Maru Campos: cuando gobernar también significa resistir

En la vida pública hay momentos que ponen a prueba el carácter de las personas y la fortaleza de las instituciones, hay episodios que trascienden la coyuntura política porque obligan a responder una pregunta fundamental: ¿estamos dispuestos a defender el Estado de Derecho incluso cuando hacerlo genera costos políticos?

Como Presidenta Municipal conozco de cerca la responsabilidad que implica tomar decisiones difíciles, sé que la seguridad no se construye con discursos ni con publicaciones en redes sociales. Se construye enfrentando estructuras criminales que durante años han lastimado a nuestras comunidades y también sé que cuando un gobierno actúa contra intereses poderosos, las reacciones llegan tarde o temprano.

Los acontecimientos recientes que involucran a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, deben analizarse con serenidad, con información verificable y con sentido democrático. Las acusaciones, los señalamientos políticos, los citatorios ministeriales y las movilizaciones ciudadanas han generado un intenso debate nacional, por ello, en medio del ruido, vale la pena detenernos a revisar los hechos.

Los hechos detrás de la polémica

En seguridad, la situación es crítica en todo el país, negar el problema sería una tontería, pero hay dos formas de actuar: culpar a los demás o asumir la responsabilidad. Maru Campos optó por lo segundo, la implementación de la Plataforma Centinela es un ejemplo de esto, es una estrategia estatal que usa tecnología para vigilar las calles y coordinar a las policías locales (Campos Galván, 2024), mientras la Federación se retira de sus obligaciones, el estado invierte sus propios recursos.

La controversia comenzó tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en territorio chihuahuense, el operativo fue presentado como uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas en la entidad durante los últimos años.

Con base en información oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, las acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales permitieron localizar y desmantelar infraestructura utilizada para la elaboración de sustancias ilícitas. La propia gobernadora reconoció públicamente la participación de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad involucradas en el operativo (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2026).

A partir de esos acontecimientos surgieron diversas versiones políticas y mediáticas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República emitió un citatorio para que la mandataria compareciera dentro de una investigación relacionada con los hechos, aquí es donde resulta indispensable separar las percepciones de la realidad jurídica.

Un citatorio ministerial no constituye una sentencia, tampoco representa una declaración de culpabilidad. Sin embargo, en un país democrático, cualquier persona puede ser llamada a comparecer dentro de una investigación. La comparecencia forma parte de los procedimientos legales ordinarios y no implica automáticamente responsabilidad penal.

Incluso la presidenta aclaró públicamente que el citatorio emitido a Maru Campos no representaba una imputación formal en su contra, sino una diligencia dentro de un proceso de investigación en curso (El Universal, 2026). Este dato es fundamental porque durante semanas algunos actores políticos intentaron presentar la situación como si existiera una condena anticipada. No era así.

Cuando la mandataria denunció una posible persecución política, el debate dejó de centrarse exclusivamente en la legalidad del operativo y comenzó a girar alrededor de la relación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, no todos comparten esa interpretación.

Existen voces que consideran indispensable investigar a fondo cualquier posible irregularidad relacionada con la participación de agentes extranjeros en territorio nacional, esa postura también merece atención, un estado democrático requiere supervisión institucional y rendición de cuentas.

Lo interesante es que ambas posiciones pueden coexistir, es posible defender la investigación y al mismo tiempo defender el debido proceso. Es posible respaldar el combate al narcotráfico y exigir claridad jurídica, es posible cuestionar decisiones gubernamentales sin convertir las investigaciones en condenas anticipadas.

La movilización denominada “Yo con Maru” reflejó precisamente esa tensión, miles de ciudadanos, militantes y liderazgos panistas acudieron para expresar respaldo a la gobernadora. Para unos fue una muestra legítima de solidaridad, para otros fue una estrategia política cuidadosamente organizada, probablemente hubo elementos de ambas cosas.

Lo que nadie puede negar es que la movilización evidenció una capacidad de convocatoria significativa y ese respaldo no surge únicamente por afinidad partidista, también está relacionado con los resultados que muchos ciudadanos observan en la administración estatal.

El valor del Federalismo

El Partido Acción Nacional nació para defender la libertad y el Federalismo, creemos que el poder no debe concentrarse en un solo hombre ni en una sola ciudad, el municipio libre y el estado soberano son la base de México y cuando se atacó a Maru Campos se atacó ese principio.

A la gobernadora le inventan historias todas las semanas, la critican por viajar, por hablar claro o por exigir lo que le corresponde a su gente, pero ella prefiere trabajar que entrar al juego de las declaraciones diarias, esa es la escuela del PAN: menos ruido y más obra pública.

También hay que decir algo que a veces se olvida: la seguridad no se resuelve con gritos. Se resuelve con coordinación, ley y sangre fría. Chihuahua vive una realidad dura. La sierra, las rutas criminales y la presión del narco no se arreglan con frases bonitas. Se arreglan con operativos, inteligencia, colaboración institucional y decisiones firmes. Si Maru Campos decidió asumir el costo político de una operación delicada y además mantener una postura de colaboración con la autoridad federal, eso merece leerse con más cuidado y menos prejuicio. (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2026a, 2026b; Castillo, 2026)

Asumir la defensa de Maru Campos no es sólo un acto de solidaridad partidista, es una postura en favor del orden institucional. Si dejamos que debiliten a una gobernadora trabajadora, mañana irán por cualquier alcalde o alcaldesa que les estorbe.

Chihuahua es fuerte y su gente es de trabajo, Maru Campos tiene el respaldo de quienes entendemos lo que cuesta gobernar sin el apoyo del centro, las cuentas están claras, los resultados están a la vista y el rumbo del estado sigue firme. No la van a doblar de esa manera.