Desde el mes de junio de 2018, cuando se conocieron los resultados del proceso electoral de ese año y se empezó a medir la dimensión de la concentración de poder que se acumulaba en manos de Andrés Manuel López Obrador y su partido político, el tema del funcionamiento de la democracia y de los mecanismos de control del poder adquirieron enorme relevancia.

Con la figura de las coaliciones, el grupo político ganador de la contienda obtuvo niveles de representación en el Congreso de la Unión muy superiores al apoyo electoral de la ciudadanía y que pudo evadir los límites de sobrerrepresentación que estipula la Constitución.

Gracias a ello, el presidente de la República se aseguró el control del Poder Legislativo y, por primera vez en décadas, los mexicanos fuimos testigos de un nuevo equilibrio en el que el presidente no encuentra resistencias en el órgano responsable de los mayores controles políticos de nuestro sistema.

Sin los controles políticos y democráticos que supone un Poder Legislativo plural y autónomo, lo que hemos visto es un órgano que obedece el presidente hasta el extremo de aceptar que se le exija aprobar proyectos de ley del presidente sin modificarles ni una coma.

De manera natural, los ciudadanos que no apoyaron el proyecto electoral del presidente López Obrador dirigieron su mirada a todos los instrumentos institucionales que pudieran cumplir el papel de contrapeso del Ejecutivo Federal.

Miramos hacia los gobiernos locales y revisamos sus facultades constitucionales para evitar que en sus territorios se impusieran políticas públicas dañinas o simplemente populistas, sólo para darnos cuenta de que los gobiernos locales están controlados por el gobierno central gracias al manejo del presupuesto y la posibilidad de asfixiarlos frente a eventuales resistencias o rebeldías. El ejemplo de las decisiones relacionadas con el Seguro Popular y la creación del INSABI dejo ver que son contados con los dedos de la mano los gobiernos estatales que pueden oponer un esbozo de resistencia.

Miramos hacia los medios de comunicación y esperamos que sus redacciones y jefes editoriales fueran capaces de soportar la avalancha de acusaciones y denuestos lanzados desde Palacio Nacional para darnos cuenta que, a pesar de la resistencia –heroica en algunos casos- poco a poco se impone la narrativa gubernamental en los espacios mediáticos que durante horas y horas replica los mensajes matutinos del presidente y conserva mínimos espacios en los que se ejerce la crítica seria, informada y profesional.

Miramos a los partidos políticos convencidos de que su rol es ejercer una oposición responsable y patriótica, que pueda contender los abusos y los absurdos del poder, para encontrarnos con que los partidos consolidados en México (PAN, PRI y PRD) están viviendo dos procesos gravísimos para el futuro de la democracia, a saber, un profundo ejercicio de autocrítica que explique los motivos de su distanciamiento de las demandas ciudadanas, y redefiniciones que sustenten su actuar en el futuro. Esos procesos colocan a los partidos con la mirada y las energías vueltas sobre si mismos, con la consecuente disminución de capacidades para cumplir sus tareas opositoras. Al mismo tiempo, observamos cómo nacen nuevas organizaciones partidistas con sospechosas afinidades con el grupo en el poder y cómo se bloquea el nacimiento de organizaciones que puedan resultar incómodas al jefe del Ejecutivo.

Miramos a los órganos autónomos para descubrir que sus capacidades de control están diseñadas para atender aspectos técnicos de temas específicos (competencia económica, control de la inflación, datos estadísticos o funcionamiento de programas sociales, y, el ejemplo paradigma de los últimos días, revisión del ejercicio del gasto público, por ejemplo), pero que no están dotadas para resistir ataques políticos ni pueden enfrentar batallas en esa arena. Así, en cuanto se ven amenazados por el presidente desde el púlpito de Palacio, como sucedió con el Auditor Superior, sus capacidades técnicas quedan irremediablemente disminuidas, su institucionalidad en riesgo y su credibilidad destrozada.

Los mismos fenómenos se observaron con relación a los empresarios organizados, los profesionistas colegiados, las organizaciones de la sociedad civil, los otrora poderosos sindicatos y un largo etcétera.

En todos estos casos, el presidente ha usado con saña su fuerza política para dominar las capacidades de contrapeso de esas organizaciones. López Obrador parece convencido de que su capacidad de concretar sus proyectos de transformación política exigen como condición la inexistencia de resistencias institucionales, por lo que ha dedicado sus primeros dos años de gobierno a erradicar esas posibles resistencias.

Frente a esta realidad, la búsqueda de contrapesos está llevando inevitablemente a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en el último reducto de esperanza.

Cuando todos los instrumentos de control político del poder del presidente han sido metódicamente minados, no queda más remedio que abandonar la política y construir la resistencia desde el Derecho.

La defensa de los Derechos Humanos será la última pista de batalla durante los siguientes años en México. El presidente anticipó este escenario y, por ello, desde los primeros meses de su gestión lanzó un misil teledirigido al ministro Medina Mora que le obsequió un asiento para colocar un ministro incondicional.

Por otra parte, ha desarrollado una estrategia de apariencia de respeto institucional que se funda en una supuesta relación armoniosa con el ministro Presidente de la Corte y amenazas mediáticas de corte populista visibles como la ejercida en el proceso de análisis de la constitucionalidad de la Consulta Popular para juzgar a los ex presidentes, que acabó convertida en un circo de tres pistas (o más) en la que la Corte intentaba defender su papel de revisor constitucional sin chocar definitivamente con el presidente.

La nueva ofensiva presidencial hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sus jueces y a la figura del amparo puede ser la batalla final por preservar un sistema democrático en México. Si el Derecho es incapaz de controlar las pulsiones del poder presidencial en México vamos directo a una regresión de impredecibles consecuencias.

 

Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C