Blindaje Electoral

Por Marco Antonio Adame Castillo. Para garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo en "elecciones libres, auténticas y democráticas", tal y como lo manda el Artículo 41 de nuestra Constitución, se ha visto la necesidad de blindar los procesos electorales como una decisión de Estado frente a la renovación de la Cámara de Diputados, más de mil ayuntamientos, nueve gubernaturas y 17 congresos locales. Ante esta situación, es de reconocer la puntualidad y oportunidad con la que el Partido Acción Nacional ha exigido el establecimiento de medidas para proteger la buena marcha del proceso electoral. Todo tipo de autoridades -partidos políticos, entidades de interés públicos y demás- tienen la finalidad y la obligación expresa de “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos a ejercer el poder público”, lo cual se ha visto amenazado con el llamado a boicotear las elecciones con consignas cargadas de ideología y de oportunismo como las que se pueden leer en diversos puntos de la geografía nacional. Hechos como los ocurridos en Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde fueron retenidos funcionarios del INE o la ocupación y destrucción de sedes electorales hablan de la gravedad de la amenaza. El colmo es la petición en mensajes similares a los que usa el crimen organizado para pedir la intervención de capos de la delincuencia a fin de encontrar a los desaparecidos; a la par, el llamado a mesas de negociación ante todo tipo de autoridades para dejar sentado que "el pueblo ya tomó su decisión para que no se lleven a cabo las elecciones en Guerrero" y que cualquier cambio de posición será consultado en asambleas populares para que el aludido "pueblo" y " las bases" decidan sobre esto. La violencia en Guerrero y Michoacán representa en sí misma un riesgo genérico para el proceso que merece atenciones y decisiones. Otros de los puntos preocupantes es el relativo a la transmisión de propaganda electoral en televisión y radio que destaca por su contraste partidista y que ha servido de pretexto para obstaculizar el derecho de los ciudadanos a la información o el de la operación de un buen número de programas sociales que corre el riesgo de usarse con fines electorales. Por ello, es indispensable que las autoridades competentes respondan y se alcancen los acuerdos con las fuerzas políticas para el blindaje a las elecciones. El presidente Gustavo Madero propuso por escrito cuatro puntos de obligado cumplimiento:  

1. Blindaje para garantizar la seguridad de los candidatos, equipos de campaña y funcionarios electorales para que desempeñen sus actividades de manera legal, segura y libre.
2. Evitar el uso de recursos humanos, materiales y financieros de los gobiernos municipales, estatales y el propio Gobierno federal.
3. Realizar todas las acciones preventivas y correctivas para impedir la participación de candidatos a puestos de elección popular que tengan vínculos con la delincuencia organizada.
4. Blindar las campañas de la utilización de recursos de procedencia ilícita, de la delincuencia organizada o de la triangulación y la evasión fiscal.

Estas cuatro propuestas responden a cuatro necesidades básicas que seguramente pueden ser enriquecidas por la aportación de las otras fuerzas políticas y por los alcances que indique la información disponible en los espacios de gobierno. Estos puntos serían la base de un acuerdo de civilidad para el proceso electoral sobre el que todas las fuerzas políticas se han pronunciado, pero que sólo el PAN ha demostrado su disposición franca y abierta para ponerlo en blanco y negro, y suscribirlo como un compromiso común. El acuerdo es necesario para dar certidumbre al proceso electoral y para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional: elecciones libres, auténticas y democráticas.