Autonomía plena a la nueva Fiscalía General

Redacción. Con el fin de dotar de autonomía plena, eficaz y operativa a la nueva Fiscalía General de la República y establecer las características que deberá poseer quien ocupe su titularidad, el pasado 30 de noviembre los senadores del PAN presentaron ante el pleno una iniciativa de reformas constitucionales. El senador y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, Héctor Flores Ávalos, explicó que esta reforma introduce un artículo transitorio para que el Procurador que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria, quede designado titular de esta institución por un periodo que concluirá el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de ser removido, si es el caso. Para que la autonomía de la Fiscalía se ejerza a cabalidad y ésta cuente desde su creación con una amplia base de legitimidad, la iniciativa establece la necesidad de que el texto constitucional esboce las características del perfil idóneo para ocupar su titularidad, de acuerdo con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener al menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar (con antigüedad mínima de 10 años) con título profesional de licenciado en Derecho; gozar de buena reputación; no haber sido candidato a un cargo de elección popular, ni haber desempeñado un cargo de dirigencia o representación de cualquier partido político. El propósito es evitar que en algún momento el proceso de designación se enturbie por la acción directa de alguna fuerza política, y que el compromiso político previo del o la Fiscal electo, implique que la Fiscalía pierda en los hechos su autonomía. El Fiscal General de la República electo por las dos terceras partes del Senado de la República permanecerá en su cargo por siete años y los titulares de las fiscalías especializadas cinco años, son otras propuestas de la iniciativa. Propone además la incorporación de figuras que posibilitan la existencia de equilibrios democráticos, con el fin de evitar la concentración excesiva de poderes en la persona del Fiscal General de la República, lo que le permitirá de mejor manera -en un sano esquema de pesos y contrapesos- conducir la política de persecución criminal en el ámbito federal. Por ello, se sugiere la creación de la Inspectoría General, dependencia que además de fungir como órgano interno de control debe tener la capacidad de investigar las irregularidades cometidas por servidores públicos de la propia institución. La Inspectoría será un primer contrapeso de la autonomía de la propia Fiscalía. También plantea la creación de un Consejo Consultivo, cuya labor será: opinar previamente a la emisión de los instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General; exponer las políticas de profesionalización de sus servidores públicos y evaluación de su desempeño, y opinar previamente a los nombramientos de los funcionarios superiores y a la adscripción del personal de carrera. Se crean asimismo fiscalías especializadas autónomas en materia de combate a la corrupción, de derechos humanos y de delitos electorales, en donde se ejercerán controles parlamentarios a fin de blindar su autonomía y terminar con la impunidad en estas materias. Respecto a la duración del nombramiento y la renovación de los nuevos cargos creados, los fiscales especializados, el Consejo Consultivo y la Inspectoría, se recomienda que sean nombrados por cinco años improrrogables y sean designados y removidos por el Senado de la República. El procedimiento de remoción, tanto del Fiscal General, como de los otros cargos, se iniciará a solicitud del 33 por ciento de los integrantes de la Cámara alta. La propuesta del GPPAN prevé reformas a la fracción XIII del artículo 76; los párrafos segundo, tercero, las fracciones IV y V, los párrafos quinto, sexto y séptimo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos Segunda. El también secretario de la Comisión de Estudios Legislativos recordó que hace dos años se aprobó un primer esbozo de la nueva Fiscalía General, en un contexto político favorable para el Ejecutivo federal. “No es posible transitar de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República si no se agota previamente un proceso de legitimación claro y transparente, de cara a la ciudadanía, que deje satisfechos a todos: a la clase política y a los responsables de su aprobación en este Senado y en la Cámara de Diputados, pero sobre todo a la sociedad en su conjunto”, expresó el senador Héctor Flores Ávalos.