Aumenta acoso judicial contra periodistas y medios

A pesar de que en su primer informe de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México existe la mayor libertad de expresión, las acciones de su régimen la contradicen. Por el contrario, la instrumentalización del Poder Judicial para silenciar a la prensa y proteger a figuras políticas corruptas ha aumento en nuestro país sin precedentes.

Lo anterior representa una grave amenaza para la libertad de expresión y el Estado de derecho en México. Uno de los casos más recientes es el de Carlos Loret de Mola, quien fue demandado por Pío López Obrador, así como el medio de comunicación Latinus, por 200 millones de pesos cada uno, debido a la difusión de videos donde se le ve recibiendo dinero en sobres amarillos.

El periodista expone que el Poder Judicial, ahora controlado por el régimen, podría fallar en favor de Pío, lo que podría llevarlo a la cárcel si no puede pagar.

Por su parte, Article 19 México y Centroamérica hizo un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramienta de censura en nuestro país.

“La organización exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas. En lo que va del año, Article 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas”.

En su más reciente informe reportó que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos. De este total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra.

“Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, señaló.

Y es que la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas, ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales.

Preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México.

De acuerdo con la organización especialista en derechos humanos y libertad de expresión, esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder.

En este espacio hemos documentado casos preocupantes como el acoso contra Héctor De Mauleón, el periodista de Campeche, Luis González, que incomodó a la gobernadora Layda Sansores y otros periodistas; incluso ciudadanos, a quienes personas con poder han intentado silenciar con multas u obligarlos a pedir disculpas públicas e inscribiéndolos en el padrón de violentadores en razón de género.

Un ejemplo es el caso de Sonora, en donde la ciudadana Karla Estrella fue sancionada por el INE y el TEPJF luego de publicar un tuit que cuestionaba posible nepotismo por parte de la diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”.

Article 19 enumera también el caso de la periodista Lourdes Mendoza, quien desde enero de 2025 fue notificada de una demanda de daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Como parte de este proceso, continúa el informe, la periodista tuvo que responder un interrogatorio de aproximadamente tres horas y ha tenido que mantener exigencias activas, tanto en sus redes sociales como en espacios periodísticos, para reivindicar su imagen y mantener un debido proceso en su caso.

“Arriba del 53 por ciento de las entidades federativas ya han registrado al menos un proceso de acoso judicial contra periodistas o medios de comunicación. Esto demuestra que no son algunas personas quienes están abusando del sistema, sino que es una práctica reiterada en el territorio nacional”.

Los tres estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz (10 casos), Ciudad de México (9) y Jalisco (6), le siguen Campeche, Oaxaca y Puebla con 3 casos cada uno.