La relación de López Obrador con el Poder Judicial Federal ha sido una historia de control con la puesta en práctica de mecanismos para obtener la sumisión de los órganos máximos de impartición de justicia.

La cristalización de esas ambiciones se refleja en la colocación de algunas ministras y ministros en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y en la conquista de algunas voluntades, tanto de la propia Corte como de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación.

Los dos diques fundamentales para detener los intentos de sembrar normas inconstitucionales en México y para impedir la efectividad de los mecanismos de vigilancia y control en el ámbito electoral están en duda.

Desde octubre de 2019, en el primer año del gobierno de López Obrador, iniciaron las presiones y los ataques que, gracias a filtraciones, provocaron la renuncia de un Ministro de la Corte que sería sustituido 11 años antes de que concluyera su encargo y permitiría la tercera designación de López Obrador en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de Juan Luis González Alcántara Carrancá y de Yasmín Esquivel Mossa.

Lo importante es que, en sus declaraciones posteriores a la renuncia, tanto el presidente como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostuvieron la existencia de investigaciones en la Fiscalía General de la República y en la propia UIF, de las que, hasta hoy, nada se sabe que permita afirmar que el Ministro Medina Mora hubiese sido objeto de investigaciones, por lo que su renuncia parece, más bien, una moneda de cambio para no tener que pasar por ese martirio.

Hay que destacar que con la renuncia de Medina Mora, López Obrador pudo proponer a una nueva integrante de la Corte, Margarita Ríos Farjat, sumando allegados en el Pleno del máximo tribunal.

Finalmente, con la vacante del ministro José Fernando Franco González Salas, el Pleno quedó integrado por Loretta Ortiz Ahlf, fundadora de Morena y diputada federal por el Partido del Trabajo y, por tanto, con una clara identificación política con el presidente de México.

En la Sala Superior del Tribunal Electoral la intervención del Poder Ejecutivo fue igual de grave. Aunque sin persecuciones de tipo penal, tras el fallo que determinó la validez de la elección de la gobernadora de Puebla en el 2018, la magistrada Janine Otálora, entonces presidenta del Tribunal, a la que le restaba un año de ejercicio, renunció a esa encomienda argumentando que se vivía una nueva época y que prefería dar un paso de costado para permitir que el Tribunal se adaptara a los cambios.

A toda esta estrategia, hay que añadir el affaire Zaldívar, a quien desde la presidencia de la República y el Congreso de la Unión se le ofreció conservar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 2024 y no hasta diciembre de 2022 como mandataba la ley.

Fuimos testigos del enredo de declaraciones y precauciones que López Obrador y Arturo Zaldívar fueron tejiendo para tratar de concretar la majestuosa inconstitucionalidad, hasta que la propia Corte declaró la inconstitucionalidad del transitorio tan sorpresivo como tramposo que se sembró en el Congreso.

En este marco está asentada la endeble fortaleza del Poder Judicial de la Federación. La gravedad del caso ha sido exhibida en tres momentos vergonzosos para el Poder Judicial de la Federación.

Los tres casos tienen que ver con los ejercicios de democracia participativa. Cuando el presidente López Obrador inició el proceso de consulta popular en el que se supone que se propondría que la gente decidiera si debía juzgarse penalmente a los ex presidentes, se le planteó al Senado una pregunta en la que expresamente se cuestionaba si debía sancionarse por la comisión de delitos a los ex presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña.

Era absolutamente evidente que la pregunta planteada incumplía los requisitos del numeral 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional y que la Corte debía declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, pues se trataba de una materia que restringía y afectaba los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte y trastocaba los procedimientos que contemplan las garantías debidas para la protección de esos derechos en materia penal.

Para evitar el ridículo presidencial, la Corte decidió asumir el propio ridículo y complacer el capricho del presidente. Para ello rehízo la pregunta, generó un galimatías y condenó al fracaso a la consulta que apenas alcanzó el 7 por ciento de participación y significó una burla a los derechos políticos ciudadanos.

Ahora, cuando el país se dispone a estrenar la figura de la revocación de mandato, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atajó la declaratoria de inconstitucionalidad de la pregunta con el voto de tres de los ministros nombrados en el periodo de López Obrador y el de su gran y admirado amigo Arturo Zaldívar.

Por último, a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral vinculó a la Secretaría de Hacienda para que realizara los ajustes presupuestales necesarios para dotar al INE de los recursos necesarios para la ejecución legal de la revocación de mandato, el Magistrado Fuentes Barrera le propuso al Pleno de ese Tribunal declarar que Hacienda cumplió su mandato a pesar de haber negado la asignación solicitada porque emitió una respuesta a la brevedad, fundada y motivada.

Este es un grave ejemplo de cómo un Tribunal renuncia a su misión constitucional y prefiere permitir que se incumplan sus sentencias antes que molestar al poder presidencial. Esa ruta, con tribunales sometidos al Ejecutivo, es el más grave preludio de la muerte de una democracia.

 

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C