Pacto para la contención de la inflación

Frente a la escalada inflacionaria que ronda los 7 puntos porcentuales y en el contexto del reconocimiento expreso de la Secretaría de Hacienda, en voz del subsecretario Yorio, en el sentido de que dejó de ser un fenómeno transitorio que requerirá por lo menos 18 meses para empezar a controlarse, el presidente López Obrador anunció una estrategia que, por lo que puede observarse, imita los modelos aplicados por Miguel de la Madrid (Pacto de Solidaridad Económica, PSE) y Carlos Salinas de Gortari (Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, PECE) con los que aquéllos gobiernos, de corte netamente neoliberal, intentaron combatir el fenómeno inflacionario.

Pero López Obrador le da a esa vieja receta su toque personal y decide violentar directamente la Constitución, ignorando a un organismo autónomo de rango constitucional; por ello, determina que en su estrategia no participará la Comisión de Competencia Económica (COFECE), organismo que, en términos de lo ordenado por el artículo 28 de la Constitución, es responsable de regular el acceso a insumos esenciales en beneficio de la población.

Ya sabemos los resultados de las decisiones de López Obrador cuando decide violentar las funciones de los órganos autónomos, así que es de esperarse que la estrategia anti-inflación acabe convertida en un nuevo fracaso que golpeará de manera directa la economía de la población más vulnerable.

 

Decretos aeroportuarios

Tras un mes y medio de observar la desolación en que acabó convertido el aeropuerto Felipe Ángeles, el Gobierno federal se impacienta y lanza un par de decretos absurdos para obligar a las empresas de aviación a mudarse al nuevo aeropuerto.

Según el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, la medida se toma para resolver la saturación del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, con una reducción del 20 por ciento de las operaciones diarias. El gobierno espera que esas operaciones se trasladen al Felipe Ángeles.

Las empresas de aviación no recibieron con agrado la medida, ya que tienen claro que se trata de un golpe arbitrario para obligarlos a operar desde un aeropuerto que no reúne las condiciones necesarias para atender a los pasajeros que sueña López Obrador.

Así, es evidente que la medida es una reacción autoritaria a la baja demanda que tiene una de las obras insignia del presidente. López Obrador arremete con furia con tal de que no se sigan difundiendo imágenes de pasillos vacíos y noticias de rutas canceladas.

Apenas la semana pasada informaba que estaba teniendo comunicaciones con los directivos de Aeroméxico para que no cancelaran el vuelo a Villahermosa y con las otras líneas aéreas para que establecieran nuevas rutas. Es evidente que no recibió la respuesta que esperaba y así replica su famoso y autoritario “tangan para que aprendan”, y emite un acto de gobierno que sólo traerá como consecuencias graves afectaciones económicas a la aviación mexicana y el consecuente encarecimiento del servicio en perjuicio de la población.

El subsecretario informó que habrá un paquete de estímulos para las aerolíneas como, por ejemplo, subsidios en combustible. Lo que no puede entender el gobierno es que establecer rutas obligatoriamente, sin la demanda real en el mercado, es absolutamente incosteable, así te regalen el combustible. La experiencia en este mes y medio deja claro que 20 pasajeros por vuelo imposibilitan operar rutas que no han logrado consolidar su demanda.

Los usuarios de vuelos de avión han dejado claro que no están dispuestos a usar un aeropuerto sin conectividad. Y ese es un asunto que no se resolvió por las prisas y la necesidad de aplausos de un presidente que está perdiendo toda compostura.

 

Traiciones

Después del resultado de la votación que desechó la propuesta de reforma constitucional en materia de energía, los integrantes del oficialismo intentaron echar a andar dos campañas de comunicación con las que apostaron por un gran apoyo popular.

Así, aprobaron en fast track una reforma a la Ley Minera con la que le aseguraban al pueblo de México que la riqueza derivada de la explotación del litio ahora era de los mexicanos.

En paralelo, arrancaron la campaña que, cuando a la historia le toque juzgar, será calificada como el culmen de la ruindad, la mezquindad y el desprecio por los valores de la civilidad democrática: la campaña de los traidores a la patria en contra de todas las diputadas y diputados que decidimos impedir el daño que significaba la propuesta de López Obrador.

En un desenfrenado paroxismo de odio y de resentimiento, los mexicanos presenciamos la versión de Morena de la antigua “cargada”. Todos, al unísono, sin pudor alguno y con notas muy cercanas al fascismo con su lenguaje bélico, se lanzaron a las calles, a las plazas y a las redes a acusar a los miembros de la oposición democrática de “Traidores a la Patria”.

Como en todos los modelos de descalificación autoritaria, nadie se molestó en justificar el epíteto, como vengadores con fuero se lanzaron a acusar, calumniar, denostar y ofender con la certeza absoluta de que el sentimiento del pueblo de México recibiría como tierra fértil ese mensaje y reaccionaría castigando a los diputados de oposición.

Aparentemente esas apuestas fracasaron. Lejos de encontrar el respaldo popular que esperaban, el pueblo de México rechazó la actitud beligerante del oficialismo.

Por otro lado, no parece que la sociedad esté confiada en la existencia real de la abundante riqueza que se obtendría del litio.

Y así, en pocos días, el mensaje perdió fuerza, todo el mundo está ocupado en sus quehaceres diarios y cada vez se percibe menos entusiasmo por la próxima bola de humo presidencial.

Sin embargo, además del tercer fracaso consecutivo en el diseño de estrategias de corte electoral, parece ser que el oficialismo jugó con fuego al elegir la acusación de traición a la patria.

Apenas unos días después, en el marco de las campañas electorales en los Estados Unidos, el ex presidente de esa nación platicó, como anécdota, cómo doblegó al gobierno mexicano para que pusiera al servicio de los intereses norteamericanos a más de 25 mil efectivos de las fuerzas armadas mexicanas.

Seguramente a nadie sorprendió la nota. Pero lo que no podemos entender, ni la sociedad organizada, ni las bancadas de oposición en el Congreso federal, es por qué ni el gobierno, ni la bancada oficial, han desmentido y aclarado la acusación de Trump.

Un mínimo de respeto al pueblo de México, un poco de dignidad política y vergüenza pública, debe provocar un desmentido claro y contundente del gobierno y sus bancadas.

Porque poner al servicio de un gobierno extranjero a 25 mil elementos de las fuerzas armadas, y gratis, es un acto que puede ser entendido por el pueblo de México como una gigantesca traición a nuestra soberanía, una burla a nuestros principios de derecho internacional y, en el extremo, una franca cobardía.

 

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C