América, más libre

Con enorme éxito se celebró la cuarta edición del Foro América Libre. Decenas de personalidades de todo el mundo se dieron cita en México para reivindicar la libertad y la democracia para la región.

América Latina atraviesa un momento de transformación política que obliga a mirar más allá de las coyunturas electorales. Durante los últimos años, buena parte de la región experimentó el avance de proyectos populistas, procesos de concentración del poder, debilitamiento de instituciones democráticas y, en algunos casos, la consolidación de regímenes abiertamente autoritarios.

Sin embargo, el mapa político latinoamericano vuelve a cambiar. En distintas sociedades han cobrado fuerza expresiones políticas que reivindican la libertad, el Estado de derecho, la seguridad, la economía de mercado y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Algunas de ellas han alcanzado ya responsabilidades de gobierno, mientras otras se han convertido en alternativas competitivas frente a las fuerzas que han dominado la política regional durante los últimos años.

Estamos, por tanto, ante una nueva etapa. Pero sería un error interpretar el cambio de orientación política de algunos países como la solución automática de los problemas de América Latina. La alternancia puede ser necesaria para una democracia; nunca es suficiente para garantizar su calidad.

Los desafíos estructurales permanecen. El crimen organizado transnacional desafía la autoridad de los Estados y, en algunos lugares, disputa incluso el control efectivo del territorio. La corrupción deteriora la confianza ciudadana. Millones de jóvenes encuentran dificultades para acceder a oportunidades que les permitan construir un proyecto de vida. La pobreza y la desigualdad siguen limitando las posibilidades de millones de personas. Al mismo tiempo, subsisten gobiernos que restringen derechos fundamentales, debilitan los contrapesos institucionales o persiguen a quienes piensan diferente.

Por eso, la discusión latinoamericana no puede reducirse a determinar quién gobierna. La pregunta verdaderamente importante es cómo queremos ser gobernados y sobre qué principios queremos construir nuestras sociedades.

El humanismo cristiano puede realizar una aportación especialmente relevante a esta discusión. Su punto de partida es sencillo, pero profundamente exigente: la dignidad irreductible de cada persona. De ese principio se desprende una determinada manera de comprender la política. El poder no constituye un fin en sí mismo. Tampoco la persona existe para servir a un proyecto político, a una ideología, a un partido o al Estado. Es la política la que debe estar al servicio de la persona.

Esta concepción tiene consecuencias institucionales concretas. Si ninguna autoridad posee un poder absoluto sobre la persona, entonces todo poder político debe encontrar límites. De ahí la importancia de la separación de poderes, las elecciones auténticamente competitivas, la independencia judicial, la libertad de expresión y religiosa, el pluralismo y una sociedad civil vigorosa.

La democracia, desde esta perspectiva, no puede reducirse al principio de mayoría. Las mayorías gobiernan, pero también están sometidas a límites. Existen derechos que no dependen de la voluntad circunstancial de quienes ganan una elección. Precisamente ahí reside una de las grandes diferencias entre una concepción meramente electoral de la democracia y una auténtica democracia constitucional.

Esta reflexión resulta especialmente pertinente en una época en la que diferentes formas de populismo han pretendido identificar al gobernante con el pueblo y, a partir de esa identificación, presentar cualquier límite institucional como un obstáculo ilegítimo a la voluntad popular.

El humanismo político ofrece una respuesta distinta: la legitimidad democrática del poder no elimina la necesidad de limitarlo.

También es necesario recuperar un concepto más amplio de libertad. Una sociedad libre no es simplemente aquella en la que existe ausencia de coerción. La libertad supone también responsabilidad, solidaridad y compromiso con el bien común.

Una sociedad verdaderamente libre debe permitir que las personas desarrollen sus capacidades y construyan sus propios proyectos de vida. Esto significa crear condiciones para que puedan encontrar un trabajo digno, emprender, formar una familia, educar a sus hijos, participar en sus comunidades y aspirar legítimamente a mejorar sus condiciones de vida.

Los dilemas latinoamericanos, además, no ocurren de manera aislada. Muchas de las tensiones que atraviesan nuestro continente tienen expresiones semejantes en Europa: desencanto con las instituciones, polarización, inseguridad, incertidumbre económica, transformaciones culturales, migraciones y dificultades para ofrecer a las nuevas generaciones un horizonte de esperanza.

Europa y América participan de una conversación histórica que atraviesa siglos. Más allá de sus evidentes diferencias, comparten una tradición cultural occidental en la que confluyen la herencia grecorromana, el cristianismo, el constitucionalismo, la democracia representativa y la afirmación de la dignidad de la persona.

En una época de creciente fragmentación internacional, recuperar esa conversación resulta particularmente importante.