Desincentivan “apoyos” de la 4T asistencia de jóvenes a la escuela

Los apoyos “Benito Juárez” desincentivaron en 12 puntos porcentuales la matriculación de los mexicanos en edad de estudiar el bachillerato (educación media superior) en lugares con alta cobertura del programa extinto Prospera, de acuerdo con el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026 de la UNESCO.

Con información recuperada por el diario El Universal, realizada con los documentos e informes relacionados con la UNESCO/estudios académicos, este retroceso se atribuye a la transición del esquema del antiguo programa Prospera al actual sistema de becas universales del gobierno federal.

Con una investigación de Fernanda Márquez-Padilla, Susan W. Parker y Tom S. Vogl sobre el retiro de Prospera en 2019, se destaca que las evaluaciones del programa documentaron mejoras en asistencia escolar y avance de grado, además de beneficios posteriores en escolaridad, resultados laborales y movilidad económica.

En la citada información se destaca que el extinto programa Prospera concentraba los recursos de manera focalizada en familias de menores ingresos y condicionaba el apoyo económico a la asistencia escolar.

Sin embargo, se contrasta que el modelo del actual gobierno otorga apoyos de forma generalizada o incondicional, sin distinguir rigurosamente las condiciones socioeconómicas previas, lo que, según la lectura de la investigación, redujo los incentivos directos o la efectividad de retención que operaban anteriormente para ciertos sectores de jóvenes.

En este contexto, la Secretaría de Educación Pública rechazó de manera categórica los señalamientos tras argumentar que las Becas para el Bienestar garantizan la educación como un derecho y que, contrariamente a lo apuntado, la tasa de abandono escolar en educación media superior se redujo a nivel general al pasar de 14.5 por ciento, en el ciclo 2017-2018 a 9.3 por ciento en 2024-2025, lo que representa una baja de 5.2 puntos porcentuales.

En unas primeras reacciones, de acuerdo con José Mario, presidente de Perteneces A.C., el gobierno puede presumir millones de becas entregadas, pero existe una obligación jurídica mucho más exigente: garantizar que la pobreza no impida ejercer el derecho a la educación.

“Una beca no cumple necesariamente su propósito porque el dinero haya llegado a una cuenta bancaria. Debe ayudar a que el estudiante permanezca en la escuela. Podemos tener un programa exitoso en número de depósitos y, al mismo tiempo, adolescentes que abandonan las aulas porque necesitan trabajar. Esa contradicción merece una explicación del Estado”, afirmó en su cuenta de X.

Algunos medios citaron la opinión del ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien destacó que al eliminar las corresponsabilidades, como la comprobación periódica de asistencia a clases y evaluaciones de salud, el nuevo programa redujo los incentivos necesarios para que los jóvenes de menores ingresos permanecieran en el bachillerato, impulsando su migración temprana hacia el empleo informal o la inserción laboral prematura.