¿Antesala de una crisis de fin de sexenio?

  Por Javier Obregón Ruiz. El paquete económico que se discute y aprueba cada año en el Congreso de la Unión está compuesto por tres elementos fundamentales: Criterios Generales de Política Económica, Ley de Ingresos (LIF) y Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Adicionalmente, pueden existir modificaciones o adecuaciones a otras leyes derivadas de las nuevas disposiciones en la LIF o el PEF, y a esto se le conoce como Miscelánea Fiscal. Para el año 2017 se harán adecuaciones y actualizaciones a las Leyes Federal de Derechos, Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Código Fiscal de la Federación y de Ingresos Sobre Hidrocarburos. Los cambios más importantes del paquete económico para el año entrante son la liberalización del precio de las gasolinas, deducciones en la compra de vehículos eléctricos e híbridos y en la compra de bicicletas y motocicletas eléctricas, así como un mayor control sobre las empresas que se dedican al outsourcing. Cabe señalar que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una propuesta donde los ingresos totales para el Estado serían por 4 billones 837 mil 512.3 millones de pesos, y la Cámara de Diputados, mediante una restimación de ingresos presupuestarios en IVA, ISR, tipo de cambio y plataforma de producción de petróleo, asignó 51 mil 380.2 millones de pesos adicionales. Para nadie es un secreto que el gobierno mexicano, durante la gestión de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda, se endeudó de manera muy rápida y la llevó a niveles por encima del 50 por ciento del PIB. Ese nivel, sin ser alarmista, puede traer consecuencias negativas en la calificación de la deuda nacional, y poner en jaque la viabilidad de las finanzas públicas, tal y como sucedió con Grecia hace no mucho tiempo. Los ingresos adicionales que surgieron de la Cámara de Diputados son un arma de doble filo. Al menos desde el año 2013, la Secretaría de Hacienda subestima sus ingresos, lo que no representa ningún problema per se. Lo grave es que también subestima el nivel de gasto y ha llevado a que año con año no sólo se incumpla con la LIF y el PEF, sino que también se descuidó el propósito más importante de las finanzas públicas, que es el balance económico. Para ejemplificar lo anterior, suponga que en casa realiza un ejercicio de presupuestación para cada año. Usted estima que tendrá cierto nivel de ingresos que deberán satisfacer todas las necesidades del hogar, y si es responsable, manejará de manera equilibrada la diferencia entre ingresos y gastos, es decir, su balance económico. Ahora imagine que no ha sido responsable: gasta más de lo que ingresa, ha utilizado de más la tarjeta de crédito y su deuda total representa el doble de lo que gana en un año y, por si fuera poco, a usted no le alcanza ni para pagar los intereses de la deuda que contrajo (déficit primario). Entonces decide poner orden y gastar menos el siguiente año, pero resulta que a lo largo de los meses se da cuenta que tiene ingresos superiores a los que había pensado. Ahora tiene una disyuntiva: asignar los ingresos excedentes para pagar su deuda o los intereses de la misma (disminuir el déficit primario), o gastarse esos ingresos excedentes. En el caso del gobierno, éste siempre decide gastarse los ingresos excedentes, pero además vuelve a recurrir al uso de la tarjeta de crédito, incrementando el saldo de la deuda y manteniendo un balance económico deficitario. Como puede notar, esta es la fórmula perfecta para que eventualmente el gobierno se meta en serios problemas de pago, de ahí la importancia que en el 2017 se cumpla con la meta de gastar menos. Si usted se encuentra en semejante aprieto con el banco, es muy probable que éste ya no le presente y tenga bloqueada su tarjeta de crédito. Al gobierno le sucede algo similar cuando las agencias calificadoras reducen la calificación de la deuda mexicana, pero con mayores repercusiones, como una depreciación del tipo de cambio, por ejemplo. La propuesta original del Ejecutivo para el año entrante incluye un superávit primario de 0.4 por ciento del PIB por primera vez desde la crisis del 2008-2009, es decir, que para el próximo año al menos nos alcance para pagar los intereses de la deuda. Al mismo tiempo, los diputados han estimado que el gobierno tendrá mayores recursos para el siguiente año. ¿Usted qué cree que pasará? De entrada, le adelanto que muy probablemente se destine la gran mayoría de los recursos adicionales al Ramo 23, que tiene la fama de ser el fondo más opaco de la administración pública y de donde se financian los famosos moches. Básicamente, la Cámara de Diputados creará un nuevo rubro o anexo dentro del PEF, que será distribuido entre todos los diputados federales disfrazado de Apoyos para el Desarrollo Regional, de tal manera que la meta de balance primario no se afecte y que usted piense que no pasa nada. Lo anterior es equivalente a que usted, con las deudas hasta el cuello, se encuentre dinero tirado en la calle y en vez de pagarle al banco se vaya de vacaciones con ese dinero. Hay quien defiende este proceder argumentando que menos gasto público incide negativamente en el crecimiento del país. En la realidad, lo único que se aprecia son presupuestos públicos cada vez mayores y expectativas de crecimiento ajustadas a la baja, es decir, estamos creciendo menos de lo esperado con un mayor gasto público. Con esta manera de actuar del Estado mexicano le aseguro que el recorte presupuestal anunciado por el Gobierno federal será rebasado. Ojalá que no estemos en la antesala de una crisis de fin de sexenio, propia de un gobierno del PRI.