Sobre la Renta Básica Universal
Publicada el Mie, Nov 22, 2017

Por Fernando Rodríguez Doval.

En medio de la conversación política nacional, una idea novedosa –y por qué no decirlo, polémica— se ha puesto sobre la mesa: la posibilidad de garantizar una Renta Básica Universal (RBU) a cada ciudadano. Propuesta por el Frente Ciudadano por México, la RBU sobresale en medio del maremágnum de declaraciones, estridencias y descalificaciones acerca de candidaturas, alianzas, métodos o independientes y ha abierto un debate acerca del modelo de política social que nuestro país requiere; aunque sólo sea por eso, ya es motivo de celebración.

México es un país con cifras de pobreza y de desigualdad verdaderamente alarmantes. Según el Consejo para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 44% de la población vive en situación de pobreza, lo que equivale a 53 millones de personas. En 1992, cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Social, el porcentaje de mexicanos cuyo ingreso estaba por debajo de la línea de bienestar era del 53.1%; ahora lo es de 50.6% (se considera que están por debajo de la línea de bienestar económico aquellos que ganan menos de 2,542 pesos al mes en el medio urbano, y 1,614 en el medio rural; y forman parte de la pobreza extrema quienes ganan menos de 1,242 pesos al mes en el medio urbano y 868 pesos al mes en el medio rural).

Esto quiere decir que después de 25 años de enormes cantidades de recursos destinadas a programas sociales, prácticamente seguimos teniendo el mismo número de pobres en México. Algo (o mucho) está fallando con nuestra política social.

La política social en México está soportada en una burocracia gigantesca (encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social) que diseña y ejecuta programas destinados a la población que menos tiene. En no pocas ocasiones, los funcionarios encargados de proveer los apoyos son también importantes operadores políticos del partido en el gobierno (en los años que el PAN gobernó, esto no fue la excepción). De esta forma, la política social no se ha concebido con una visión subsidiaria de aumento de capacidades para así igualar oportunidades e incrementar libertades (con notables excepciones, como el programa Oportunidades en sus inicios), sino con una visión clientelar de dependencia político-electoral en la que la discrecionalidad gubernamental es evidente. Para muestra, el actual Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, es un prominente operador priista del grupo Atlacomulco que no tiene la más mínima noción de economía ni de desarrollo humano pero, en cambio, es experto en todo tipo de mañas electorales. Queda claro que con este modelo no podemos continuar.

En esta necesidad de replantear y reordenar con audacia la política social es donde se inscribe la propuesta de garantizar una Renta Básica Universal (RBU) con el propósito de erradicar la pobreza extrema. La RBU puede ser un instrumento al servicio de los ciudadanos para que, con libertad y sin burocracia, decidan qué hacer con un recurso que hoy reciben, tarde y mal, mediante costosos e ineficientes programas sociales.

Pero hay otros motivos que hacen atractiva esta propuesta y que están llevando a varios países del mundo a comenzar a implementarla. La nueva realidad económica, definida por el progreso tecnológico y la automatización y robotización del trabajo, puede traer consigo una paradoja: más riqueza que en cualquier otra época, pero también mayor desempleo. Las distancias entre ricos y pobres pueden volverse infinitas.

Bien diseñada, la RBU puede convertirse en una inversión a largo plazo. La pobreza trae muchos costos humanos y económicos: genera más delincuencia, menor productividad laboral y profesional, mayores enfermedades. Erradicar la pobreza podría ser más barato para el Estado que combatir los efectos perniciosos que ocasiona. Permitiría a los ciudadanos tener una plataforma mínima desde la cual arriesgarse y emprender.

Por supuesto que la propuesta de la RBU trae consigo dilemas que hay que resolver: ¿debe entregarse a toda la población o únicamente a los que estén en edad de trabajar? ¿También los que no la necesiten pueden recibirla o solamente quienes estén por debajo de la línea de bienestar? ¿El reordenamiento de los actuales programas sociales es suficiente para financiarla o se debe acompañar de una reforma fiscal y de una racionalización de otros gastos del Estado? El tema, por supuesto, no admite soluciones fáciles ni simplistas, pero tampoco prejuicios de quienes piensan que el status quo no puede cambiarse con intrepidez.

Decía Efraín González Morfín que “frente al escandaloso desequilibrio político y a la ostentosa y desigual distribución de los bienes, son necesarias medidas revolucionarias para que operen o se transformen las estructuras políticas, económicas y sociales del país”. A pesar de que expresó lo anterior en 1969, la frase sigue teniendo plena vigencia. La actual pobreza que padece casi la mitad de la población, aunada a la desigualdad lacerante que se padece en México, atenta claramente contra la dignidad humana, por lo que exige acciones decididas para combatirla por parte del Estado y de la sociedad. La RBU puede ser una de ellas. Conviene estudiarla a fondo y con serenidad.

Fernando Rodríguez Doval es Secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional

Twitter: @ferdoval 

 

 

 

 

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