Hace más de 20 años leíamos, entre incrédulos y perplejos, las reflexiones de Giovani Sartori, en torno a la transformación producida por la televisión y los multimedios en nuestras estructuras sociales.

En un pequeño y muy popular libro de 1997, el florentino lanzaba una crítica feroz a la tendencia de vaciar de contenido a los asuntos públicos debido a la nueva preponderancia de la comunicación basada en las imágenes, en detrimento de la comunicación basada en el lenguaje oral o escrito.

Para Sartori, la imposición de la imagen atrofiaba la capacidad de abstracción del ser humano, de tal forma que enfrentábamos una época en la que se estaría gestando un nuevo humano, distinto del que se formó mediante las construcciones culturales transmitidas a través del lenguaje, que se distinguiría por la pérdida de la capacidad de crítica.

Casi un cuarto de siglo después de aquellas reflexiones, es muy evidente que la imagen ha consolidado su posición como medio de comunicación en la mayoría de las esferas de la actividad humana. Desde luego, el quehacer político no ha podido sustraerse de esa dinámica y hoy, más que nunca, la consolidación de las carreras políticas requiere de una ardua actividad gerencial en medios masivos y en las redes sociales como instrumento de persuasión.

En México, en los últimos nueve años, hemos sido testigos de dos estilos diferentes de persuasión mediática que se fundan, casi exclusivamente, en la difusión de una imagen del presidente de la República.

Enrique Peña Nieto fundó su popularidad en una permanente exposición televisiva ornamentada con los elementos de una serie producida por Televisa. Andrés Manuel López Obrador intenta sostener su popularidad en la omnipresencia que significan las “mañaneras” y basada en una imagen que mezcla la austeridad de José Mujica y el discurso polarizador de Donald Trump.

En este contexto se inserta el nuevo debate en torno a la Revocación de Mandato del titular del Ejecutivo. Tal como sucedió en el fallido ejercicio de la Consulta Popular de agosto de este año, nuevamente el poder presidencial se usa para vaciar de contenido un ejercicio de democracia participativa para favorecer un intento de show mediático.

Para el primer ejercicio tuvimos que ser testigos de una penosa actuación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a base de maromas circenses, diseñaron una pregunta que asesinó, de origen, cualquier esbozo de seriedad en el ejercicio de ese derecho ciudadano.

Ahora es el Congreso de la Unión quien, para complacer al autócrata, vacía de contenido la figura que se diseñó en la Constitución para dotar a los ciudadanos del derecho a procesar una revocación de mandato.

La Constitución General de la República dispone, en su artículo 35, fracción IX, que la revocación del mandato del presidente de la República es un derecho de la ciudadanía; es decir, la revocación de mandato sólo tiene sentido cuando un grupo poblacional (por lo menos el 3 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal, distribuidos en, por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, otra vez por lo menos, el 3 por ciento de la Lista Nominal de cada entidad) considera que el presidente de la República merece ser separado de su encargo.

En todos los modelos políticos vigentes, la revocación de mandato es un castigo al mal gobierno y, por lo tanto, un derecho ciudadano para detener anticipadamente a un funcionario mediocre, que desempeña mal su encargo y que está resultando costoso para los habitantes del país.

Sin embargo, en México se pretende que la revocación de mandato sea una celebración del presidente de la República; se pretende convocar a la ciudadanía a un ejercicio vacío de contenido, con un alto costo económico y un importante despliegue institucional que tenga como resultado poder presumir un apoyo popular que haga brillar la imagen presidencial.

Como observaba Sartori hace muchos años, la apuesta es vaciar de contenido la reflexión política para privilegiar el show, la imagen por encima del razonamiento y el autoelogio para consolidar un gobierno que carece de sustancia porque no es necesaria para gobernar, aunque ello signifique que López Obrador no sea capaz de generar bienes públicos y que este sexenio tenga que ser recordado como una absoluta pérdida de tiempo y oportunidades.

Por ello, desde el liderazgo de Acción Nacional y los partidos que formamos la coalición legislativa “Va por México”, interpusimos una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Más allá de obsequiarle al presidente otra sesión de fuegos de artificio, lo importante es que, desde nuestra responsabilidad política, se defienda vigorosamente la participación ciudadana como un ejercicio real de derechos plenos.

Es nuestro deber revertir la banalización de la política. Es crucial que sepamos ser dique a la tentación del poder de jugar con la voluntad popular y de usar a las instituciones de manera arbitraria y caprichosa para que los derechos ciudadanos sean reales y exigibles, y no un instrumento mediático pensado en el lucimiento personal.

 

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C