Venezuela después del 28 de julio

Las elecciones generales del pasado 28 de julio en Venezuela nos han dejado un sin sabor en cuanto al restablecimiento democrático en este país y en lo que pudo haber sido una esperanza para la región.

La oposición, de la mano de María Corina Machado, encontró a una líder que supo enfrentarse al régimen y que sabía también que el modus operandi del dictador sería el fraude en las casillas. Pero antes de que esto ocurriera y Venezuela se convirtiera en el país con la diáspora más grande de América Latina, la oposición tuvo que enfrentarse a todo tipo de ataques.

En primer lugar, desde que se conformó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), integrada por diversos partidos políticos que se oponían al régimen, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la inhabilitó en 2018; igualmente el Consejo Nacional Electoral (CNE), en 2021, rehabilitó su tarjeta como partido político de carácter nacional para que pudieran participar en las elecciones regionales.

En segundo lugar y ante tantos engaños de la dictadura, la oposición integró una alianza con la sociedad civil, sindicatos, militares retirados, partidos políticos y diputados de la Asamblea Nacional electos para el periodo 2016-2021, esto fue denominado Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de la cual María Corina Machado resultó electa como candidata en las elecciones primarias de octubre de 2023, pero fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, por lo que propusieron a Corina Yoris, a quien el CNE rechazó sin razón y, en consecuencia, finalmente Edmundo González quedó como candidato a la presidencia.

La organización de la oposición el día de las elecciones se realizó sin precedentes, la gente fue capacitada para poder quedarse con copias de las actas, estuvieron presentes en las mesas de votación a pesar de los múltiples intentos del régimen por desestabilizar todo el proceso y de no permitir la votación de millones de venezolanos en el exterior.

Los resultados presentados por la oposición con 25,073 actas digitalizadas, es decir, el 83.50 por ciento de las casillas, da la victoria a Edmundo González con 7,303,480 votos, un 67 por ciento del total; mientras que Nicolás Maduro sólo obtuvo 3,316,142 votos, es decir, un 30 por ciento. Sin embargo, esto no lo reconoció el CNE dando a conocer que Maduro ganaba por un 51.9 por ciento frente a un 43.1 de Edmundo González.

A partir de este momento, la comunidad internacional se pronunció de manera más enérgica en favor de que se diera a conocer el resultado real con gobiernos como los de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay, mientras que Chile, El Salvador y Guatemala afirmaron que hubo fraude. Entre los países que pidieron un recuento transparente estaban Alemania, España, Italia, Portugal, Reino Unido y, por supuesto, hubo otros pronunciamientos como el conjunto entre Brasil, Colombia y México en el que pedían se esclarecieran los resultados electorales. Los países que reconocieron la victoria de Maduro fueron Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Madagascar, China, Siria, Irán y Rusia. Algunos de estos países no sólo apoyan políticamente al régimen, sino que también se ha dado a conocer que colaboran con su estrategia de seguridad con entrenamientos, armamento y equipos.

Lo anterior explicaría la reacción de Nicolás Maduro ante la ola de protestas en Venezuela después del 28 de julio, registrando muertos y cientos de detenidos, entre ellos más de 100 adolescentes, a los cuales tuvieron retenidos ilegalmente, pues no tenían cargos en su contra. Según la organización no gubernamental Foro Penal entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre liberaron a 86 de estos jóvenes.

Venezuela vive bajo una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos de todos aquellos que no apoyan a Maduro. Según cifras oficiales, se registró que desde el 29 de julio se detuvieron arbitrariamente a más de 2,400 personas y 25 fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Entre los presos políticos se encuentran Williams Dávila, ex alcalde de Mérida, quien nos acompañó como observador electoral el pasado 2 de junio en México, y que su secuestro va en contra de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que su estado de salud es vulnerable.

También están secuestrados e incomunicados Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Roland Carreño, Perkins Rocha, Henry Alviarez, Dignora Hernández y Américo de Grazia, todos ellos dirigentes políticos nacionales. Ante estas detenciones, en las que no hay un proceso judicial limpio, los culpan de cargos como terrorismo, conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio y traición a la patria.

Frente a estas presiones, Edmundo González estuvo asilado primero en la embajada de Países Bajos y posteriormente, el 8 de septiembre, salió rumbo a España donde pidió asilo político y después de una discusión interna española, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, reconocieron a González como presidente legítimo de Venezuela.

Mientras que la comunidad internacional se ha manifestado, México ha jugado un papel por demás lamentable, escudado en el principio de no intervención. La postura ha sido la de guardar silencio ante todas las violaciones de derechos humanos y decir que respetarían la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones, es decir, respaldan la dictadura, pero no lo plasman.

El pasado 19 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que presentó el Partido Popular Europeo para que se reconociera a González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente electo, así como también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. Sin duda, el reconocimiento internacional es fundamental para la implicación del establecimiento de relaciones y posterior cooperación, algo que a Nicolás Maduro por el momento no le preocupa.

Lamentablemente el futuro de Venezuela se quedó nuevamente en una lucha que cada vez se recrudece más, con una crisis humanitaria que incluye la falta de trabajo, la dificultad para encontrar alimentos, la pésima situación de los servicios de salud y la hiperinflación que vivió el país. Según cifras de la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela, en junio de 2024, son más de 7.77 millones de venezolanos los que han salido, convirtiéndose en la segunda diáspora más grande del mundo.