Como el presidente López Obrador decidió anticipar más de tres años la lucha dentro de Morena por la candidatura del 2024, hemos sido testigos de acciones típicas de un proceso sucesorio muy adelantado desde finales del 2021. En esa dinámica que, desde luego, forma parte de la lógica interna y de las estrategias del partido del presidente, se puso sobre la mesa una discusión que rebasa los límites de interés de la vida partidista y adquiere relevancia general por las implicaciones que pueden derivarse para el futuro de la democracia mexicana.

En la lucha sucesoria dentro de Morena, Ricardo Monreal se presenta como el más alejado del favor presidencial. El líder de los senadores de Morena decidió jugar sus cartas. Por ello, hace unos días ofreció una entrevista publicada en el periódico Reforma -prototipo de los medios de comunicación que, en su ejercicio de la libertad de expresión, más molestan al presidente- e hizo estallar una bomba política dirigida al centro de flotación de sus adversarios en la carrera presidencial: “los radicales acabarán con el país” en clara referencia a los grupos políticos dentro de Morena que apoyan la candidatura de la jefa de Gobierno.

El presidente López Obrador reaccionó al mensaje tratando de diluir la gravedad de la afirmación. Minimizó la potencia del señalamiento definiendo a los radicales como aquéllos que tienen que ver con las raíces.

Según el presidente, el gobierno que encabeza es radical porque pretende alcanzar cambios de raíz. Lo cierto es que la imputación de Monreal no se refiere a la aspiración reformista del gobierno. Realmente el cuestionamiento se dirige a los integrantes de Morena que se asumen como extremosos, tajantes, intransigentes.

El grupo al que se refiere Monreal está formado por quienes, dentro de Morena, aspiran a seguir los pasos de la Izquierda Radical Latinoamericana del siglo XXI, Venezuela (Hugo Chávez–Maduro), Bolivia (Evo Morales) y Ecuador (Rafael Correa), que tienen como principal característica favorecer el conflicto y la polarización política en contra de mensajes o posturas moderadas que privilegian evitar la discordia para lograr consensos.

Claramente la estrategia de López Obrador a lo largo de estos tres años de gobierno se fundó en la construcción de conflictos para polarizar al máximo a la sociedad. Sin duda lo ha logrado y este resultado explica los niveles de aprobación que mantiene hasta el día de hoy. Es evidente que esta dinámica se convierte en un incentivo para el presidente y Morena, para extremar la polarización confiando en que ese es el escenario que les augura los mejores resultados electorales para los procesos de este año y los siguientes hasta la elección del 2024.

Por ello, no extraña que desde la oficina del Ejecutivo se mantengan e incrementen los ataques en contra del INE y sus intentos por dañar su autonomía; que no pase un solo día sin que el presidente descalifique a sus oponentes políticos, a la prensa, a la clase media o al enemigo imaginario elegido cada mañana.

Es tan evidente esta propensión al radicalismo (o la presión que esa ala de Morena ejerce sobre el presidente), que apenas hace un par de días, López Obrador descalificó públicamente a Marcelo Ebrard -el otro contendiente subido prematuramente a la competencia- contradiciendo el mensaje de no enviar representación mexicana a la toma de posesión de Daniel Ortega y apoyando públicamente a un personaje fuertemente cuestionado por violaciones graves de derechos humanos y ataques al sistema democrático que, casualmente, cumple con el prototipo de personaje de la izquierda radical latinoamericana.

Por todo ello, llama tanto la atención la instalación de las mesas de diálogo entre el Gobierno federal y el Partido Acción Nacional. Después de tres años de oídos sordos y ausencia de diálogo, el presidente le encomienda a su secretario de Gobernación que instale un mecanismo de interlocución con el partido y más llama la atención que públicamente se sostenga que la intención del mecanismo es encontrar soluciones a los más graves desafíos nacionales (seguridad, salud, economía) con la concurrencia de las visiones de Acción Nacional y del gobierno.

Estoy convencido que, si existe seriedad en la decisión del gobierno de dialogar con los partidos políticos de oposición, México podrá encontrar un cauce que, de verdad, aporte soluciones para los enormes retos que se avecinan. Si el gobierno respeta su palabra alcanzará el reconocimiento unánime de todos los actores políticos y romperá la dinámica de cerrazón y tensión que no ha dado frutos y que, al contrario, está provocando deterioro en todos los indicadores de bienestar.

Los próximos meses serán determinantes para valorar la seriedad del Gobierno federal en torno a su intención de diálogo y construcción de acuerdos.

 

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C