El valor del voto
MA
Por Maricarmen Rizo
Por Javier Brown César.
Desde su fundación, el Partido Acción Nacional fue un impulsor decidido de la democracia, forma de vida y sistema de gobierno que puso en práctica en la Asamblea Constitutiva, que tuvo lugar del 14 al 17 de septiembre de 1939. En esa Asamblea, el diálogo crítico y propositivo, y la construcción de acuerdos con base en la fuerza de los mejores argumentos le dieron al Partido organización y doctrina.
En la XL Legislatura de la Cámara de Diputados Antonio L. Rodríguez, Miguel Ramírez Munguía, Aquiles Elorduy y Juan Gutiérrez Lascuráin propusieron el 7 de octubre de 1947 una iniciativa con la que se creaba el Registro Nacional Ciudadano.
La exposición de motivos fundamentaba así la necesidad de crear el nuevo organismo: “que de un modo permanente, por los medios técnicos adecuados con las debidas facilidades de clasificación y de tabulación, incluya en sus cuadros a todos los que tienen la capacidad y la responsabilidad de la ciudadanía y, con independencia de toda elección concreta, imparcialmente y con eficacia esté siempre en posibilidad de proporcionar las listas electorales, que son requisito indispensable para la emisión del voto”.
En esta iniciativa se propuso por vez primera la credencial para votar con fotografía como un documento de identidad ciudadana en el que se asentarían los siguiente datos: “nombre y apellidos paterno y materno, lugar y fecha de su nacimiento, domicilio, profesión u oficio, ocupación, estado civil, si sabe leer y escribir, si ha sido suspendido por sentencia en el ejercicio de sus derechos políticos, si tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, firma y, en su defecto huella digital y retrato”.
Durante décadas el PAN luchó para crear instituciones electorales imparciales, independientes del gobierno, técnicamente confiables, que hicieran valer los ideales democráticos, y de manera prioritaria, el principio elemental y fundamental de toda democracia: que el voto de cada persona valga.
Así, se fueron diseñando mecanismos e instrumentos que generaron una competencia libre entre partidos, de forma tal que ningún partido pudiera prevalecer sobre otros, haciendo uso de más recursos públicos u obteniendo más tiempos en medios de difusión. También se han diseñado instrumentos para monitorear campañas e impedir que la trampa y la astucia sean determinantes en las elecciones.
A pesar de que estas instituciones fueron construidas en los noventa y que hoy día se hacen valer los sufragios, todavía queda pendiente el reto más grande para nuestro sistema electoral: que cada quien vote a conciencia y en conciencia, y que el voto sea la expresión de una decisión razonada y libre.
La garantía del “simple pero inmenso acto de votar” del que habla Carlos Castillo López es uno de nuestros grandes retos. Simple, porque la casilla está a un paso de distancia y basta la voluntad para trasladarse a ella, como se hace cuando se va al mercado, porque basta también con presentarse con credencial para votar para recibir las boletas; inmenso, porque con él se decide el futuro de una nación. De ahí la gran responsabilidad de ejercer el derecho al voto y de ahí la gran irresponsabilidad que implica renunciar al mismo y delegar en otros las decisiones que deben ser nuestras.
Cuando las personas no creen en el valor del voto, cuando se dejan llevar de estereotipos comunes como “todos los partidos son iguales”, el sufragio deja de ser efectivo y entonces se devalúa. Esto puede conducir a la salida “fácil” que consiste en la anulación y el abstencionismo, los cuales no son alternativas viables en una democracia, porque con ello se delega la capacidad de decidir y se renuncia a ejercer un derecho fundamental.
La devaluación del voto produce un mecanismo de mercado muy común: la subasta. En la subasta, el sufragio se vende al mejor postor, y las campañas, en lugar de convertirse en un ejercicio en el que se confrontan las diversas opciones políticas para que el elector decida cuál es la mejor, devienen un mecanismo de oferta y demanda en el que gana quien es más capaz de “derramar” dinero.
La subasta de los votos significa la perversión del proceso democrático porque siempre gana el mejor postor, el que es capaz de pujar más, de ofrecer más dinero por cada voto. Las campañas se convierten así en un ejercicio mercantil que aniquila cualquier estrategia, por más sofisticada que sea. Para los expertos en mercadotecnia electoral, el mecanismo de subasta es un clavo más en la tumba que han cavado de forma sistemática al apostar el todo por el todo a campañas cuyo único fin es la manipulación del elector.
En un sistema en el que cada voto se razona, la mercadotecnia política agonizaría, porque los políticos ya no se podrían seguir vendiendo como si fueran productos, como si fueran jabones; desafortunadamente, los políticos que ganan elecciones, son los que invierten más dinero para comprar votos cautivos, los que son capaces de ofrecer el precio más alto por cada voto, y esto es la ruina de la democracia.
A pesar de que se han creado candados institucionales, los partidos han encontrado las formas de engañar al sistema: el dinero negro se introduce en las campañas a través de hábiles redes de especialistas, que son capaces de impedir que los medios tradicionales de monitoreo detecten de forma directa recursos que provienen de empresarios corruptos, que a la postre exigirán privilegios a las autoridades, y de la delincuencia organizada, que a cambio exigirá impunidad, derechos de piso y posiciones de poder.
La mercantilización del voto es una extensión aberrante del consumismo, ya que se basa en la ilusión que consiste en hacer creer a quienes carecen de lo más elemental, que pueden adquirir, en el corto plazo, bienes que parecían ser accesibles a quienes tienen ingresos más altos. Pero esta ilusión de elevarse en el estatus social es temporal, porque al término de cada elección la pobreza prevalece y el poco dinero obtenido a cambio del voto se esfuma como una nube, como un sueño, como un anhelo pasajero.
La auténtica libertad del sufragio implica, en el fondo, que en lugar de elegir a personalidades o caudillos, se elija entre programas alternativos de gobierno, entre apuestas de un futuro deseable, entre proyectos viables que den a la nación un porvenir posible.
Si queremos evitar la ruina de la democracia debemos valorizar cada sufragio, evitando que el dinero prevalezca como supremo principio ordenador de cada campaña. Debemos apostar porque el ejercicio inteligente y la voluntad decidida sean los que decidan los destinos de un país. La libertad de sufragio, como unión superior de la inteligencia y la voluntad, debe ser la que decida qué programa es el que debe gobernar. Sólo así nuestra democracia será sustentable y viable.