Polémica, pero necesaria
Publicada el Vie, Mar 17, 2017

Por Santiago Díaz-Dopazo.

El abogado y profesor de la Universidad Panamericana, Rodrigo Soto-Morales, platicó con la revista La Nación sobre la iniciativa de ley de Seguridad Interior que actualmente se debate en el Congreso de la Unión. Al respecto, señaló que es prioritario regular las acciones del Ejército en temas de seguridad pública, para dotarlos de un marco constitucional que elimine confusiones operativas y genere certeza en sus acciones.

El también Doctor en Derecho por parte de la Universidad Panamericana y doctor en filosofía de la Universidad de Navarra, expresó que actualmente el Ejército se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que forma parte de la Ley General de Seguridad Publica.

“La milicia cuenta con la facultad de poder intervenir de manera específica de acuerdo a sus leyes orgánicas, mismas que constituyen parte de la sentencia de responsabilidad del fuero civil de los militares en acciones de policía, dictaminada en 2001 por la Suprema Corte de Justicia”.

Consideró que las operaciones llevadas a cabo por soldados en instancias que le competen a las fuerzas policiales, tiene como nexo causal la cadena de mando militar. “Es un ejercicio de obediencia que comienza desde el grado de mayor jerarquía hacía el menor, por parte de los soldados con respecto a sus superiores”.

En los últimos años, las intervenciones militares se dieron de manera frecuente debido al ambiente de inseguridad y delincuencia que reinaba en el país, lo que desencadenó el debate sobre las iniciativas de Ley de Seguridad Interior.

En ese sentido, Soto-Morales resaltó la importancia de ubicar a esta posible nueva ley dentro de su adecuado ámbito. “No se trata de una cuestión de seguridad pública, ya que ésta custodia primordialmente la integridad  de los ciudadanos. La estabilidad púbica debe competer a las fuerzas locales y municipales, entendidas como la policía”.

Lamentablemente, continuó, muchos de estos municipios se encuentran quebrados económicamente o coludidos con el crimen organizado, lo que obliga a la injerencia marcial. Es por ello que la seguridad interior debe ser parte de la agenda de la seguridad nacional, que busca la preservación y la soberanía de las instituciones nacionales.

De acuerdo con el especialista en Seguridad Pública, la nueva iniciativa de Ley Interior tiene dos objetivos nucleares: Primero, busca dotar de seguridad jurídica al Ejército para que no se les pida ejecutar acciones más allá de su correspondencia, además de brindar claridad de acción a la hora de tener que responder a una petición de apoyo por parte de una jurisdicción local.

“Estas acciones se deben de entender desde una perspectiva de responsabilidad compartida y desarrolladas bajo el principio de subsidiariedad. Las intervenciones del Ejército convendrán ser limitadas únicamente a las situaciones apremiantes. No es viable para el Gobierno que el Ejército se encuentre arbitrando en todo momento”, apuntó.

El segundo objetivo está encauzado a forjar condiciones que regulen las peticiones de asistencia hacia el Ejército por parte de los gobiernos locales. La nueva ley buscara que las intrusiones de la milicia estén debidamente controladas y concretadas temporalmente. A grandes rasgos busca reintegrar el orden institucional de las policías locales.

El profesor de la Universidad Panamericana estableció que lo importante es que este proceso de promulgación se haga alejado de cualquier pretensión electoral por parte de los partidos y, en cambio, se haga con la suficiente madurez política, al tratarse de un tema básico para la convivencia nacional.

Críticas a la ley

Una de las grandes detracciones a esta legislación es el peligro de militarizar al país. Sin embargo, para Rodrigo Soto-Morales la cuestión no tiene que ver con si se trata de algo bueno o malo, sino de si es necesario o no. “Esta necesidad siempre debe estar centrada en la obligación del restablecimiento de las fuerzas locales, para restringir el despliegue militar”.

Explicó que la viabilidad de la militarización debe conllevar una justificación, controles aprobados y un periodo explícito. La duración es especialmente importante para evitar conductas parasitarias de las administraciones locales, que aprovechan la intervención militar para evitar compromisos y echar la culpa de los resultados negativos al Gobierno federal, estimó

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la inicitativa puede vulnerar los derechos de la ciudadanía, como la libertad de expresión, la libertad de tránsito y la protesta social. Soto-Morales opinó que existe una tendencia, por parte de las instituciones garantes de los derechos de las personas, de juzgar y condenar acciones, algo natural dentro de un país donde se respeta el Estado de Derecho. Sin embargo, añadió, esta condición condenatoria muchas veces se centra en los últimos efectos de una acción. Lo que se debe hacer considerar todas las acciones, no exclusivamente las últimas.

Ley de Seguridad Nacional

En noviembre de 2015, el diputado panista, Jorge Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, presentó ante el pleno una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, cuyo propósito es el establecimiento de un marco de actuación claro de las Fuerza Armadas –Ejército y Marina- para atender los casos en los cuales las instituciones de seguridad pública local no estén en condiciones de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Pretendemos contar con un catálogo claro de supuestos de afectación a la seguridad interior, con un procedimiento racional para tomar decisiones en la materia y con un marco jurídico que permita a las Fuerzas Armadas, en el supuesto de que sean llamadas conforme a esta lógica para intervenir transitoriamente, puedan actuar eficazmente y bajo el marco de la ley”, explicó en entrevista con La Nación.