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Por Javier Brown César.
Hoy más que nunca es necesario pensar y actuar en política bajo la más estricta racionalidad. La política no debe ser un juego de suma cero en el que haya ganadores y perdedores absolutos, tampoco un club de amigos o un sistema para el reparto de cuotas y cotos.
La política es la más alta actividad de todas las realizadas al interior de una sociedad, de su recta ordenación y su adecuada marcha dependen la unidad de la comunidad, el orden de las instituciones, la estabilidad social y la prosperidad económica. En resumidas cuentas, una política ordenada es el fundamento de una Patria generosa.
<strong>Dos metáforas</strong>
Si nos pidieran organizar un equipo de futbol y nos ofrecieran la oportunidad de seleccionar a varios jugadores, bajo la consigna de que debemos ganar, seguramente seleccionaríamos a aquéllos que consideramos son los mejores. Sería ridículo formar un equipo de futbol bajo criterios de amistad y compadrazgo, porque entonces, el objetivo final, que es ganar partidos, no se podría realizar.
Si nos pidieran que organizáramos una orquesta y tuviéramos que escoger entre una pléyade de músicos para ejecutar una sinfonía de Beethoven, no cabe la menor duda de que escogeríamos a los mejores. Sería ridículo integrar una orquesta con nuestros amigos o parientes si no son los mejores músicos, porque entonces fracasaríamos, de forma reiterada, en nuestra misión de ejecutar bien una sinfonía.
Tanto en el caso del equipo de futbol como en el de la orquesta no cabe duda que adoptaríamos las mejores decisiones y nos rodearíamos de los mejores elementos para cumplir nuestra misión. En ambos casos tomaríamos decisiones racionales plenamente justificadas.
A la luz de estas metáforas resulta perturbador, por decir lo menos, que para integrar el equipo de quienes van a gobernar la nación, un estado de la República, un municipio o que van a legislar, no se elija a los mejores, los más preparados, los más aptos, quienes han acumulado experiencia y son capaces de dar los mejores resultados. Sin embargo, lo más común es que las administraciones públicas y las legislaturas se integren bajo criterios de cuotas o cotos: se otorgan cargos en función de cotos de poder y de cuotas de lealtad.
Hoy en día, los equipos técnicos de los gobiernos y las legislaturas se suelen conformar con grupos de leales e incondicionales, que no son necesariamente aptos para el cargo. Desafortunadamente los efectos negativos de estas decisiones poco racionales los paga la ciudadanía, quien ve cómo sus impuestos son utilizados para fines diferentes a los que están destinados: en lugar de generarse bienes y servicios públicos de la más alta calidad, se generan bienes y servicios privados, que sólo benefician a las minorías.
<strong>El problema de representación y la crisis de confianza</strong>
La baja racionalidad en la integración de los equipos de trabajo de los gobiernos y las legislaturas es sólo una de las causas de las crisis de representación y confianza que el día de hoy se vive en todo el país. La ciudadanía ya no cree, en un elevado porcentaje, que sus autoridades la representen: ha dejado de esperar que las autoridades estén a su servicio, con lo que se ha perdido la esperanza de que la política sea una actividad noble y notable cuyo fin eminente sea remediar males y hacer frente al dolor evitable que resulta de la injusticia, los malos gobiernos y las malas decisiones.
Un problema adicional de las administraciones públicas y las legislaturas integradas bajo criterios de cuotas y cotos es que no se convierten en sistemas que promuevan la inclusión, la movilidad social y la competividad, lo que se refleja en las estructuras económicas y sociales. Cuando la confianza se vuelve un valor escaso, la democracia, cuya base es la fe mutua, se ve mermada en sus cimientos más firmes.
La crisis de confianza en los partidos, como instancias de agregación de demandas al sistema político, es reforzada por una crisis generalizada de las instituciones públicas y por legislaturas integradas bajo criterios patrimonialistas y clientelares. La ciudadanía, reducida al estatus de clientela electoral, está perdiendo la esperanza de que la política le pueda garantizar un mejor futuro y busca mecanismos, que difícilmente encuentra por la vía institucional, para castigar a la clase política.
<strong>Hacia la racionalidad política</strong>
Un paso necesario para recuperar la confianza ciudadana es la transformación de las formas de hacer política. El primer problema que tiene que enfrentar quien pretenda transformar el modelo patrimonialista y clientelar, que captura las instituciones estatales por parte de grupúsculos políticos ajenos al bien común, es la integración al servicio público de servidores públicos competentes, con experiencia, talento y talante, y con la formación necesaria para desempeñar su trabajo con honestidad, eficacia y eficiencia.
Los gobiernos y las legislaturas no se deben reinventar cada seis o tres años, ya que ello implica elevados costos que se transfieren a la sociedad y deficientes servicios públicos que la ciudadanía padece y paga día con día. La continuidad de las administraciones es un paso necesario para el diseño de sistemas integrales e integrados de gestión gubernamental, para el diseño de procedimientos claros y rápidos que permitan combatir las redes clientelares y de corrupción que permean las estructuras del poder público.
Las decisiones de los cuerpos administrativos y legislativos deben basarse en diagnósticos puntuales de la realidad, que den cuenta de los problemas sociales y que atiendan sus causas en sus raíces. Un ejemplo claro de fracaso en las políticas públicas y la legislación es la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la cual ha fallado no sólo por el inadecuado diseño de políticas, sino también por la incapacidad de los gobiernos para promover la prosperidad, movilizar los mercados laborales y mejorar los sistemas educativos. El resultado visible del fracaso de la política social es un modelo asistencial que no permite romper el círculo generacional de la pobreza. En lugar de productividad y empleo, se generan redes clientelares.
Acción Nacional tiene el reto mayúsculo de abrirse a la ciudadanía postulando candidatos con amplia base social, promoviendo gobiernos abiertos, modernos y al servicio del bien común, y legislaturas cuya misión no sólo sea la presentación de iniciativas de ley a diestra y siniestra, sino el control sobre el poder para evitar sus abusos. Si el Partido, que es una instancia que postula, elige y controla a las autoridades, no da el primer paso hacia la racionalidad política, las crisis de confianza y representatividad se agravarán, poniendo en riesgo nuestra frágil y muy endeble democracia.<br><br>http://revistalanacion.com/noticia/racionalidad-y-politica/2015-10-26)
