El primado del orden político

Por Javier Brown César. Una de las tesis más vigorosas y relevantes defendidas por Efraín González Luna es la del primado del orden político. El 15 de octubre de 1958 el eminente abogado jalisciense dictó una conferencia con motivo de la presentación de la Plataforma del PAN en Jalisco, en la que afirmó contundentemente que: “lo político es condicionante de lo social, lo político determina, dicta el sentido de la vida social toda: una buena política florece y fructifica en un auténtico orden social; una mala política, por el contrario, necesariamente tiene como efecto el desorden social y con él la miseria, la opresión, la humillación, el abandono, el dolor, todo lo que es amargo y sombrío, todo lo que es negativo e inhumano, todo lo que es pestilente y, en suma, malo, todo lo que nos envenena y nos corroe, todo lo que nos debilita y nos frustra”. La política es la suprema actividad ordenadora, de su recta conducción depende la prosperidad de la economía, el adecuado orden social, una cultura cívica vigorosa, un sistema educativo competitivo, y bienes y servicios púbicos suficientes y de calidad. Las ideas de González Luna son radicales, en el sentido de que apuntan a lo que es precisamente la raíz de nuestros males: la mala administración de los asuntos públicos y las decisiones políticas equivocadas que causan el desorden que prevalece en los tres órdenes de gobierno. La falacia economicista Durante siglos se ha considerado que la economía es el motor de las sociedades e incluso se ha defendido la concepción de un Estado mínimo que se dedique a ser un simple agente regulador, que pone las reglas del juego para que los diferentes actores económicos realicen transacciones libres en los diversos mercados de bienes y servicios. Este retraimiento de la actividad estatal a su mínima expresión, ha tenido como consecuencia visible la acumulación de riqueza en pocas manos a costa de la miseria de las mayorías, lo que implica que las ganancias se privatizan y los costos se socializan. La falacia economicista se combina con la idea igualmente falaz de que el sector privado es superior en sus intereses y dinámica al propio Estado, por lo que su actividad espontánea producirá por sí misma prosperidad económica y bienestar social. Hoy sabemos que esta última idea es errónea y que también en el sector privado se puede dar la corrupción rampante, la ineficiencia y la falta de innovación. El Estado no debe abandonar su papel de primera importancia como gran ordenador de las actividades de los entes privados individuales y colectivos. Tampoco debe renunciar a su labor de generar las reglas fundamentales del régimen, crear las instituciones básicas que promuevan el orden y la prosperidad, y proveer bienes y servicios en condiciones de equidad y con calidad. El juego arbitrario de las fuerzas del mercado no sujetas a reglas exigentes puede producir graves injusticias, llevar a la concentración de excesivo poder de decisión en pocas manos y a la conformación de monopolios antinaturales que elevan los precios de los satisfactores de forma arbitraria. Cuando el Estado renuncia a sus deberes naturales respecto al sistema económico y a los actores privados, las consecuencias previsibles son la crisis económica y el desorden social. El Estado es un actor económico fundamental, que cuando es omiso a la hora de tomar decisiones oportunas y relevantes se ve incapacitado para hacer frente a las crisis y los ciclos económicos. Cuando las crisis golpean a la sociedad, las aspiraciones y el futuro de millones de seres humanos se ven frustrados, cancelados y defraudados, y toda una generación e incluso varias generaciones padecen las consecuencias de la ineficacia estatal. El extremo de la incapacidad del Estado se da cuando las guerras fratricidas acaban con familias enteras, destruyen el patrimonio y la cultura nacionales, y enfrentan a padres con hijos y a hermanos entre sí. La guerra es la expresión más cruda de los errores de la autoridad y el reflejo de la incapacidad de los gobiernos para llegar a acuerdos que pongan en orden los asuntos públicos. La importancia de la autoridad En su sentido original la autoridad tiene la función de promover el desarrollo, de hacer crecer, de apoyar a quienes más lo necesitan para ayudarlos a salir del dolor evitable del que hablaba Manuel Gómez Morin, que es “el dolor que originan nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas”. Este dolor evitable es el que causan las malas políticas y las autoridades que en lugar de promover la prosperidad, la seguridad y el orden social, atienden a sus propios intereses y le dan la espalda a la ciudadanía. A nivel del proceso político es importante ponderar con sumo cuidado las decisiones de política pública, las cuales tienen consecuencias deseadas y consecuencias no deseadas. Estas decisiones se nutren de las demandas sociales e idealmente deben dar respuesta adecuada a ellas. El recto ejercicio de la autoridad implica la conciencia plena de que el servidor público de cualquier orden de gobierno y en todos los ámbitos de la administración pública se debe a la ciudadanía, por lo que está obligado a prestar un servicio eficiente, eficaz y que les ahorre tiempo y dinero a los usuarios y beneficiarios. Cuando la administración pública genera costos sociales, adicionales a los necesarios para mantener su funcionamiento, se convierte en un aparato obeso y se deslegitima. Con respecto al importante ejercicio de la autoridad, las prioridades que tiene un partido humanista como Acción Nacional son: qué autoridades se eligen para tomar las decisiones internas, qué autoridades se proponen para ocupar los cargos de elección popular y de designación, y cómo se controlan las decisiones que toman las autoridades. De la autoridad dependen decisiones de tal relevancia que sería frívolo e irresponsable no atender su recto ejercicio, ya que como bien lo decía Efraín González Luna: “La presencia y el recto ejercicio de la autoridad cimientan la vida social toda”. El pueblo como protagonista de su propia historia “Lo hemos dicho muchas veces y hay que repetirlo: en México, el Pueblo, el cuerpo político que los ciudadanos necesariamente integran es el “gran ausente” de la historia y de la vida política nacional”. Esto que afirmaba González Luna en 1958 sigue siendo hoy una realidad. Mientras que las personas no tengan la certeza de que sus proyectos de vida se pueden realizar en el presente y no sientan que la política es una oferta de libertad con responsabilidad social, seguiremos siendo víctimas de malas decisiones y no los actores fundamentales del proceso político. El pueblo, como comunidad de origen, con una memoria común, con instituciones comunes y antepasados comunes, ha sufrido en el pasado las consecuencias de un régimen incapaz de ser la expresión de sus más entrañables anhelos y esperanzas, y sufre hoy las consecuencias de las decisiones equivocadas que se toman desde los ámbitos de poder. Los políticos debemos ser los representantes excelsos de los ideales de cada persona y llevar con dignidad la alta encomienda de garantizarles un futuro mejor. Hoy sigue siendo válido y plenamente vigente el reto que González Luna señaló en su conferencia sobre el primado del orden político: “La primera necesidad, la primera exigencia de la sociedad humana es la de la coordinación: que todos los hombres, sin mengua de su libertad racional, concurran a la realización del Bien Común… La exigencia básica de la sociedad, aquello sin lo cual no puede ser siquiera concebida o pensada, es la existencia de un principio de unificación y de coordinación, de un principio que refrene los apetitos de todos, que contenga la libertad de todos dentro del límite justo, que haga accesible la suma de las posibilidades que todos necesitamos, que haga posible, en una palabra, el Bien Común en beneficio de todos. Este principio unificador, coordinador, sin el cual la sociedad no puede existir, es la autoridad, indispensable para todos los aspectos de la vida social”.