31 millones atendidos, 72 millones en déficit: la simulación social de la 4T
Junio 2026
Salomón Guzmán
La población potencial asciende a 103.4 millones de personas, pero el propio diseño de la política reduce ese universo a una población objetivo de 49.9 millones (48.26 por ciento), excluyendo desde el inicio a más de la mitad. Aún más restrictivo, la población programada es de 24.2 millones (23.45 por ciento del potencial). Aunque la población atendida alcanza 31.6 millones, superando lo programado, esto solo representa el 63.36 por ciento del objetivo y apenas el 30.58 del total potencial. En términos reales, 7 de cada 10 personas vulnerables no reciben atención, lo que confirma que el problema central es de diseño y cobertura, no de ejecución.
La estructura del sistema revela una alta concentración de recursos en pocos programas, principalmente aquellos de transferencias directas. La Pensión para Adultos Mayores alcanza 12.2 millones de beneficiarios, con una cobertura de 91.86 por ciento, prácticamente universalizando su segmento. De forma similar, la Beca Media Superior cubre 92.36 por ciento del objetivo, aunque sólo 76.54 por ciento del potencial, dejando fuera a más de 1.2 millones de jóvenes. Estos programas muestran alta eficiencia operativa, pero también reflejan una asignación desigual que no logra cerrar completamente las brechas sociales.
En contraste, los programas vinculados al desarrollo económico presentan coberturas limitadas. El IMSS-Bienestar atiende a 7.2 millones de personas de un universo potencial de 20.6 millones, es decir, sólo el 34.96 por ciento, mientras que Producción para el Bienestar alcanza el 60.23 del potencial. Esto implica que millones de personas siguen sin acceso a servicios de salud o apoyos productivos, lo que afecta directamente la productividad y perpetúa condiciones de pobreza.
El rezago es aún más crítico en jóvenes y grupos vulnerables. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro apenas cubren 11.97 y 11.96 por ciento del potencial, respectivamente, dejando fuera a casi 9 de cada 10 jóvenes. Más grave aún, los programas para pueblos indígenas (1.05 por ciento) y niños de madres trabajadoras (1.61 por ciento) tienen una cobertura prácticamente marginal. Esto evidencia una exclusión estructural de los sectores más vulnerables, lo que limita la movilidad social y el desarrollo económico.
En conjunto, el sistema presenta una eficiencia desigual: algunos programas superan el 90 por ciento de cobertura, mientras otros no alcanzan ni el 10. A pesar de atender a 31.6 millones de personas, se deja fuera a más de 71.8 millones, lo que refleja una baja eficiencia económica del gasto social. El modelo actual prioriza transferencias directas con alta visibilidad, pero descuida la cobertura amplia y la inversión en capacidades productivas, limitando su impacto en el crecimiento y la reducción sostenible de la pobreza.