Deuda pública sin rendición de cuentas: puerta abierta a la impunidad

Por Minerva Hernández Ramos. Sin duda alguna, las leyes de transparencia impulsadas en los gobiernos panistas han permitido a los mexicanos saber más sobre cómo se ejercen los recursos públicos, sin embargo, también es cierto que al no acompañar la transparencia de controles efectivos anticorrupción, la sensación de impunidad ha aumentado. Prueba de ello son los escándalos que han envuelto a Humberto Moreira a raíz del endeudamiento de Coahuila, pues como bien lo señaló Juan Pardinas en su artículo “Misión incumplida”, las ambiciones de los políticos profesionales se administran a través de la complicidad, la transa y la ausencia de castigo. Y efectivamente, uno de los temas que ha cobrado mayor relevancia en la agenda política es la deuda pública de las entidades y municipios, al evidenciarse un problema sistémico de las finanzas públicas locales: la adquisición de compromisos de pago que ampliamente superan sus fuentes de ingreso. Así lo demuestra el Informe de los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, correspondiente al tercer trimestre de 2015 y elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda: 99.6 por ciento de la deuda contratada se respaldó con participaciones federales (Ramo 28); un 0.2 con aportaciones federales (Ramo 33) y el restante 0.2 con ingresos propios de la entidad. Hasta el 30 de septiembre de 2015, el saldo insoluto de la deuda de las entidades federativas y municipios, en su conjunto, fue de 452 mil 727 millones de pesos; este monto, al ser comparado con el gasto público federal representa el 83 por ciento del presupuesto que ejercerá el IMSS en el 2016 y sobrepasa en 49 al gasto programable para educación pública en 2016. El incremento irresponsable de la deuda pública subnacional nos obligó a aprobar, en la Cámara de Diputados, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, con el fin de establecer los criterios de responsabilidad hacendaria para evitar que el gasto público crezca por encima de los ingresos que se obtengan. Para lograr este fin, la Ley cuenta con cinco ejes: I) Reglas de disciplina financiera para promover el sano desarrollo de las finanzas públicas; II) Un sistema de alertas para la detección oportuna del riesgo en la adquisición de más deuda; III) La contratación de financiamientos bajo principios de transparencia y eficiencia, y destinando los recursos a inversión pública; IV) La deuda estatal garantizada con el aval de la Federación, y V) Un registro público único para inscribir y transparentar la totalidad de las deudas de los gobiernos locales. La ratificación de esta nueva Ley forma parte de la agenda prioritaria de los legisladores de Acción Nacional y una vez que se apruebe en el Senado, estaremos en condiciones de instalar la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera, que será la encargada de analizar y observar la estrategia de ajuste en las entidades con niveles elevados de deuda. Estas medidas legales, sin embargo, son sólo una parte de la ecuación que se requiere para reducir la impunidad que prevalece en el abuso de los recursos públicos en beneficio de los gobernantes. De nada sirve saber que un gobernante endeudó en exceso a su entidad o a su municipio y que aplicó indebidamente los fondos y recursos federales, si no posible reprocharle su responsabilidad jurídica. Se entiende, entonces, que el control efectivo de la corrupción requiere necesariamente de un sistema de rendición de cuentas. Este problema de rendición de cuentas es más grave cuando se trata de los estados y municipios, ya que en muchas entidades persisten las resistencias a cumplir con las normas básicas de contabilidad gubernamental, a pesar de que desde 2008 se aprobó la Ley General en la materia, que vislumbraba la armonización contable como una herramienta para aumentar la transparencia presupuestaria, de tal modo que el reconocimiento de los diferentes momentos contables fuera registrado por los entes públicos conforme a una misma técnica y que esa información contable pudiera ser difundida a través de internet. Retomando la idea central, ¿cuál es el vínculo de la deuda pública con la transparencia y la rendición de cuentas? Diego Díaz, del IMCO, lo resume así: conocer cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público es esencial para garantizar la correcta asignación de los recursos, al permitir a la ciudadanía el escrutinio de las prioridades a las que se destinan los mismos. En el caso de la deuda pública, ésta es una de las áreas más opacas, pues el 79 por ciento de los municipios no hace pública la información al respecto, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Municipal 2015. Hace 15 años, con la llegada de la alternancia a la Presidencia de la República, se lograron grandes avances en el tema de transparencia y acceso a la información, pero hoy el paradigma ha cambiado y los temas que antes nos permitían transitar hacia mejores prácticas gubernamentales ya están superados. El contexto de impunidad en que vivimos ha desgastado la voluntad ciudadana de participar en los procesos democráticos, abonando a su indiferencia en la renovación de los órganos de gobierno. Para frenar esta indiferencia social se requiere de la participación de los distintos órdenes de gobierno y de acciones sencillas: el control de la corrupción requiere de una constante vigilancia y de rendición de cuentas efectiva, de incidir en el comportamiento de los actores públicos a través de sanciones o incentivos y, para contribuir a la rendición de cuentas, primero hay que llevar bien las cuentas. Desde el Congreso de la Unión seguiremos caminando en ese sentido.   Minerva Hernández Ramos es Diputada Federal por el Estado de México. Twitter: @MinervaHdezMX