La Seguridad Pública, tarea permanente y prioritaria de los gobiernos locales

El tema de la seguridad pública ha sido de suma importancia para los tres órdenes de gobierno del país, debido a que es una de las exigencias más recurrentes e importantes para la ciudadanía. La seguridad y la violencia se encuentran estrechamente relacionadas y son inversamente proporcionales, es decir, cuando una incrementa la otra disminuye.

En este sentido, la realidad general que el país vive refleja un sentimiento arraigado de inseguridad, tan sólo en el primer trimestre de 2023, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arrojó los siguientes datos:

• A nivel nacional, en marzo de 2023, 62.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su localidad.
• Durante marzo de 2023, 68.1 por ciento de las mujeres y 54.8 de los hombres consideraron inseguro vivir en su localidad.
• Las ciudades de Fresnillo y Zacatecas capital fueron consideradas las más inseguras, con un porcentaje de percepción de inseguridad de 96 y 94.3 por ciento, respectivamente.

Aunado a esta información, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2022), la tendencia de homicidios en la administración federal actual rebasa las 35 mil víctimas, frente a las 20 mil que registró el sexenio pasado; así pues, en promedio, el actual gobierno registra más de 2 mil 300 homicidios dolosos al mes (1,779 en el sexenio anterior). Es importante mencionar que el tema de la seguridad ha tenido distintos comportamientos a lo largo del tiempo, sin embargo, en los últimos años se advierte un crecimiento considerable de inseguridad en distintas ciudades y demarcaciones territoriales, no por nada diversos expertos afirman que este sexenio se perfila para ser el más violento en la historia de México, con lo cual, comunidades enteras y gobiernos locales se ven fuertemente afectados.

En el contexto local, la Constitución es muy clara al describir que la seguridad pública es una tarea del Estado distribuida entre la Federación, entidades federativas y municipios (artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Ahora bien, como en cada oportunidad, recalcamos que los municipios son la unidad de atención más cercana a la ciudadanía y en esta materia también nos convertimos en los primeros respondientes; a esta situación de premura debemos agregar que desde los municipios se padecen importantes carencias en este ámbito, como la falta de recursos económicos (recordemos la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG), la intervención de otras fuerzas (como la Guardia Nacional) y el poco reconocimiento al alcance de los elementos locales.

Al respecto, y con este desplazamiento experimentado, el registro más reciente (2021) nos indica que hay 290 mil elementos reconocidos como policías municipales, agentes de tránsito y policías preventivos (de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del INEGI), aunado a esto, vale la pena mencionar que una estrategia reconocida para combatir la inseguridad es incrementar el número de elementos y/o la creación de corporaciones suficientes que provean a las localidades de cuerpos policiacos robustos que puedan atender las necesidades particulares que se desarrollan en cada entidad.

En comparación, el número de elementos de otras instituciones de seguridad, como la Guardia Nacional, que para el cierre de 2021 contaba con alrededor de 118 mil elementos distribuidos en toda la República Mexicana, y esperando que al final de 2023 puedan ser poco más de 123 mil elementos y 105 mil elementos de fuerza operativa desplegados en el país, lo cual también alcanzó un recurso de 62 mil 825 millones de pesos para el 2022; esto nos da claridad sobre las prioridades del Gobierno federal en esta materia.

Al respecto, expertos como Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), han descrito que es muy importante tener policías estatales y municipales que funcionen de manera adecuada, porque no todos los delitos son del fuero federal, además es necesario un marco jurídico e institucional sólido, así como recursos financieros para aportar en la formación y preparación profesional de sus recursos humanos y la especialización de sus cuadros. Si bien, muchos gobiernos locales han sabido echar mano de su capacidad e iniciativa para dar atención oportuna, sigue siendo imprescindible contar con los componentes precisos para ofrecer seguridad pública eficaz y eficiente.

Debemos ser conscientes que el fortalecimiento de la seguridad necesita ser proporcional en todos los niveles de gobierno, cualquier estrategia o política pública que no contemple la mejora integral de las Policías Municipales, que son las más próximas a la ciudadanía y quienes responden primero, está condenada a fracasar, porque omite el fortalecimiento de la base de atención primaria.

Complementario a esto, los gobiernos humanistas estamos convencidos de que se requiere la elaboración de diagnósticos rigurosos que permitan identificar los retos que se dan en el plano de la seguridad, comprender la evolución de nuestras sociedades y de dónde se originan los eventos que propician la inseguridad, lo que se constituye en una tarea igual de importante como el combatirla.

Es imperante fortalecer nuestro sistema de justicia, sólo vigilando los procesos como la investigación judicial o atención a la denuncia seremos capaces de dotar a nuestras instituciones de herramientas que salvaguarden a la ciudadanía.

Requerimos implementar mecanismos que prevengan cualquier tipo de situaciones, mantener espacios de atención abiertos con personal capacitado para tratar cada caso, herramientas que analicen los patrones de violencia que se presentan en cada entidad y gobierno local, así como mejorar los tiempos de respuesta de nuestras autoridades, necesitamos fortalecer el sistema de justicia, para prevenir, sancionar y acompañar a las víctimas de manera oportuna.

Debemos reconocer las carencias de los municipios por sus precarias condiciones en cuestiones física, material, y financiera, y eso se constituye en una seria problemática que impide enfrentar de forma eficaz el reto de seguridad que se está viviendo en México. Sin embargo, todas estas limitaciones materiales y económicas no han sido pretexto para detenernos en la búsqueda de formas innovadoras e ingeniosas de hacer frente a las necesidades públicas, así que muchos municipios hemos encontrado mecanismos y recursos propios para mejorar la seguridad en nuestros territorios.

Necesitamos apostar por las policías locales, regresar aquellos subsidios de los que los municipios podían echar mano para coadyuvar en una de las mayores demandas de la ciudadanía: la seguridad pública, sólo con estos elementos podremos prestar servicios de mayor calidad y generar un efectivo combate contra la violencia y la inseguridad.

La seguridad pública es un tema que nos involucra a la ciudadanía en general y a los distintos órdenes de gobierno, este reto no sólo se puede afrontar desde el orden federal, no debemos desperdiciar los conocimientos y herramientas que se han ido construyendo desde los municipios; esa es la inversión que se requiere en un esfuerzo conjunto entre todos los niveles de gobierno.

Vamos a continuar subrayando que fortalecer a los municipios es fortalecer a México, no sólo en seguridad, sino en todos los ámbitos donde la ciudadanía expresa su mayor preocupación. Día a día las presidentas y los presidentes municipales humanistas trabajamos por hacer frente a las necesidades permanentes de nuestras comunidades y lo continuaremos haciendo.

Antonio Astiazarán Gutiérrez es Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora.