Aunque en México el camino hacia la democracia ha sido largo, aún falta mucho por construir y consolidar. Es por ello que las próximas elecciones resultan cruciales; sobre todo, ante la actitud antidemocrática del Gobierno federal, manifestada reiteradamente en lo que va del sexenio.

El ejemplo más reciente han sido las amenazas de MORENA y del PT en contra del INE y de sus consejeros, a causa del acuerdo aprobado por el órgano electoral para evitar la sobrerrepresentación en la próxima legislatura.

El acuerdo del INE busca hacer cumplir la Constitución que establece que “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida” (art. 54). Lo cual se violó en el 2018 cuando, con fraude a la ley, se le asignó a MORENA una sobrerrepresentación con el 18.1 por ciento; más del doble de lo permitido.

Pero estos arranques autoritarios son una constante. Una semana atrás el ataque era en contra del Poder Judicial tras las medidas cautelares a la reforma eléctrica. Una reforma que se prevé sea frenada por violar los artículos 4, 14, 16 y 92 de nuestra Carta Magna. Ante esta situación, el presidente ha amenazado con cambiar la Constitución.

Y días antes los embates eran en contra de la Auditoría Superior, por su informe sobre los costos de la cancelación del aeropuerto. Las presiones lograron la separación del auditor encargado del informe y la retractación de la Auditoría. Entre otros tantos ejemplos de este tipo de embates.

El politólogo Jan-Werner Müller, en su ensayo “Populismo y Constitucionalismo”, afirma que existen varias razones por las cuales los gobiernos populistas son intrínsecamente hostiles contra los mecanismos asociados con el constitucionalismo, como son los controles y contrapesos, las protecciones a las minorías o los derechos fundamentales.[1]

La razón es que estos gobiernos afirman, en el discurso, ser los representantes del pueblo en una lucha contra la “élite en el poder”. Y se valen de este pretexto para poner en duda cualquier institución que a su parecer sea “moralmente” incorrecta.

A su vez, son “anti-pluralistas”, pues sostienen que ellos y sólo ellos representan a los “intereses del pueblo”; excluyendo con esto a otros partidos y asociaciones. Y esta argucia la utilizan para justificar acciones como: a) la colonización del estado; b) el clientelismo masivo; c) el legalismo discriminatorio y d) la represión a la sociedad civil. [2]

El profesor Müller sostiene que la “colonización del estado”, que busca consolidar el poder, no es exclusiva de los populismos. Pero lo particular de estos es que la realizan abiertamente argumentando ser los representantes del pueblo. Y de tener suficiente poder no dudarán en establecer una nueva constitución bajo esta misma excusa.

Asimismo, el “clientelismo de masas” y el “legalismo discriminatorio”, que consiste en que se aplique la ley de forma selectiva, tampoco son exclusivos de estos gobiernos. Lo que distingue al populismo es que lo practican y defienden pretextando que “sólo algunos son realmente el pueblo”.

Finalmente, las organizaciones civiles que los critican socaban su justificación de representación exclusiva de los “intereses del pueblo”. Por esta razón los populistas las atacan y reprimen de manera sistemática, acusándolas de no representar a la sociedad o de defender intereses contrarios al pueblo.

Esta dinámica a la larga quebranta el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Por lo que resulta irónico que quienes argumentan defender “la voluntad del pueblo” terminan destruyendo “el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo”, para sustituirlo por el gobierno de una élite que se autoproclama como el intérprete único de la “voluntad popular”.

Desde su fundación, Acción Nacional ha luchado para instaurar la democracia en nuestro país. Hoy, a dos meses de las elecciones federales, estamos llamados a redoblar los esfuerzos. Y una de nuestras prioridades debe ser lograr que la composición de la Cámara de Diputados garantice que ésta sirva como contrapeso de poder, así como para la defensa de la democracia que tanto esfuerzo nos ha costado construir.

 

Marco Antonio Adame Castillo es Diputado Federal y Secretario de la Comisión de Desarrollo Social en la LXIV Legislatura.

Twitter: @MarcoAdame

 

[1] Cfr. Müller, J. (2017). Populism and Constitucionalism. En Rovira Kaltwasser, C., Taggart, P. A., Ochoa Espejo, P., & Ostiguy, P. (2017). The Oxford Handbook of Populism

[2] Ibid. P 596