Vuelta al Neoliberalismo
Publicada el Jue, Jul 23, 2020

Por Humberto Aguilar Coronado.

Desde el inicio de la administración del Gobierno federal quedó claro que en la agenda de cambios del Presidente de la República era una prioridad encontrar los mecanismos que permitieran revertir la reforma energética de Peña Nieto, sin realizar las modificaciones legales que deben procesarse en el Congreso de la Unión y los Congresos locales.

Por ello, a lo largo de los meses que han corrido con López Obrador al frente del Gobierno federal, hemos sido testigos de decisiones de corte administrativo que, sin soporte jurídico visible, han generado dificultades, encarecimiento y frenos burocráticos a la actividad de las empresas que participan en el sector energético con base en las referidas reformas constitucionales y legales realizadas en el sexenio anterior.

La primera medida se tomó en los primeros días del gobierno, en diciembre de 2018, y consistió en suspender las rondas petroleras. Con dicha decisión, el Presidente de la República decidió guardar en el cajón de los objetos olvidados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, que constituyen la columna vertebral de la participación privada en la exploración y explotación de petróleo y sus derivados.

La medida significó que el Gobierno respetara los contratos suscritos con empresas privadas hasta el momento, 111 según los reportes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero cancelara los procesos de licitación futuros.

Es decir, el gobierno se planteó vivir con los saldos de la reforma energética con el propósito de no confrontarse directamente con las empresas que tomaron el riesgo de invertir en México, pero cerrar el camino de la participación privada para fortalecer el papel de Petróleos Mexicanos.

Es evidente que la intención gubernamental fue, entre otras cosas, no dinamitar los bajos niveles de confianza de los inversionistas (sobre todo después del affaire de Texcoco) al no suspender contratos firmados, pero impedir la participación de nuevos actores en el mercado de hidrocarburos.

Las consecuencias de estas decisiones han sido, por decir lo menos, desastrosas para la economía del país. PEMEX acumula pérdidas históricas y una notoria incapacidad para alcanzar sus metas de producción, por lo que las calificadoras han bajado el grado de inversión de manera consistente a lo largo del gobierno de López Obrador.

Los datos muestran que PEMEX no puede alcanzar los resultados que el país necesita sin el concurso de la empresa privada. Sin embargo, las suspensiones de rondas en este mismo año muestran que el Presidente no dará fácilmente su brazo a torcer.

En el sector eléctrico las cosas no son muy distintas. En los últimos meses hemos sido testigos de la confrontación entre la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, por un lado, y las empresas generadoras de energía con bases renovables, por el otro.

Intentos por impedir la realización de pruebas de interconexión de nuevos proyectos, intentos por modificar la tarifa de transmisión de las energías renovables han dado lugar a diversos amparos con sus respectivas suspensiones provisionales y definitivas.

El patrón de conducta es idéntico. Sin atreverse a proponer una reforma (o contrarreforma) energética –como si se atrevieron en materia educativa- imponen medidas administrativas que afectan a los que ya invirtieron en México, pero les permiten mantener la imagen de que el país está abierto a la inversión en esos sectores.

Sin embargo, ese escenario en el que el gobierno se movía con comodidad, en el que simulaba no afectar la reforma energética pero la boicoteaba con medidas administrativas, cambió radicalmente a raíz de la crisis sanitaria y económica que vive nuestro país.

Todos los indicadores hablan de una crisis de dimensiones insospechadas. Tras la crisis sanitaria, nuestro país enfrentará enormes retos para recuperar las oportunidades de trabajo de millones de mexicanos, las cadenas productivas van a padecer para restablecer los flujos de mercancías en el mercado global, las pequeñas y medianas empresas que puedan reabrir no podrán restablecer a sus plantillas laborales íntegramente, mientras no se recupere el consumo y el gasto habitual antes de la crisis.

En ese contexto, la esperanza del gobierno mexicano está centrada en la capacidad del nuevo tratado comercial de Norteamérica para recibir inversiones en México. Olvidemos por un momento las dificultades que enfrentaran las empresas mexicanas para cumplir las condiciones que impone ese nuevo tratado. Concentrémonos solamente en la capacidad que el instrumento tiene de traer inversiones productivas y generación de empleos en el corto plazo en México.

El viaje de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos de la semana pasada es suficiente evidencia de que el Presidente no encuentra alternativas de reactivación económica en sus antiguas convicciones. El viaje del Presidente nos dejó claro que México no va a salir de esta crisis apostando por el consumo interno. Que no va a recuperar dinamismo económico apelando a la autosuficiencia alimentaria ni contará con la potencia de PEMEX y CFE para apalancar el nuevo desarrollo.

López Obrador no tiene más remedio que acudir a la solución que él ha tachado como neoliberal. Tendrá que aceptar la capacidad del mercado para generar riqueza y tendrá que aceptar que el Estado debe funcionar como un regulador y garante de la seguridad jurídica para que el mercado opere de manera óptima.

Por eso, al viaje de la semana pasada se hizo acompañar de los empresarios más ricos de México; de ese segmento social que se aprovecha de las desigualdades que provoca el mercado y que logra acumular la mayor tajada de la riqueza nacional.

Por eso, el evento más importante fue la cena de los empresarios mexicanos con los empresarios de los Estados Unidos. Por eso, según los trascendidos, la cena transcurrió con la exposición de una gama de proyectos de inversión que incluyen, sin duda, inversiones en el apetitoso sector energético.

Así pues, la semana pasada significó un vuelco en las políticas que pretendía imponer en México el gobierno de MORENA. Sin duda, en las siguientes semanas y meses, veremos ejemplos de proyectos que pretendan aterrizar en México y, seguramente, veremos como se afloja la tensión generada en el sector energético. Veremos una vuelta al neoliberalismo.

 

Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C

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