Subsidiariedad y política social
Publicada el Mie, Dic 11, 2019

Por Javier Brown César.

La subsidiariedad es un pilar de primera importancia en la doctrina de Acción Nacional, que a la vez que establece un principio de orden en las relaciones entre diversas comunidades, prevé una serie de supuestos fundamentales para orientar la política social. La subsidiariedad consiste en una forma de solidaridad entre organizaciones, comunidades y personas que son desiguales por naturaleza, y es un principio de organización comunitaria que demanda que lo que una comunidad menos compleja pueda hacer por sí misma, no lo haga la comunidad más compleja.

Como comenta Carlos Castillo Peraza: “El término subsidiariedad proviene del latín subsidium, ayuda, apoyo, protección y de subsidere, estar en estado de reserva (sub=abajo o antes. sedere=estar sentado, en espera). La subsidiariedad tiene una bella historia: cuando los romanos llevaban sus legiones a combate, siempre había una legión que se quedaba atrás. Y cuando se les desfondaba alguna legión que iba al frente, ahí entraba la que se quedaba atrás. El subsidiario –que se sienta atrás, por si se desfonda el frente– no da la pelea. directamente, está listo. Es el bateador emergente en béisbol. Eso es la subsidiariedad. Entrar cuando algo o alguien que debe hacer algo no puede hacerlo o no quiere”.

La subsidiariedad es garantía de la autonomía de las comunidades, por lo que se ha llegado a formular como “tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Esta fórmula, a decir de Pedro César Acosta Palomino, está inspirada en Messner, quien postula que este principio exige una práctica de bien común ceñida a la norma fundamental de la libertad: “tanta libertad como sea posible; tantas restricciones como sean necesarias”. Y añade Acosta Palomino que la subsidiariedad “armoniza, no suplanta. Prescribe a personas y comunidades –mayores y menores– dentro de la sociedad, derechos y obligaciones que, al cumplirse, promuevan el bien común sin detrimento de los derechos y deberes que atañen a la persona. Hay para ello un término que perfila la normatividad del ordenamiento: prelación, es decir, un fluir natural en cuanto a la aplicación práctica de tales deberes y derechos.

“Conforme a ello, la sociedad tiene que actuar ahí donde, por su limitación, la persona no puede hacerlo. Y como ´la sociedad´ es también un conjunto de grupos mayores y menores, la prescripción se extiende a precisar que sólo donde el grupo menor no puede realizar funciones en orden al bien común, el grupo mayor esté facultado –obligado también– para asumirlas”.

Para garantizar la autonomía de las comunidades debe entonces valorarse si la subsidiariedad aplica o no. El criterio para hacerlo es que quien no pueda hacer algo, lo quiera hacer, tal como lo expresa Carlos Castillo Peraza: “La sociedad menor debe poder y querer. Pudiéndose dar dos casos al respecto: 1. Si quiere, pero no puede, el Estado debe ayudarla a poder porque quiere, y 2. Si puede y no quiere, el Estado no debe intervenir. El principio de subsidiariedad se aplica cuando el que quiere, no puede. Entonces se justifica plenamente la intervención del Estado. De lo contrario, el principio se vuelve un mecanismo ideológico (en el peor sentido de la palabra), para proteger a ciertos grupos”.

Por ello, como se afirma en los pilares del humanismo: “La subsidiariedad es complementariedad y ayuda escalonada de una comunidad superior a los individuos y comunidades menores; por una parte, la comunidad debe ayudar más ahí donde hay más necesidad y por la otra, no debe suplantar o sustituir a la libre iniciativa de los particulares o de grupos, sino garantizar su funcionamiento. La ayuda debe prestarse cuando sea necesario, en la medida de lo necesario, durante el tiempo necesario, en donde sea necesaria y a quien la necesite”.

La subsidiariedad en tanto que principio del orden social es garantía de libertad y de autonomía para las diversas comunidades y postula a la vez un límite natural al actuar de toda autoridad, como se establece en los pilares del humanismo: “El principio de subsidiariedad es la norma que declara la medida del ejercicio de la solidaridad… Por solidaridad cada individuo, cada grupo, ha de hacer su propio cometido en función del bien común, y sólo ha de entrar en suplencia la sociedad cuando el individuo no haga lo suyo. La subsidiariedad reclama que, en las obligaciones, responsabilidades y beneficios del bien común, nadie puede ser sustituido o reemplazado arbitrariamente por otro”.

Las consecuencias que este principio tiene en el ámbito de la política social son de primera importancia. El Estado, a partir del desarrollo de múltiples actividades educativas, culturales, recreativas, de salud y de asistencia social, no debe pretender substituir la libre iniciativa de los particulares, ya que de esta forma genera dependencia, apatía e indiferencia.

La entrega directa de dádivas en lugar de ser oferta de libertad, se puede convertir en garantía de esclavitud. Un Estado que pretende ser el sostén de la ciudadanía se convierte en una abominación, en un padre despótico que decide a quiénes ayudar y cuándo ayudarles y que establece con los gobernados una relación de subordinación. De ahí que toda política social deba estar circunscrita, claramente focalizada, ser temporal y aplicarse bajo criterios técnicos.

Manuel Gómez Morin fue un acérrimo crítico de la improvisación a la que oponía la técnica “que no quiere decir ciencia. Que la supone, pero a la vez supera realizándola subordinada a un criterio moral, a un ideal humano”. La técnica es fundamental para toda política social que atienda al complejo fenómeno de la pobreza a partir de un diseño metodológicamente orientado que, para el fundador del PAN, se da en tres etapas: conocimiento de la realidad, “ahondando cada fenómeno hasta encontrar su exacta naturaleza tras los externos aspectos artificiales”; propósito o sea, la “determinación concreta de un fin con realización posible según nuestra verdadera capacidad”; y pericia “en el procedimiento que haya de seguirse para transformar los hechos según el tipo que proporcione el propósito perseguido”.

En resumen, la técnica base fundamental para un buen diseño de políticas sociales, debe consistir, de acuerdo con Gómez Morin, en la: “Íntima unión de realidad, propósito y procedimiento, de manera que en un solo acto espiritual el propósito elegido ilustre el conocimiento de la realidad, el conocimiento determine la elección del propósito y conocimiento e ideal entreguen los medios que deben utilizarse, determinen e impongan la acción”. Política social sin técnica deviene en improvisación y ocurrencia, y puede llevar a una derrama inútil de recursos que, en lugar de combatir la pobreza, la profundice y perpetúe.

 

Twitter: @JavierBrownC

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