Constitución CDMX

Una Carta Magna de contrastes Avalada por el Senado de la República el 15 de diciembre de 2015, mediante la Reforma Política del Distrito Federal, el documento se planteó para estar listo el 31 de enero de 2017. Por más de dos años dicho documento generó escepticismo entre los ciudadanos y la clase política de la Ciudad de México. Luego de la presentación que dio Mancera Espinosa del grupo redactor del proyecto constitucional el 5 de febrero de 2016, fuerzas políticas manifestaron su inconformidad y urgieron a que se mostrara el “borrador” de artículos por parte de la Ciudad de México. Más tarde, previo a las elecciones del 5 de junio de ese año -donde se elegiría al 60 por ciento de los miembros de la Asamblea Constituyente vía sufragio- a la clase política le sorprendería un dato abrumador: la apatía de los ciudadanos de la capital, quienes en su mayoría desconocían el ¿por qué? y ¿cuáles sería los beneficios?. Desde las propuestas de campaña, analistas políticos criticaron a los miembros a considerar dentro de las planillas e incluso las frases por las cuales llamaban a votar. Finalmente, la bancada de Morena obtuvo el mayor número de curules. La discusión en Xicoténcatl Dejando a un lado estás situaciones, los Constituyentes arracaron trabajos el 15 de septiembre del año pasado tras recibir el “borrador” por parte de Mancera Espinosa. Los congresistas, reunidos a lo largo de la elaboración de dicho documento en el antiguo recinto del Senado, el Palacio de Xicoténcatl, estipularon artículos que cimbrarían a la opinión pública capitalina. Uno de los primeros fue el pactado en el Artículo II, el cual decreta que la CDMX es de “naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural”, por lo que será “un espacio abierto a las personas internamente desplazadas y personas extranjeras a las que el Estado mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político, o la protección complementaria”. Uno de los temas que se posicionó de forma especial fue el referido a la “muerte digna”, acordado en el Artículo XI y el cual reconoce que las personas “pueden ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad”. Miembros de los partidos Acción Nacional y Encuentro Social reprocharon la idea de esta fracción de ley, quienes además buscaron prohibir el aborto mediante el reconocimiento de la vida desde su concepción. “Es una incongruencia aprobar el derecho a morir y no el derecho a vivir”, refirió la diputada federal Cecilia Romero. Otro de los artículos que desataron una gran discusión fue el avalado el 11 de enero de 2017, en torno a las uniones entre personas del mismo sexo. Dicha ley avala el reconocimiento y la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para formar parejas con o sin hijos en matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. La bancada de Acción Nacional votó de manera dividida, pues solamente Federico Döring, Margarita Saldaña y Cecilia Romero rechazaron dicha iniciativa, mientras que el resto de los miembros de la bancada votaron de forma diferente. “Reconocemos la lucha del PAN en contra de estos temas, pero también reconocemos que al interior del PAN hay personas con estas características, que nuestros simpatizantes, que son los que votan mayoritariamente por el Partido Acción Nacional, pertenecen a estos sectores y tenemos que tener un respeto por todos ellos”, expresó Teresa Gómez Mont. Otro de los temas que causó furor fue el relacionado al uso de la marihuana medicinal, ya que la nueva Constitución avala el “uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, indica, americana o marihuana y sus derivados”. Terminados los trabajos, el Coordinador de la bancada panista en la Asamblea Constituyente, Santiago Creel, destacó el papel que tuvo Acción Nacional, ya que se peleó por incluir una agenda de paridad de género, así como inscribir en el documento términos omitidos en el proyecto como el de propiedad privada. “El PAN cinceló también la conformación de las facultades y el estatuto jurídico de las alcaldías”, subrayó.