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383 días… y nada
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Por Eluzaí Morales Ortega.
Abel García, Emiliano Gaspar de la Cruz, Israel Caballero, noche a noche sus nombres se reproducen en las redes sociales exigiendo su regreso. Noche a noche se cuenta 10, 100 y mil veces la gran tragedia que consternó a México y al mundo, una que a más de 365 días no ha logrado resolverse. En esta edición, <em>La Nación</em> recopila los sucesos más importantes del Caso Ayotzinapa, el cisma del sexenio de Enrique Peña Nieto.
<em>“La noche del 26 de septiembre de 2014, la llamada “Noche de Iguala”, estudiantes de la Escuela Normalista ‘Raúl Isidro Burgos’ y miembros del equipo de futbol Avispones fueron atacados por policías de los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero. De acuerdo a las primeras líneas de investigación 6 murieron y 43 alumnos fueron desaparecidos por órdenes del ex alcalde José Luis Abarca (PRD) por temor a un posible boicot a un acto proselitista de su esposa, María de los Ángeles Pineda…”</em>
Los libros de historia, tal vez, iniciarían así la narración de una de las catástrofes más grandes en el México moderno en materia social. Un hecho que se convirtió no sólo en un reclamo de la sociedad, “AyotzinapaSomosTodos”, sino en la bandera ciudadana para expresar la desaprobación hacia la administración de Enrique Peña Nieto.
Tras conocerse este caso, José Luis Abarca, quién en el momento de las agresiones se encontraba en una fiesta, solicitó licencia a su cargo el 30 de septiembre. Posteriormente, se informó que, junto a su esposa, se encontraba prófugo.
Ante la controversia que alcanzó este caso en instancias internacionales como la ONU, que lo calificó como “uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes”, el 4 de octubre, la Procuraduría General de la República, dirigida en ese momento por Jesús Murillo Karam, decidió atraer el caso. Los diputados de la LXII Legislatura decidieron entonces crear la Comisión que investigaría estos hechos, sin embargo, ésta despareció meses después debido al corte del gasto público decretado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (otra Comisión para darle seguimiento al Caso Ayotzinapa se reactivó el pasado mes septiembre en el marco de la nueva legislatura).
Lo que no logró cortar el Gobierno federal fue la indignación de la sociedad, por lo que el 10 de octubre se llevó a cabo en varias ciudades de México y el mundo el primer “DíaDeAcciónGlobalPorAyotzinapa”. Este movimiento fue convocado mediante las redes sociales, como protesta a este crimen (hasta el 26 de agosto de 2015 ha sumado cerca de 15 manifestaciones).
El 17 de octubre se anunció la detención de Sidronio Casarrubias, líder del Cartel Guerreros Unidos, pieza clave para armar, según informó la PGR, lo sucedido en Guerrero. Voces como la de Alejandro Solainde, reconocido activista por los derechos de los migrantes, aseguraron que “los estudiantes estaban muertos y que fueron quemados vivos”.
En plena madrugada del 25 de octubre y ante los señalamientos en la prensa sobre su responsabilidad en este caso, el Congreso de Guerrero aprobó la licencia de Ángel Aguirre como gobernador de la entidad. Asumió el cargo Rogelio Ortega y meses después el priista Héctor Astudillo ganó la gubernatura en los comicios del 7 de junio pasado.
Tras la primera reunión de Enrique Peña Nieto -quién sólo se había limitado, hasta ese momento, a condenar el ataque- con los padres de los normalistas, éstos anunciaron que las autoridades federales no habían presentado avances en el caso. Días después cambiaría todo.
Para la madrugada del 4 de noviembre, autoridades detuvieron a José Luís Abarca y María de los Ángeles Espinosa en la Ciudad de México. Días después, Jesús Murillo Karam declaró como “verdad histórica” la muerte de los estudiantes y su posterior incineración en el basurero de Cocula. Ante la poca credibilidad de esta versión, el Gobierno de la República aceptó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica.
Los resultados de esta investigación se dieron a conocer el 6 de septiembre. Tras meses de análisis los peritos afirmaron que, por decir lo menos, era imposible que se hubieran quemado los restos de los normalistas. “No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, señalaron.
Esta versión no la escuchó Jesús Murillo Karam, ya que el 27 de febrero pasado dejó la PGR para ir a conducir las acciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, institución que abandonaría siete meses después, despareciendo así de la vida pública.
Ayotzinapa ha dejado una herida profunda en la sociedad mexicana, pues ni los llamados de Peña Nieto para superar la tragedia, ni las detenciones de los presuntos culpables y muchos menos la identificación de dos cuerpos de normalistas por parte de la PGR, han logrado que esta tragedia sea dejada en el olvido, al contrario es una herida abierta para varias generaciones. Es un libro que tiene varias páginas aún por escribir.<br><br>http://revistalanacion.com/noticia/383-dias-y-nada/2015-10-26)
