Montesquieu, Juárez, Madero, Cárdenas y López Obrador. Una reflexión
Publicada el Mar, May 5, 2020

Por Manuel Gómez Morin Martínez del Río.

De acuerdo con el artículo 41 de nuestra Constitución, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta división de poderes responde al principio de no concentrar todo el poder en un mismo individuo o cuerpo. Además, que dichos poderes sean tres permite un equilibrio.

El concepto moderno de la división de poderes se sustenta en la teoría desarrollada por Montesquieu en su conocida obra El espíritu de las leyes. En esa obra, Montesquieu sostiene que “…cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente”. Agrega “…no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”. Por último, señala “…si el poder legislativo, en un Estado libre, no debe inmiscuirse en las funciones del ejecutivo ni paralizarlas, tiene el derecho y debe tener la facultad de examinar de qué manera las leyes que él ha hecho han sido ejecutadas”.

La Constitución de 1824, que estableció por primera vez en México el sistema federal, incluía la división de poderes. Esta constitución sirvió como base para redactar la Constitución de 1857, esta última a partir de la cual se redactó la Constitución de 1917, que es la vigente.

La Constitución de 1824 también incluyó el Presupuesto de Egresos de la Federación. Desde ese entonces está previsto que anualmente lo elabora el Ejecutivo y lo aprueba el Legislativo (actualmente corresponde a la Cámara de Diputados, que representa al pueblo), quien también revisa y aprueba la cuenta anual del ejercicio que le presenta el Ejecutivo. Así, un poder aprueba y revisa cuentas, en tanto que otro ejerce y rinde cuentas. División y equilibrio de poderes.

Para ilustrar, la Constitución de 1824, en su artículo 50, fracción VIII, entre las facultades exclusivas del congreso general establecía “Fijar los gastos generales… y tomar anualmente cuentas al gobierno”. La Constitución de 1857, en su artículo 64, fracción V, establecía que el congreso tiene facultad para “…aprobar el presupuesto de los gastos de la federación que anualmente debe presentarle el ejecutivo”. En la Constitución de 1917, esta facultad de la Cámara de Diputados está prevista en la fracción IV de su artículo 74.

Bajo la Constitución de 1917, hasta antes de que se emitiera la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el 1 de abril de 2006, una vez aprobado el presupuesto no se podía modificar. En el artículo 21 de esa ley se establecen excepciones a esa regla, las cuales operan cuando tiene lugar una contingencia que provoque una disminución en los ingresos. Conforme a dicho artículo, cuando la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los ingresos por impuestos, el Ejecutivo puede reducir el gasto programable y basta con dar un informe a la Cámara de Diputados que contenga el monto a reducir y la composición de la reducción por dependencia y entidad. Si la contingencia representa una reducción equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos, el Ejecutivo debe acudir a la Cámara y se sigue un procedimiento que responde al principio de que corresponde a esta última aprobar el presupuesto.

En días pasados, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar un artículo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Conforme a esa iniciativa, en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender la emergencia de salud y programas de beneficio de la sociedad.

La iniciativa no contiene una definición de emergencia económica. Tampoco establece límites a la facultad de reorientación que se le confiere a la Secretaría. Además, no limita la reorientación ni al fomento de la actividad económica, que podría ayudar a hacer frente a la emergencia económica, ni a atender la emergencia de salud (concepto que estrictamente hablando no constituye una emergencia económica), sino que también permite destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y atender los programas de beneficio de la sociedad, con lo que se estarían blindando los principales proyectos del gobierno de López Obrador, mismos que ha defendido a capa y espada.

El logotipo de la administración federal incluye las imágenes de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Los primeros dos gobernaron bajo la Constitución de 1857, en tanto que el tercero lo hizo bajo la Constitución de 1917. Hasta donde sé, para los dos primeros no existía una ley que les permitiera modificar el presupuesto una vez aprobado por la Cámara de Diputados. Por lo que se refiere a Cárdenas, la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación que estaba en vigor durante su mandato, no permitía modificar el presupuesto aprobado. No tengo antecedentes de que Cárdenas haya presentado una iniciativa para modificar la ley mencionada. Todo indica que los tres, por lo menos en lo que al presupuesto se refiere, se sometieron a la ley y no alteraron el principio de división de poderes.

A la luz de lo anterior, ya que tanto presume admirarlos, es deber mínimo del presidente López Obrador honrar la memoria de Juárez, Madero y Cárdenas con el respeto tanto a la ley como al principio de división de poderes, con lo que de paso también honrará la memoria de Montesquieu.

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