Deuda limita solvencia financiera de Chihuahua por los próximos 20 años
MA
Por Maricarmen Rizo
Mario Vázquez Robles.
El gobierno de Chihuahua ya superó por mucho el exorbitante endeudamiento que registró el gobierno de Coahuila, pues datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisan que los compromisos financieros del Ejecutivo Estatal superan el monto de los 47 mil millones de pesos.
Cifras que fueron proporcionadas por la dependencia federal, al tercer trimestre de 2014, sitúan la deuda de Chihuahua en 47 mil 770 millones de pesos, lo que la ubica en tercer lugar de la lista de estados más endeudados en el país, apenas abajo del Distrito Federal con 60 mil 427 millones de pesos y de Nuevo León con 58 mil millones de pesos.
El asunto es que dichas demarcaciones cuentan con más población y un flujo financiero mucho mayor, lo que coloca a nuestra entidad como el estado más endeudado del país por cada habitante. Si la deuda del gobierno estatal se distribuyera en cada uno de los chihuahuenses, les correspondería pagar poco menos de 13 mil pesos, incluyendo niños y adultos mayores.
Cabe señalar que durante el 2014, el gobierno de César Duarte incrementó sus pasivos en 6 mil 241 millones de pesos. Sin embargo y a pesar de los indicadores que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mandatario estatal insiste en engañar a los chihuahuenses con el manejo de las cifras de la deuda estatal, pues ha utilizado a los medios de comunicación para minimizar las obligaciones financieras del estado, desestimando el fideicomiso carretero y lo que ha comprometido del impuesto sobre nóminas como si no fuera deuda, cuando en realidad esos recursos que se podrían haber invertido en mejores servicios y obras ahora se dejan de percibir porque el estado se los gastó por adelantado.
Es innegable que Duarte vendió a inversionistas de la bolsa los ingresos que Chihuahua iba a percibir los próximos 15 años por el uso de las carreteras, con un costo financiero que supera los mil 857 millones de pesos. Históricamente, el estado jamás se había visto tan gravemente comprometido en sus finanzas públicas y lo peor de todo es que, en obras y servicios, los chihuahuenses no vemos reflejada la inversión, es decir, nadie sabe cuál ha sido el destino de la gran mayoría de los recursos obtenidos mediante endeudamiento.
Debo aclarar que desde la perspectiva de Acción Nacional, el endeudamiento del gobierno es positivo y constructivo cuando los recursos adquiridos se destinan efectivamente para inversiones públicas productivas de carácter económico o social, siempre que produzcan, de manera directa o indirecta, un incremento de sus ingresos.
En el caso del gobierno de Duarte no es así, pues muy pocos saben en dónde han quedado los millonarios recursos adquiridos mediante el endeudamiento; por eso, en muy breve tiempo, Acción Nacional exigirá que el Congreso revise a fondo el monto real del endeudamiento del estado y, mucho más allá, investigue minuciosamente en dónde han quedado los miles de millones de pesos que el gobierno ha adquirido para corroborar que hayan generado un incremento de sus ingresos.
Frente a este exorbitante endeudamiento de las finanzas estatales que limitan la solvencia financiera de Chihuahua por los próximos 20 años, los chihuahuenses hemos reaccionado con un reclamo que ya se extiende al escrutinio de las finanzas personales del gobernador, pues mientras la deuda estatal creció durante lo que lleva de su mandato casi un 300 por ciento, el gobernador de Chihuahua fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por un grupo de ciudadanos que lo acusan de enriquecimiento ilícito.
César Duarte Jáquez enfrenta ahora a un amplio movimiento ciudadano que lo señala como inversionista, junto con su esposa Bertha Gómez, en la formación de un banco denominado Unión Progreso, con una cifra de 65 millones de pesos y cuyo origen parece proceder de las finanzas públicas, muestra de lo que podría ser sólo la punta de un gigantesco iceberg de corrupción.
Hemos denunciado públicamente la enorme corrupción que corroe al gobierno estatal y la profunda opacidad en la administración y desarrollo de las obras más importantes que realiza en el estado. Para ejemplificar, describo cinco acciones de gobierno que evidentemente son nicho de graves actos de corrupción:
- La primera se refiere al aeropuerto de Creel, municipio de la zona serrana en donde el manejo del costo financiero ha sido seriamente cuestionado, pues mientras que el gobierno del estado aseguró que costaría sólo 500 millones de pesos, las cifras que el gobierno federal tiene considerado invertir en la misma obra suman más de mil millones de pesos.
- El segundo caso se refiere a la construcción de la denominada Ciudad Judicial en la capital del estado, pues mientras que el gobierno local solicitó un crédito financiero de 2 mil 500 millones de pesos para su realización, las autoridades estatales señalaron que el proyecto solo costará mil 200 millones de pesos. A la fecha, la obra lleva un importante avance en su realización y los montos utilizados permanecen todavía ocultos.
- Otro caso preocupante es el de la construcción del Teleférico en la zona sur de la sierra Tarahumara, pues a pesar de que el sitio de la obra permanece sin alguna modificación, el gobernador aseguró durante su cuarto informe de gobierno que ya se iba a iniciar una segunda etapa, cuyo costo ascenderá a 119 millones 800 mil pesos. Es preciso destacar que todavía no inicia la obra y ya el gobernador anunció una segunda inversión millonaria, lo que resulta absurdo.
- Dos casos más que el PAN ha denunciado públicamente sobre actos de gobierno evidentemente manchados de corrupción, se refieren a la licitación de placas para vehículos automotores, licitación que un juez federal ordenó suspender por haber encontrado evidencias de favoritismo, y el denominado Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez, cuya inversión total está estimada en 2 mil 200 millones de pesos y a dos años de autorizada sólo se han invertido poco más de 452 millones de pesos.