¿Existe actualmente en México la persecución política en contra de la oposición? Muchos políticos y analistas podrán decir que sí, pero también habrá quien diga que el gobierno morenista sólo está haciendo valer la ley. Sin embargo, algo que se debe puntualizar en toda esta vorágine de dichos y contradichos es que el presidente López Obrador no mide con la misma vara a sus aliados y a sus opositores.

Tenemos los casos de sus hermanos, Pío y Martín López Obrador, quienes fueron grabados en flagrancia recibiendo fajos de dinero que según en sus propias palabras era para financiar el movimiento del ahora titular del Poder Ejecutivo. A los hermanos incómodos se suma el de su prima Felipa Obrador, quien por nepotismo obtuvo contratos con Pemex por 365 millones de pesos.

Senadores del PAN denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) –24 de agosto de 2020- a Pío López Obrador por recibir de manera ilegal 2 millones de pesos. En el caso de Felipa Obrador, el PRD hizo lo propio -12 de diciembre de 2020- al levantar una denuncia por presunto tráfico de influencias. En cuanto a Martín, diputados de Acción Nacional -30 de julio de 2021- interpusieron una denuncia por la probable comisión de delitos electorales.

Ha pasado más de un año de la presentación de estas tres denuncias, el resultado: ningún avance en las investigaciones por parte de la FGR o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, cuyo titular, Santiago Nieto Castillo, dijo, 21 de agosto de 2020, que se abriría una investigación en contra de las personas que aparecían en los videos. Hasta el momento nada.

La lentitud pasmosa de estas dos instituciones cuando se trata de avanzar en las investigaciones en contra de los familiares del presidente y sus aliados, hay que sumar los casos de Irma Eréndira Sandoval y Manuel Bartlett, debe alertar y preocupar a los mexicanos, ya que cuando se trata de alguien que está en contra del primer mandatario es de sorprender la celeridad con la que actúan para formular expedientes y acusaciones.

El gobierno de López Obrador es muy parecido al del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, quien utilizaba a las instituciones que impartían justicia para acusar y encarcelar a sus opositores. La diferencia, hasta ahora, era que el priista además utilizaba el poder del garrote y el fusil.

Para muestra están las represiones y matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, la guerra sucia que emprendió en contra de la oposición luego de estos funestos hechos o su presunta intervención en el golpe al director de Excélsior, Julio Scherer (1976).

Las amenazas y descalificación a la oposición, periodistas y medios de comunicación es el pan de todos los días en el gobierno morenista. El uso de las instituciones para intimidar a quienes no están con López Obrador es claro. El presidente es fiel en su convicción: “están conmigo o contra mí”.