Y... ¿dónde está Rocha Moya?

Han pasado ya dos semanas desde que el gobierno de Estados Unidos presentó la solicitud de detención con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. En esas dos semanas el gobierno de Morena no ha hecho absolutamente nada para investigar a los involucrados, extraditarlos, esclarecer los hechos y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la infiltración criminal en la política. Lo único que hemos visto es una estrategia desesperada de distracción.

Mientras el país enfrenta uno de los escándalos más graves de presunta narcopolítica en la historia reciente, Morena intenta cambiar la conversación pública con conciertos en el Zócalo, saludos desde balcones presidenciales y hasta anuncios tan absurdos como recortar un mes de clases por el Mundial. Como si el problema de México fuera el entretenimiento y no la posible captura criminal de instituciones públicas, como si bastara con saturar la agenda de frivolidades para que los ciudadanos olviden lo verdaderamente importante: que hoy existe una acusación internacional que señala a integrantes del poder político mexicano de haber recibido apoyo del narcotráfico a cambio de favores, protección y control institucional.

Lo más grave no es solamente la acusación sino la reacción del gobierno federal. En lugar de asumir la gravedad del caso, Morena decidió cerrar filas con los presuntos criminales. La respuesta oficial ha sido desacreditar las investigaciones, cuestionar las pruebas y presentarse como víctima de una supuesta intervención extranjera. La presidenta incluso pidió a Estados Unidos revisar la urgencia de su solicitud, mientras funcionarios de la fiscalía y de la Consejería Jurídica han insistido en que no hay suficientes elementos para actuar.

Nunca habíamos visto algo así en México. Nunca habíamos tenido una horda de gobernantes y funcionarios cercanos al poder señalados internacionalmente por presuntos vínculos con el crimen organizado, a varios de ellos con visas retiradas, y ahora incluso enfrentando solicitudes de extradición. Lo que antes parecían denuncias aisladas hoy empieza a dibujar un patrón profundamente alarmante, gobernadores, alcaldes, legisladores y operadores políticos presuntamente ligados a estructuras criminales que habrían operado con absoluta impunidad bajo el cobijo del poder.

Mientras Morena intenta victimizarse y hablar de soberanía, la información que ha salido a la luz pública resulta devastadora. Las investigaciones estadounidenses hablan de reuniones con integrantes del Cártel de Sinaloa, apoyos electorales ilegales, intimidación a opositores y entrega de posiciones estratégicas de gobierno a personas vinculadas con organizaciones criminales. No se trata de rumores de redes sociales ni de “golpeteo político”, son acusaciones formuladas por fiscales federales y respaldadas por investigaciones de agencias estadounidenses. Y a ello se suma algo imposible de ocultar, que es el evidente enriquecimiento ilícito de muchos de estos personajes.

Lo más preocupante es el mensaje que se manda al país. Cuando un gobierno protege sistemáticamente a los suyos, incluso frente a señalamientos tan graves, lo que se destruye no es solamente la confianza pública sino también el Estado de derecho, porque ningún país puede aspirar a combatir al crimen organizado si quienes gobiernan son sospechosos de haber llegado al poder con su respaldo.

Morena quiere distraer. Quiere que la conversación pública gire alrededor de espectáculos, propaganda y ocurrencias. Pero México no puede permitirse olvidar lo esencial. Hoy existen acusaciones gravísimas que apuntan a la posible infiltración criminal en las más altas esferas del poder político, y frente a eso, el silencio, la protección y la simulación también son formas de complicidad.