¿Votos o justicia?
Publicada el Mar, Sep 29, 2020

Por Andrés Castro Cid.

La consulta sobre el juicio a expresidentes de México es una comedia que puede convertirse en una tragedia. En ningún lugar del mundo se consulta si se aplica la ley, eso es irresponsable e inmaduro, aseguró el pasado 31 de agosto, durante una conferencia virtual, el Coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. En esa misma rueda de prensa, el Dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado al presidente López Obrador para denunciar a los exmandatarios de México ante la Fiscalía General de la República si tiene elementos para ello.

Cabe señalar que desde el 21 de noviembre de 2018, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el entonces presidente electo López Obrador sacó a la luz la intensión de realizar una consulta sobre llevar a juicio a algunos expresidentes e investigar posibles actos de corrupción durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Meses después, el 25 de agosto de 2020, explicó las posibles vías para una consulta popular sobre si se debe enjuiciar a expresidentes por corrupción. El 30 de agosto inició la recolección de firmas, sin embargo, dicha convocatoria ciudadana no tuvo el eco previsto por el presidente. El 14 de septiembre anunció que en caso de no alcanzar el número de firmas ya tenía preparada una iniciativa para solicitar la consulta, la cual envío el 15 de septiembre al Senado de la República.

Para entender este ardid político, la revista La Nación buscó al especialista en temas jurídicos de la Universidad Panamericana, José María Soberanes Diez, quien en entrevista vía telefónica opinó que es una maniobra política y absolutamente innecesaria. “Es tan fácil que investigue la Fiscalía (FGR), no hay que gastar una millonada en el proceso, no hay que hacer una consulta popular para poder investigar”.

El doctor en Derecho por la Universidad Panamericana aseguró que la consulta, tal y como la propone el Ejecutivo, no es procedente. “Sí pueden hacerse consultas ciudadanas de temas de relevancia nacional, sin embargo, no pueden realizarse aquellas que versen sobre obras de infraestructura, ingresos o gastos del Estado y las que restrinjan los derechos humanos”.

Soberanes Diez aseguró que la consulta que se impulsa desde el Ejecutivo restringe o puede restringir los derechos humanos de los citados expresidentes, porque una consulta de este tipo ya es imponerles una condena, “¿qué le queda al Ministerio Público?, tiene que investigar a fuerza, tiene que encontrar un delito a fuerza, tiene que acusar a fuerza, y ¿qué le queda al juez?, condenar a fuerza”.

El proceso de dicha consulta popular viola el debido proceso, viola los artículos 35, fracción 8, el artículo primero, el 14 y el 16, junto con tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, subrayó el académico.

En este contexto, el maestro en derecho indicó que por todo lo anterior ahí es donde debe morir, pero en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ceda a las presiones mediáticas y se realice la consulta no deberá ser el día de las elecciones federales, ya que la ley marca que sea el primer domingo de agosto, “dejarlo para el día de las elecciones sería un error”.

Violación del debido proceso

En otro tema, La Nación preguntó al especialista de la Universidad Panamericana sobre la difusión de los videos que se asegura entregó Emilio Lozoya a la Fiscalía y que “exhibiría la red de sobornos en las altas esferas del poder”, según López Obrador, a lo cual respondió que con esta acción se violó el debido proceso y esta falta puede llevar a la nulidad en todo el juicio, no el de Emilio Lozoya, sino de los procesos que se sigan como consecuencia de la publicación de dichos videos. El proceso contra todos los personajes que aparecen en los videos (gobernadores, expresidentes, asistentes) va a estar viciado de origen, estimó.

“El presidente estuvo en una disyuntiva: ¿que se haga justicia o conseguir votos?, es decir, ¿votos o justicia?, y el presidente prefirió votos porque sabía que al hacerlo público, al presentarlo en la conferencia mañanera, estos videos quedarían contaminados en los procesos jurisdiccionales.

José María Soberanes aseguró que con dichas acciones se violó el artículo 20, la presunción de inocencia y es posible que se declaren nulos, se cerró la vía a la justicia por obtener algunos votos.

Se debe investigar entrega de dinero a Pío

Sobre el video en que se muestra a David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil, entregando dinero a Pío López Obrador, el académico de la Universidad Panamericana dijo que “se puede dar dinero por razones, dar dinero no es un delito, el problema es ¿para qué se dio ese dinero?, ¿se declaró?, ¿cuál es el origen?”.

Sostuvo que lo mejor en estos casos siempre es investigar, aclarar. “En caso de existir una denuncia es algo que debe investigar la Fiscalía (FGR)”.

 

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