El flagelo de la corrupción no ha logrado desaparecer del espectro nacional. Desde la época de la Colonia la corrupción ya existía, la Independencia no la eliminó. En la primera Constitución Independiente y después en las Leyes de Reforma se crearon y reformaron leyes para propiciar el comportamiento ético de los funcionarios públicos. Al no dar resultados eran suplidas por otras o se reinstalaban las anteriores. Allí empezó el azaroso destino de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Con don Porfirio y después de él, la corrupción siguió, en la Revolución y después de ella también. Jean Meyer afirmó en una entrevista que la corrupción fue un fenómeno inevitable de la Revolución de 1910; los jefes del ejército y los caudillos revolucionarios que llegaron al poder consideraban su enriquecimiento ilegal como justo pago a los riesgos que corrieron en la lucha armada.

En la Constitución de 1917 se ampliaron las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda que dependía del Poder Legislativo. El presidente Carranza creó el departamento de la Contraloría para librarse de la obligación de rendirle cuentas y la Contaduría se volvió un aparato de simulación; así, Carranza y sus sucesores, Obregón, Calles, Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, pudieron disponer a su antojo del dinero de la nación.

Con el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se consolidó el presidencialismo (1935-40). Para mantener la estabilidad y neutralizar a la oposición se permitió cierto grado de corrupción, lo cual se consideraba benéfico. El presidente Ávila Camacho, quien lo sucedió, creó la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos.

Con el presidente Miguel Alemán la corrupción no se quedó en el enriquecimiento personal y de un grupo, sino que se estableció como el espíritu de la apropiación capitalista incrustada en el sector público.

Ruiz Cortines se propuso sustituir la imagen de despilfarro y corrupción por una imagen de moral y austeridad pública. Estableció la declaración de bienes de los funcionarios públicos.

López Mateos reformó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; las oficinas del Ejecutivo debían mandarle sus estados de contabilidad y el órgano de control disponía de un año para realizar la revisión.

José López Portillo reformó nuevamente la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos para que registraran periódicamente sus bienes ante la Procuraduría. Promovió dar mayor poder de supervisión al Congreso, creó módulos de información en las oficinas gubernamentales y reformó la Ley Orgánica de Contabilidad Pública que otorgó más facultades a los diputados para supervisar y sancionar el uso de recursos públicos de los gobernantes. Emprendió una campaña anticorrupción, se enjuició y se mandó a prisión al Director de PEMEX.

Miguel de la Madrid lanzó la campaña “La Renovación Moral”. Pidió disciplina en el ejercicio del gasto y vigilancia y evaluación de la gestión y responsabilidad de los servidores públicos. Promovió la simplificación administrativa y estableció un sistema para quejas y denuncias. Su sucesor, Carlos Salinas, también promovió gran campaña moralizadora.

Ernesto Zedillo estableció la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Creó el Programa de Contraloría Social que incluía la participación ciudadana en el control, vigilancia y evaluación de los programas. Estableció la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. A pesar de los buenos propósitos y las nuevas reglas, la corrupción siguió.

El cúmulo de leyes y sus reformas realizadas cada sexenio no han logrado eliminar el flagelo de la corrupción. El escepticismo se ha generalizado y cada vez aparecen formas renovadas para disponer de los recursos públicos para beneficios privados.

El actual gobierno también ha tenido como propósito el combate a la corrupción y permanentemente insiste en ese propósito, pero hasta ahora no se han visto cambios y los ilícitos se siguen dando. ¿Algún día veremos el cambio?

 

María Elena Álvarez de Vicencio es Directora del Centro de Estudios para la Mujer Blanca Magrassi y Consejera Nacional del PAN.