Engañosa e inoperante reforma al Poder Judicial
Enero 2025
Andrés Castro Cid

Desde el momento en que se planteó la reforma al Poder Judicial desde Palacio Nacional, en voz del entonces presidente López Obrador, la posición del Partido Acción Nacional fue abrir el diálogo para escuchar todas las voces y votar en contra de ésta cuando quedó claro que la intensión del mesías de los morenistas era la de, por venganza, desmantelar por completo este importante contrapeso al Ejecutivo por medio de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, en unos comicios imposibles, y adueñarse de este poder.
El rechazo a esta tóxica reforma siempre contó con argumentos claros y lógicos por parte de los distintos liderazgos panistas. Al respecto, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, expresó que “necesitamos elecciones libres y justas para los jueces y que no estén alineados con el oficialismo. Es vital que cuidemos eso”.
Además, esta absurda reforma contiene un conjunto de problemas que no se han dimensionado en su totalidad y que son motivo de alarma. Uno de los enormes retos a solucionar son la logística y los recursos económicos necesarios para lograr con eficacia la instalación de casillas, contar con el personal operativo necesario en todas las entidades del país, la capacitación de dicho personal y la elaboración y conteo de las boletas, sólo por mencionar algunos puntos de esta titánica tarea.
Por si no fuera poco lo anterior, desde el Congreso federal se recortó el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) por 13 mil millones de pesos, lo que deja en una vulnerable situación al organismo de realizar esta absurda elección de jueces y magistrados.
En su momento se advirtió, por parte de especialistas en temas judiciales, de lo absurdo de esta decisión, como lo hizo el doctor José María Soberanes en La Nación 2512: “(En Morena) tal parece que no tienen ni idea de cómo funciona el Poder Judicial, de cuáles son sus necesidades, es absolutamente inoperativo, en términos prácticos, lo que han aprobado”.
Otra muy clara muestra de este gigantesco absurdo, impulsado desde Palacio Nacional, es que los Comités de Evaluación tendrán que analizar la elegibilidad de los casi 50 mil aspirantes que desean concursar en junio próximo por un cargo de juzgador.
Hasta el momento se ha informado que “en el Comité de Selección a cargo del Ejecutivo se inscribieron 18 mil 447 y sólo podrá proponer a mil 793 aspirantes. En el Comité del Legislativo se anotaron 26 mil 883 aspirantes, la mayoría por correo electrónico y se propondrán poco más de mil 700 candidatos, y en lo que respecta al Comité del Poder Judicial se apuntaron tres mil 805 y deberán seleccionar la misma cantidad de aspirantes”.
Es a partir del siguiente punto donde la expresión del doctor Soberanes cobra importancia, pues de acuerdo con un interesante artículo de Amador Narcia publicado en el periódico El Universal el 7 de diciembre del año pasado: “del 25 de noviembre al 14 de diciembre, en teoría tuvieron que revisar 49,135 expedientes, es decir, 2,456 expedientes por día, 102 por hora, 1.7 expedientes por minuto. Todo esto trabajando las 24 horas de cada uno de esos días. ¿Cuántas personas están haciendo la revisión?, se desconoce”.
Además, agrega el experimentado periodista: “¿serán las mejores personas para seleccionar los perfiles?”.
Y con un fino sentido de la ironía añade: “como primer paso tuvieron que preguntar al tío Google si existen las personas, qué trayectoria tiene, su fama pública… hasta la fotografía. Otra medida que deben tomar es indagar si no tienen antecedentes penales. Verificar que las cédulas sean reales en el Registro Nacional de Profesiones de la SEP. Pedir sus calificaciones o tiras de materias a las instituciones de donde dicen los abogados que egresaron. Comprobar si las publicaciones que afirman haber realizado existen y si corresponden a su autoría. Ratificar la residencia que se exige en el país. Leer 49 mil 135 ensayos de tres hojas cada uno. Si los empleos que dicen que ocuparon en sus hojas de vida son ciertos.
“¡Vaya!, hasta tendrían que ir a buscar a los cinco vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo de cada uno de los candidatos (…) ¿Cómo podrán cotejar los datos de un abogado postulante del poblado más lejano en Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Baja California?”.