tuvieron con Enrique Peña Nieto (29 de octubre), en donde se instalaría una comisión que le daría seguimiento al Caso Ayotzinapa. “Ya pasaron dos semanas y Peña Nieto no ha hecho nada, no hay tal comisión y lo que nos acaba de presentar Murillo Karam no fueron más que puras mentiras con el fin de reducir el impacto que ha sufrido el Presidente de la República, para que pudiera irse de viaje a una gira internacional”. El informe “vacío” de Jesús Murillo Karam sólo causó más enojo entre los guerrerenses y la ciudadanía en general, por lo que se reactivaron las marchas en Guerrero y en el Distrito Federal, donde se incendió una puerta del Palacio Nacional (8 de noviembre). Después del ataque a la sede estatal del PAN, Ricardo Anaya Cortés, Presidente Nacional del PAN, expresó que Acción Nacional se solidariza con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, cuyo dolor debe ser respetado por todos. “Tras los terribles indicios y testimonios recabados en la investigación que han sido dados a conocer, es necesario que el Estado y la sociedad procuren apoyar a los familiares de los jóvenes con respeto y solidaridad. Compartimos la profunda indignación de la sociedad por esta tragedia”. Exigió al Gobierno federal a trabajar sin descanso para resolver este crimen, ya que su tarea sólo se concluirá cuando se presente ante la justicia a los responsables de tan terribles hechos. “Que nunca más se vea en México un episodio de dolor como el ocurrido en Iguala. El país está indignado y embargado por la tristeza, este hecho deja marcada nuestra historia con una profunda herida”, resaltó. Reacción de Human Rights Watch ante el Caso Ayotzinapa José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo que la situación de los derechos humanos en México es crítica. Crímenes, como la desaparición de 43 estudiantes tras ataques de policías de Iguala, Guerrero, lo confirman. “La regla en México es la impunidad y el caso Iguala es de gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra México en materia de derechos humanos”, remarcó Vivanco. Asimismo, lamentó que la PGR asumiera las investigaciones nueve días después de que los jóvenes desaparecieran en ataques de la policía el 26 de septiembre y que aún no haya podido dar con su paradero. “La desconfianza de los mexicanos hacia las investigaciones de las autoridades es perfectamente explicable. Human Rights Watch estará pendiente de la opinión que den los forenses argentinos independientes que trabajan en el caso sobre las conclusiones del gobierno”.