Editorial
Por Redacción
No es casualidad que, en el mes más patrio, en donde en México conmemoramos la lucha por la libertad e Independencia, escuchemos las voces de diversos personajes que desde dentro y fuera del país alertan sobre los riesgos en los que se encuentra la democracia y los embates que acechan a la libertad por parte de un estado cada vez más autoritario.
En esta edición de septiembre recogemos los potentes mensajes expresados en la cuarta edición del Foro América Libre: Unidos por la Democracia, realizado por la Organización Demócrata Cristiana de América, que orgullosamente preside Mariana Gómez del Campo.
El presidente Felipe Calderón por ejemplo habló de democracia, de instituciones y de un fenómeno que hemos visto avanzar en distintos países: gobiernos que llegan al poder mediante elecciones y, una vez instalados, comienzan a debilitar aquello que hace posible una democracia. Los contrapesos empiezan a estorbarles, la crítica les incomoda, los jueces independientes se vuelven adversarios y los órganos electorales dejan de ser árbitros para convertirse en instituciones que quieren controlar. Mientras él hablaba de eso, afuera había quienes con violencia pretendían impedir que hablara.
En el Foro América Libre participaron dirigentes políticos, organizaciones, académicos y representantes de más de veinte países. Escuchamos voces provenientes de lugares donde la democracia ha sufrido retrocesos mucho más profundos y testimonios de personas que han conocido la persecución política.
En este marco de persecución a quienes piensan distinto, entrevistamos a Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel, una mujer cuya vida cambió de golpe y que tuvo que enfrentarse a una situación que nunca imaginó. Cuando una familia ve cómo detienen a uno de los suyos, cuando aparecen acusaciones públicas antes de que un tribunal determine responsabilidades y desde el poder se construye prácticamente una sentencia mediática, la discusión deja de ser únicamente política. Estamos hablando del derecho de cualquier persona a defenderse y a ser juzgada conforme a la ley. En Acción Nacional hemos exigido que el caso de Ernesto Ruffo se conduzca estrictamente por la vía jurídica. No estamos pidiendo privilegios para nadie, estamos exigiendo algo elemental en cualquier democracia: legalidad y debido proceso.
Cabe señalar que Ernesto Ruffo representa una parte importante de nuestra historia. Fue el primer gobernador de oposición en México y su triunfo en Baja California, en 1989, ayudó a abrir una puerta que durante décadas parecía cerrada: la posibilidad real de la alternancia.
Después de escuchar a Felipe Calderón, a Verónica Ruffo y a tantas voces reunidas en el Foro América Libre, regresamos a una idea que Acción Nacional conoce desde hace muchas décadas: ninguna institución democrática se mantiene viva solamente porque esté escrita en una ley. Necesita ciudadanos que participen, partidos que entiendan su responsabilidad y personas dispuestas a defender sus libertades incluso cuando resulte incómodo hacerlo. México tardó muchos años en construir una democracia con alternancia, contrapesos y competencia política. Tenemos diferencias profundas sobre el rumbo del país y precisamente para eso existe la democracia: para discutirlas, contrastarlas y resolverlas mediante el voto y dentro de la ley. Esa es la libertad que hemos defendido durante generaciones y es la que vamos a seguir defendiendo.
El gobierno puede criticarnos y la presidenta puede dedicar tiempo de su conferencia a descalificar a un ex presidente o a cualquier dirigente de oposición. Forma parte de la discusión pública. Nosotros tenemos exactamente el mismo derecho de señalar cuando consideramos que el poder está cruzando límites, cuando vemos intentos de censura, debilitamiento institucional o señales de que la justicia puede utilizarse políticamente. También levantaremos la voz cuando el crimen organizado pretenda decidir sobre elecciones, gobiernos o comunidades, porque defender la democracia implica defender el Estado de derecho y evitar que cualquier poder, legal o criminal, termine sustituyendo a las instituciones.