Corrupción e impunidad en todos los niveles

Por Alejandro Ledesma Solórzano. A poco más de un mes de trabajo y bajo la premisa de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, la nueva administración de Chihuahua, encabezada por el gobernador de extracción panista, Javier Corral Jurado, denunció que el alto endeudamiento que dejó el gobierno de César Duarte limita la capacidad operativa del estado. De acuerdo con la Secretaria de Hacienda estatal, el endeudamiento total del estado asciende a 55 mil millones de pesos, sumando la deuda pública registrada ante la SHCP (48 mil 213 millones de pesos) y los adeudos a proveedores (7 mil millones de pesos). En el marco del proceso de entrega-recepción de la administración gubernamental, el pasado mes de noviembre, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, detalló la corrupción en distintas operaciones con bienes públicos, la magnitud del déficit financiero heredado por la pasada administración y el enorme pago de intereses y capital de la deuda, así como los ingresos futuros comprometidos hasta el 2044. Dichas irregularidades colocaron a la entidad en una situación crítica y de emergencia financiera. “El impacto de ese manejo financiero se refleja hoy en una limitada capacidad de operación del nuevo gobierno, desabasto de medicinas en hospitales públicos, vehículos de seguridad pública sin gasolina y sin mantenimiento, suspensión de obras y proyectos, así como la falta de aportación a programas federales ya convenidos”, explicó el funcionario. El titular de dicha dependencia explicó también que en la administración 2010-2016, en relación a su saldo inicial, la deuda se incrementó en un 284 por ciento, hasta llegar a los 48 mil millones. Explicó que en el contexto nacional, Veracruz destaca por su endeudamiento, pero en cuanto a la deuda pública por habitante, Chihuahua duplica a ese estado; cada chihuahuense debe 11 mil 308.50 pesos, mientras que cada veracruzano debe 5 mil 621 pesos. El ex delegado de la Sedesol agregó que la entidad se encuentra en el límite de su techo de endeudamiento bancario, que es de 24 mil millones de pesos, por lo que no podrán contratarse nuevos créditos bancarios a largo plazo. Además, precisó que sólo en 2016 el pago de intereses de la deuda asciende a mil 904 millones de pesos, lo que representa el 55 por ciento de la inversión pública estatal. “Una de las primeras acciones es la reestructura de la deuda en condiciones más favorables”, sostuvo. Arturo Fuentes Vélez recordó que, al 5 de octubre, se recibió un saldo de caja por 594 millones de pesos, pero sólo se podía disponer de 21 millones debido a que el resto (573 millones) estaban comprometidos para los municipios. Respecto a los recursos que la anterior administración identificó como bursatilización por 6 mil millones de pesos, el chihuahuense aclaró que se trató de un crédito de largo plazo, que en su totalidad fue dispuesto por el pasado Gobierno. Señaló que los pasivos exigibles al 28 de octubre de 2016 eran de 5 mil 262 millones de pesos, que se componen de un adeudo a proveedores externos de mil 393 millones, adeudos con entes públicos internos por mil 876 millones, pasivos con margen de negociación de mil 793, así como una estimación de otros adeudos no considerados, del orden de los 200 millones. Aparte está el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad por cerca de mil 200 millones de pesos. Cabe mencionar que para hacer frente a la situación del estado, la Secretaria de Hacienda de Chihuahua tiene programado para el 2017 realizar un ahorro de mil 750 millones de pesos, de los cuales mil provendrán del gasto en servicios personales, gasolina, viáticos y otros rubros de los funcionarios y trabajadores del gobierno, incluido el congelamiento de plazas vacantes y la no contratación de empleados eventuales; más 750 millones que serán producto de una mejor operatividad en cuanto a la recaudación fiscal que se realiza. Mega fraude, modus operandi En rueda de prensa conjunta, realizada el pasado 6 de noviembre, la Secretaria de la Función Pública estatal, Stefany Olmos, y el Coordinador Ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero, detallaron el modus operandi del fraude realizado por el anterior Gobierno, el cual creó empresas fantasmas e hizo adjudicaciones directas a proveedores y contratistas. ADJUDICACIÓN DIRECTA

Respecto al modus operandi en las licitaciones de obras y proveedurías, se informó que en 2015, de los casi 5 mil millones de pesos de inversión pública, sólo se licitaron menos de 2 mil millones, es decir, el 60 por ciento se contrató mediante adjudicación directa o invitación restringida.

EMPRESAS FANTASMAS

En una sola secretaría se pudieron documentar operaciones por un monto de más de 500 millones de pesos, en pagos por bienes o servicios no entregados. “Se crearon empresas nuevas sólo para recibir estos pagos y no registran mayor actividad previa ni posterior a la recepción de estos pagos”, indicó el coordinador de Gabinete.

VENTA DE BIENES

Otra práctica atribuida a la administración de Duarte es la venta de bienes públicos a personas cercanas al ex gobernador. “Ilegalmente y a precios ridículos”, advirtió la titular de la Función Pública, incluso 20 veces inferiores a los precios de mercado y afectando el patrimonio del estado en cientos de millones de pesos.

DIEZMOS PARA EL PRI

Durante seis años fue retenido, de manera ilegal, a más de 800 mandos medios y superiores de la administración estatal, el 5 por ciento de la compensación al salario para entregársela al PRI. “Fueron aproximadamente 100 millones de pesos retenidos en el sexenio por la Secretaría de Hacienda”, agregó Olmos.

AVIADORES

Luego de conocerse el resultado de las elecciones del 5 de junio, y antes de que asumiera el nuevo gobierno, 500 personas, presumiblemente “aviadores”, renunciaron a sus cargos. “En muchos de los casos no fue posible identificar qué funciones realizaban, no habían registros de su asistencia, no aparecen en comunicaciones oficiales y no son identificadas por quienes sí laboran en esa área”, refiere la Secretaria.

CRÉDITOS DESFAVORABLES

Además, se firmaron contratos y créditos en condiciones desfavorables para el Gobierno del estado, favoreciendo a particulares y en detrimento del patrimonio y las finanzas públicas. Al final de la administración, se vendieron más de la mitad de las reservas territoriales con las que contaba el estado.

EL HELICÓPTERO

En la revisión realizada por el gobierno de Javier Corral se advirtió un uso discrecional del helicóptero del estado en vuelos al rancho del ex gobernador César Duarte. En 2015 fueron 27 vuelos y en 2016 otros 23, lo cual representa el uso indebido de un bien público. Hubo también una afectación al erario público por un total de 127 millones de pesos para la adquisición de un helicóptero nuevo, modelo 2016, mediante adjudicación directa y sin esperar la resolución de la reclamación a la aseguradora por el siniestro que tuvo el helicóptero oficial anterior, un expediente que aún se encuentra en litigio.

Banco Unión Progreso A más de dos años de que la PGR recibiera una denuncia en contra del ex gobernador César Duarte, su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y otros funcionarios por delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones públicas, aún siguen sin presentarse avances en la investigación. Al respecto, el abogado Jaime García Chávez, quien lidera el colectivo Unión Ciudadana, acompañado por la ex diputada panista, Ana Gómez, y otros denunciantes, reiniciaron ante la Fiscalía General del Estado la denuncia, la cual fue recibida por su titular, César Augusto Peniche. El expediente, que consta de más de 100 mil hojas y acredita los delitos de enriquecimiento ilícito por el fideicomiso 74474 abierto en 2012 por César Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, con un fondo de 65 millones de pesos para la capitalización de Unión Progreso -institución financiera en vías de obtener su registro como banco-, ya había sido presentado en septiembre de 2014, sin embargo, fue ignorado por el entonces fiscal Jorge González Nicolás. A finales de 2012, el priista dio varias declaraciones para intentar explicar dicho fideicomiso, que según la denuncia en PGR se implementó con recursos que no se justifican de acuerdo a sus ingresos como gobernador. El ex mandatario dijo que el dinero era resultado de su actividad empresarial de venta de autos y como ganadero. El documento también da prueba de que el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, invirtió 80 mil millones de pesos de las arcas públicas en cuentas de Unión Progreso, para así contar con los activos necesarios para registrar a UP como empresa bancaria. Crecimiento de deuda De acuerdo con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y sus Organismos de la SHCP:

El 4 de octubre de 2010, Duarte Jáquez recibió la entidad con una deuda de 12 mil 547 millones de pesos.
En 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones.
En 2012 cerró en 23 mil 284 millones de pesos.
En 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, nivel en el que se mantiene hasta el primer trimestre de 2015, con 41 mil 926 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la misma SHCP.
En noviembre del presente, la nueva administración recibió el estado con una deuda de 55 mil millones de pesos.

El legado de César Duarte

La población de Chihuahua consta de 3 millones 406 mil personas, siendo la onceava entidad más poblada de México.
Cada habitante de Chihuahua debe 11 mil 308 pesos (5 mil 687 pesos más que los 5 mil 621 de cada veracruzano).
La deuda de Chihuahua representó hasta el tercer trimestre del 2015 el 8.4 por ciento del PIB.

Municipios más endeudados de Chihuahua

Cuauhtémoc con 54.3 mdp (11.0%)
Chihuahua con 177.6 mdp (36.1%)
Guachochi con 29.1 mdp (5.9 %)
Hidalgo del Parral con 43.2 mdp (8.8%)
Juárez con 46.9 millones de pesos (9.5%)
Los cuales suman el 71.3 por ciento del total de la Deuda Municipal que fue de 491.8 millones de pesos. (Fuente: Estudio sobre la Deuda de las Entidades Federativas y Municipios emitido en febrero del año en curso por la Comisión de Vigilancia de la ASF).

Situación actual

El manejo de la deuda ha dejado a la administración actual sin recursos para proyectos y obras, así como para gastos como combustible para las patrullas.
La administración recibió solamente 21 millones de pesos para el pago de los gastos.
Hasta el momento, la deuda exigible para el estado es de 5 mil 200 millones de pesos. De este total, mil 800 millones son negociables.
La entidad se encuentra en el límite de su techo de endeudamiento bancario, que es de 24 mil millones de pesos, por lo que no podrán contratarse nuevos créditos bancarios a largo plazo.
El costo de la deuda es de mil 900 millones de pesos, lo que será renegociado.
Este año se ejercieron 512 millones de pesos en pago a asesorías, en donde no se encontró ni la justificación, ni la evidencia del trabajo realizado.
Se identificó un gasto de 2 mil 736 millones de pesos durante cuatro años en publicaciones. Solamente en el 2016 los recursos dedicados a este apartado representan 10 veces más de lo que se destina a la atención de pueblos indígenas.
Las siguientes administraciones no podrán utilizar fondos de los fideicomisos.