SFP, ciega, sorda y muda
Publicada el Jue, Nov 26, 2020

Por Andrés Castro Cid.

El partido en el Gobierno federal –MORENA- ha salido igual o más corrupto que el Revolucionario Institucional. De acuerdo con trabajos periodísticos bien fundamentados han salido a la luz prácticas para desviar recursos una y otra vez (otorgan contratos a sus amigos muy a modo, incurren en delitos de peculado, lavado de dinero, abuso de funciones, entre otras prácticas), que contravienen el discurso de López Obrador: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Ante este escenario, el PAN ha presentado denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien se ha hecho de la “vista gorda” y ha hecho oídos sordos a dichas demandas, incluso a exonerado a un personaje tan polémico como Manuel Bartlett Díaz, quien a todas luces ocultó 26 propiedades. Sin embargo, la Secretaría argumentó que no ocultó bienes ni hubo conflicto de intereses, además de que su pareja sentimental no tenía obligación de declarar su patrimonio.

Conforme pasan los meses surgen nuevos casos de corrupción en esta mal llamada cuarta transformación y para hablar de los últimos casos en este gobierno, la revista La Nación le pidió su opinión al Coordinador Nacional Jurídico del PAN, Raymundo Bolaños Azocar.

Y como primer tema para analizar destacó la inacción del gobierno sobre las denuncias de Jaime Cárdenas, quien al dejar la dirección general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) denunció irregularidades administrativas y de procedimientos de valuación, mutilación de joyas, contratos favorables a empresas y conductas de servidores públicos contrarias a las normas. “Las denuncias hechas por el ex director de este instituto seguramente serán congeladas, no se tiene la esperanza de que puedan caminar las denuncias realizadas por Cárdenas mientras estén al cobijo de López Obrador los funcionarios involucrados”.

Precisó que lo sucedido en el INDEP es un robo, un daño al erario público, entonces, hay una responsabilidad de carácter administrativo con los funcionarios encargados del resguardo de las joyas, y también hay una responsabilidad de carácter administrativo para los funcionarios que favorezcan a ciertas empresas, para las y los que no generan piso parejo entre los proveedores del Gobierno federal. La Secretaría de la Función Pública tuvo que abrir carpetas de investigación, realizar pesquisas y hoy deberían existir denuncias en contra de quienes tenían que resguardar las joyas.

“También, por lo menos, deberían existir expedientes de investigación ya avanzados para solicitar, para resolver la destitución de los cargos y la inhabilitación para trabajar en el servicio público de los funcionarios encargados de otorgar los contratos de proveedores y no los hay, no existen; si hay un robo denunciado por parte de quien fue titular del Instituto y sigue sin existir, por parte de Función Pública, una denuncia por daño al erario público, por robo, entonces tenemos una Secretaría de la Función Pública ciega, sorda y muda”, denunció.

Al abordar el caso de los viajes del ex subsecretario para América del Norte y único negociador del T-MEC, Jesús Seade, quien voló en cinco ocasiones a Hong Kong para visitar a su familia con recursos públicos, Bolaños Azocar opinó que sí hubo una acusación por malgasto o desvío de más de 600 mil pesos del erario público. “Es un daño al erario público que tendría que ser investigado, una desviación de recursos públicos que conllevaría a una inhabilitación inmediata para que no pudiera laborar en el Gobierno federal, en ninguna de las administraciones públicas del país por un periodo no mayor a 10 años; también existe un daño patrimonial al Estado mexicano y debe llevarse a cabo un procedimiento de carácter penal y una reparación de daños”.

En lo que se refiere al delito en que incurrió el actual vocero del Gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, quien se presume utilizó una empresa fantasma para financiar la propaganda de MORENA, y el caso de Alejandro Esquer, secretario particular de Andrés Manuel, quien podría haber incurrido en delitos electorales, tanto en el uso de empresas fantasma, como en falsear información al INE, el Coordinador Nacional Jurídico aseguró que en ambos casos lo que tiene que proceder es la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, para hacer la investigación respecto a estas empresas fantasma.

“Y más aún cuando se trata de una empresa fantasma encargada de hacer una promoción de un partido político, resulta imperdonable que exista esto, en especial en los temas de fiscalización que han ido evolucionando con la norma electoral.

“Tendría que haber una coparticipación con la UIF y la FEPADE, e imponer primero las sanciones contra la empresa y luego las sanciones contra MORENA, esas serían de manera directa, impactar el financiamiento público a través de la prerrogativa que se destina en el Presupuesto de Egresos y buscar a los responsables para que den la explicación correspondiente por lo menos. Es evidente que hay una red atrás de toda esta situación”.

La cuarta transformación, continuó, es una mentira, se ha quedado muy corta en las promesas realizadas, significa la opacidad máxima del gobierno y la persecución también en su máxima expresión para todos los críticos. Aquí no hay adversarios, no hay opositores, hay críticos y, por supuesto, que los partidos de oposición tienen la obligación no sólo moral, sino inclusive constitucional de observar, vigilar y fiscalizar lo que hace la administración pública federal, y esto se hace a través de las cámaras de Diputados y Senadores.

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