Opinión

Contar Consultas no es Medir Salud

Éctor Jaime Ramírez Barba Por Éctor Jaime Ramírez Barba

El 11 de noviembre, el IMSS-Bienestar presentó su Plan de consolidación: 12 acciones en 120 días. La lámina inicial anuncia 58.3 millones de consultas proyectadas para 2026, 55% más que en 2023, y un aumento del 105% en las consultas de especialidad. Siguen 305 millones de medicamentos entregados y 21 hospitales inaugurados. Son cifras grandes. La pregunta de salud pública es otra: ¿qué cambió en la salud de quienes no tienen seguridad social?

La distinción es elemental en la evaluación. Todo programa recorre una cadena: insumos, actividades, productos, resultados e impacto. Una consulta es un producto. No informa si la persona con diabetes quedó controlada, si la embarazada llegó a tiempo al hospital o si la familia dejó de pagar los medicamentos. Contar consultas mide el esfuerzo de la institución; los resultados miden lo que ese esfuerzo logró.

El propio plan confirma la confusión. Sus metas son 19,314 contrataciones, 212 equipos de alta tecnología, 16,240 cirugías y 8,812 unidades con expediente electrónico. Ninguna de las doce acciones compromete una reducción de la mortalidad materna, un porcentaje de pacientes crónicos en control o una reducción del gasto de bolsillo de los ciudadanos. Incluso la acción titulada “cero gasto de bolsillo” carece de una línea de base y de una fecha.

Cuando se consultan las fuentes que sí miden resultados, el panorama es distinto. Las Encuestas Intercensales del INEGI registran que la afiliación declarada a servicios de salud bajó del 82.2% en 2015 al 72.5% en 2025: la población sin afiliación pasó de 20.6 a 35.5 millones. La pérdida fue regresiva: 20.2 puntos en el quintil de menor ingreso y 1.3 en el de mayor ingreso. Entre hablantes de lengua indígena, la afiliación bajó de 84.8% a 63.4%; en localidades rurales, la caída fue de 21.8 puntos porcentuales. Hoy, 17.2 millones de personas no identifican ninguna institución pública a la que acudir. La medición de pobreza coincide: la carencia por acceso a servicios de salud pasó del 16.2% en 2018 al 34.2% en 2024, es decir, 44.5 millones de personas, pese a la mejora respecto de 2022.

Podría objetarse que, desde 2019, ya no existe un padrón y que la gente sólo dejó de declararse afiliada. La conducta observada lo desmiente. Entre 2015 y 2025, quienes se atienden habitualmente en consultorios privados y de farmacia pasaron de representar el 23.1% al 33.3% de los usuarios, pasando de 27.1 a 42.5 millones de personas, mientras que los servicios públicos para la población sin seguridad social bajaron del 38.6% al 25.9%. Eso se paga. La Cuenta Satélite del sector salud estima en 1.12 billones de pesos la aportación de los hogares a la salud en 2024, y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calcula que el gasto de bolsillo por persona equivale al 38.5% del gasto público per cápita propuesto para IMSS-Bienestar en 2027: 5,523 pesos, frente a 11,519 pesos en el IMSS.

Los indicadores de impacto tampoco acompañan el discurso. México tiene la menor esperanza de vida de la OCDE, 75.5 años frente a un promedio de 81.1 años; su mortalidad tratable es de 175 por cada 100 mil habitantes, frente a 77, y la letalidad a 30 días por infarto de miocardio es de 22.6% frente a 6.5%, entre las más altas de América Latina. En 2025, las defunciones disminuyeron un 3.4%, pero la diabetes causó 109,839 muertes y siguió siendo la segunda causa de muerte. Buena parte se previene en el primer nivel de atención, justo donde se realizan las consultas.

Queda la calidad, medida por quien la recibe. Según la Encuesta Nacional de Calidad Intergubernamental 2025 (ENCIG), la satisfacción con los centros de salud y hospitales de los gobiernos estatales bajó del 58.1% en 2023 al 49.7% en 2025. La disponibilidad de medicamentos cayó del 44.9% al 37.3%, y sólo el 44.9% dijo no haber tenido que pagar un servicio privado debido a deficiencias del servicio público; ambas caídas son estadísticamente significativas. Son justamente los años de la transferencia. La misma encuesta registra 47% de satisfacción con IMSS-Bienestar y 57.3% en las ocho entidades no adheridas; la Intercensal, una caída de afiliación de 12.1 puntos en las adheridas frente a 3.2 en las demás. Nada de esto prueba causalidad: las entidades adheridas también eran las más pobres y las más dependientes del Seguro Popular. Pero desmiente la premisa de que centralizar, por sí mismo, mejora el acceso o la atención.

El problema de fondo es la rendición de cuentas, y la prueba está en los propios documentos del gobierno. La Matriz de Indicadores para Resultados que respalda el presupuesto 2027 del IMSS-Bienestar sí contiene metas de resultado, y estas son mucho más modestas que el discurso. Prevé que solo uno de cada tres pacientes con diabetes en tratamiento (33.7%) alcance un control adecuado, que la tasa de muerte materna sea de 42.43 por cada 100 mil nacidos vivos y que la carencia de acceso baje a apenas 29.3%. Esa meta de mortalidad materna es 30.9% más alta que la referencia nacional de 32.4% que fija la Secretaría de Salud: el propio presupuesto reconoce de antemano un riesgo mayor para las mujeres sin seguridad social. Las personas atendidas por primera vez crecerían un 5% en el año y las consultas de especialidad, un 10%, muy por debajo de los ritmos del 55% y del 105% acumulados desde 2023. La Auditoría Superior de la Federación ya documentó, en la Cuenta Pública 2024, indicadores cuya información no fue acreditada.

Nada de esto desestima lo que sí es valioso. Más consultas, plazas estables y hospitales nuevos son condiciones necesarias. No son suficientes, y presentarlas como prueba de éxito convierte un informe de actividades en algo más parecido a la propaganda que a la rendición de cuentas.

La salida es técnica y estuvo al alcance del Congreso durante la discusión presupuestal, pero fue evitada por Morena y los diputados oficialistas. Los indicadores ya existen; falta usarlos. Basta con exigir que cada informe del IMSS-Bienestar reporte su avance frente a esas metas, con línea base y desagregación por entidad, y que la matriz incorpore dos mediciones externas que hoy no tiene: el gasto de bolsillo de los hogares sin seguridad social y la satisfacción según la ENCIG.

Mientras eso no ocurra, los 58 millones de consultas seguirán siendo un numerador sin denominador. Detrás de la cifra hay 44.5 millones de personas: la madre que hace fila desde la madrugada para conseguir una ficha, el paciente con diabetes que sale con la receta y sin el medicamento, la familia que paga de su bolsillo lo que se le prometió gratuito. A ellas no les sirve saber cuántas consultas se otorgaron; les importa si las atendieron a tiempo, si las trataron con dignidad y si hoy están mejor. Esa es la medida que les debemos.

Éctor Jaime Ramírez Barba
Éctor Jaime Ramírez Barba

Colaborador de opinión en Revista La Nación, analizando los principales sucesos políticos, sociales y culturales de México.