En las próximas elecciones habrá más mujeres candidatas

Por María Elena Álvarez de Vicencio. En las elecciones de 2018, cuando aparezcan las listas de las candidaturas para diputaciones, senadurías y presidencias municipales, veremos que la mitad son hombres y la mitad mujeres, y esto no será una casualidad, por ley las candidaturas tienen que ser así. No hace mucho tiempo que las mujeres no eran consideradas ciudadanas plenas, pues no tenían derecho a votar y menos a ser votadas. Fue hasta 1955 cuando se les reconocieron estos derechos en nuestra Constitución. Unos años antes, algunas entidades federativas los habían reconocido para las elecciones de los gobiernos municipales. El que la ley asegurara que las mujeres podían ser candidatas, no logró que las mujeres lo fueran. Gran parte de la sociedad, incluidas muchas mujeres, estaban en contra de este ordenamiento, porque consideraban que su participación en la vida política del país las alejaría del cumplimiento de sus responsabilidades como esposas y madres, y que descuidarían las tareas del hogar que a ellas les correspondían. A pesar de estas objeciones, hubo mujeres interesadas en competir para ser diputadas, senadoras y presidentas municipales, pero sucedió que los miembros de los partidos, que son quienes eligen las candidaturas, no proponían a las mujeres. Ante esta realidad, el Instituto Federal Electoral (ahora INE), órgano encargado de organizar los procesos electorales, en 1993, recomendó a los partidos políticos que incluyeran mujeres en sus candidaturas, pero su recomendación no fue atendida. En 1996, el IFE estableció en su Código: “Los Partidos Políticos Nacionales considerarán en sus Estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70% de un mismo género. Así mismo promoverán la mayor participación política de las mujeres”. Esto tampoco dio resultado, los varones no querían perder sus cargos para cedérselos a las mujeres. En 2002, al ver que las recomendaciones no surtían efecto, el IFE lo puso como obligatorio en su Código. El artículo 175 señalaba que: al partido que no propusiera el 30% de candidaturas femeninas, no se le registraría ningún candidato y que las listas de representación proporcional se integrarían por segmentos de tres y en cada uno de los tres primeros segmentos, habría una mujer. Con este ordenamiento se lograría que ganaran algunas mujeres. Pero también se encontró la manera de incumplir el mandato; una vez que la diputada fuera electa, pediría licencia y ocuparía su curul el suplente varón. Para evitar esta situación, el Código estableció que las mujeres candidatas llevaran suplente mujer. Como una resistencia más, los partidos aprobaron que si las candidaturas de mayoría relativa eran el resultado de un proceso de elección, mediante voto directo, no habría la obligación de que el 30 por ciento fueran mujeres. Finalmente, fue hasta el 4 de diciembre de 2014, por iniciativa presidencial, que se reformó el Art. 41 de la Constitución, en el cual se estableció la paridad para las candidaturas de diputaciones federales y locales, es decir mitad de hombres y de mujeres, y en 2015 el Tribunal Electoral del Poder Judicial aprobó el proyecto de sentencia que obligó a los partidos políticos a aplicar la paridad de género, también en las planillas de presidencias municipales y sindicaturas. Este fue el largo camino que se recorrió para que en todas las candidaturas haya mitad de mujeres y de hombres. Ahora la lucha que tienen las mujeres es lograr que no les toquen sólo los distritos y municipios que históricamente han sido difíciles de ganar para sus partidos. También falta lograr que a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la República y de las entidades federativas les llegue la paridad. Pero, ¿qué ha ganado o perdido la sociedad y la familia, y qué han obtenido las mujeres con su incursión en la vida política del país? Las mujeres han ganado ser reconocidas como ciudadanas plenas y se avanzó en el reconocimiento de la igualdad esencial ente mujeres y hombres. Una sociedad progresa cuando en sus relaciones humanas no hay ningún tipo de discriminación hacia ninguna persona, por ninguna causa o razón. Además, la política y los gobiernos se han enriquecido con el punto de vista femenino, en el estilo de gobernar, en la detección de necesidades, en las políticas públicas y en la administración pública en general. Las familias ya se han ido adaptando a los cambios ocurridos por la participación de las mujeres en el campo laboral, con su ingreso a la política la familia ganará en amor a su Patria, en comprensión y apoyo a los gobiernos. El buen ejemplo de la madre como servidora pública será de gran valor cívico para toda la familia. La igualdad esencial ente hombres y mujeres tendrá que ir acompañada con la equidad en el reparto de las responsabilidades familiares. Si las mujeres políticas requieren estar menos tiempo en el hogar, habrá que distribuir equitativamente las tareas entre todos los miembros de la familia, incluido el papá. Ya hay experiencias muy positivas al respecto. Con mujeres políticas, honestas y eficaces, ganará México y todas las familias mexicanas. María Elena Álvarez de Vicencio es Directora del Centro de Estudios para la Mujer Blanca Magrassi y Consejera Nacional del PAN.