Editorial

México enfrenta una crisis donde la libertad y los derechos obtenidos se ven amenazados y que obligan a dejar de lado los discursos cómodos y hablar con absoluta claridad. Lo que estamos presenciando es un patrón cada vez más evidente: un gobierno que utiliza las instituciones para perseguir a quienes considera adversarios, mientras guarda un silencio absoluto cuando los señalamientos apuntan hacia los suyos.

Existen gobernadores de Morena que enfrentan investigaciones provenientes de autoridades estadunidenses, medios internacionales y distintas instancias de investigación. Sin embargo, desde el gobierno federal no escuchamos la misma contundencia, no vemos el mismo entusiasmo para investigar ni la misma velocidad para actuar.

La justicia dejó de ser pareja y comenzó a tener colores. En esta edición, profundizamos en el caso del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel como un ejemplo que merece toda la atención del país. No porque alguien deba estar por encima de la ley. En Acción Nacional nunca hemos defendido privilegios personales ni inmunidades políticas. Si alguien cometió un delito debe responder ante la justicia. Siempre lo hemos dicho y siempre lo sostendremos. Lo que no podemos aceptar es que las instituciones sean utilizadas de manera selectiva.

Abordamos también las revelaciones contenidas en el libro del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Algunos han querido descalificar sus afirmaciones únicamente porque resultan incómodas para el oficialismo. Pero descalificar al mensajero nunca resuelve el problema de fondo.

Las memorias de quien fue el principal representante diplomático de nuestro principal socio comercial describen un panorama profundamente preocupante. Hablan de la penetración del crimen organizado en las instituciones, cuestionan abiertamente la estrategia de “abrazos, no balazos” y advierten que la corrupción debilitó la cooperación bilateral en materia de seguridad. Son reflexiones de alguien que tuvo acceso directo a las conversaciones entre ambos gobiernos durante varios años.

Otro caso que ilustra esta realidad es el del llamado huachicol fiscal. Otro de los temas que abordamos en esta entrega. Durante años se habló del robo de combustible como uno de los grandes negocios de la delincuencia organizada. Hoy sabemos que el problema es mucho más profundo. Diversas investigaciones estiman que las pérdidas para las finanzas públicas alcanzaron cifras cercanas a los 600 mil millones de pesos. Estamos hablando de recursos suficientes para construir hospitales, escuelas, carreteras o fortalecer el sistema de salud que tanto necesitan millones de mexicanos.

En esta edición presentamos en exclusiva entrevistas con el primer titular de Hacienda emanado del PAN, Ernesto Cordero, y con el ex subsecretario de Energía, Francisco Barnés, quienes coinciden en señalar que el robo de combustible en México cuenta con la participación de las autoridades y funcionarios de Pemex.

Ambos ex funcionarios federales sostienen que la mayor sospecha en el tema del huachicol fiscal es el por qué las autoridades mexicanas no han actuado cuando hay testimonios, evidencias e investigaciones periodísticas que sugieren de manera contundente quiénes son los responsables de esto.

Testimonios rendidos ante autoridades estadunidenses mencionan presuntos vínculos con personajes de primer nivel del movimiento gobernante, entre ellos el hoy senador Adán Augusto López.

Desde Acción Nacional seguiremos señalando aquello que consideremos incorrecto, venga de quien venga. No lo hacemos por cálculo político. Lo hacemos porque millones de mexicanos merecen vivir en un país donde la ley no dependa del apellido, del cargo o del partido político.

Nuestro compromiso no consiste únicamente en denunciar. También consiste en construir una alternativa distinta. Una alternativa donde combatir la corrupción no sea un discurso de campaña, sino una política permanente, en donde la seguridad vuelva a ser una prioridad del Estado y donde las instituciones recuperen la independencia que nunca debieron perder.