Más actores políticos que ministros
Publicada el Mie, Oct 28, 2020

Por Andrés Castro Cid.

Estamos de nuevo en los días de odio (…) Qué irresponsable volver a dividir a México en los bandos del pasado, escribió Héctor De Mauleón, en El Universal el pasado 8 de octubre.

Esta frase viene a cuenta ya que nuestro país se encuentra dividido por la controvertida resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar como constitucional, con seis votos contra cinco, la propuesta de consulta ciudadana impulsada desde el Ejecutivo. La propuesta original de consulta para enjuiciar a expresidentes dividió en un primer momento a la opinión pública, una parte de la ciudadanía estaba en favor bajo el argumento de que los rateros debían “regresar lo que se robaron”: doña Selena, de 78 años, La Razón. Otros más, con conocimiento en derecho constitucional, tenían claro que dicha consulta “restringe o puede restringir los derechos humanos de los expresidentes”: José María Soberanes Diez, doctor en Derecho, revista La Nación.

En este contexto, la revista La Nación consultó a Fernando Rodríguez Doval, politólogo por el ITAM y Secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN panista, quien en un primer momento aseguró que dicha resolución se fundamentó en consideraciones de tipo político y no jurídicas. “La ley quedó en un segundo plano y se violentó el principio de legalidad de la Constitución”.

Quedó demostrado, continuó, que al parecer ya hay una mayoría de ministros afines al proyecto político de López Obrador, vemos con preocupación que muy probablemente ya lo consiguió, tanto con los ministros que él nombró como con otros ministros como el propio Zaldívar, que han decidido renunciar a su facultad constitucional.

Quien también fuera Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional destacó que con el fin de evitar una confrontación con el actual presidente, los seis ministros que decidieron mantener la consulta (Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Yasmín Esquivel Mossa; Ana Margarita Ríos Farjat; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Alberto Gelacio Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá), aun cuando en los hechos cambian la pregunta y es confusa, no obliga a ningún poder público a actuar y por lo tanto es tomarle el pelo a los ciudadanos y nos pone al nivel de una república bananera.

Fernando Rodríguez señaló que la resolución es un duro golpe a la Corte, pues el prestigio de los seis ministros que votaron en favor de esta consulta ahora está por los suelos, han quedado exhibidos como actores políticos más que como jueces constitucionales.

El político panista también alertó sobre la intensión del Gobierno federal para realizar la consulta el mismo día de la elección federal en 2021, “esto puede distorsionar la voluntad popular expresada en las urnas para las elecciones del próximo año. Esa reforma no debe hacerse, generaría una inequidad de la voluntad popular”.

La próxima gran aduana, subrayó, son las elecciones federales del próximo año, es una oportunidad para que los ciudadanos pongamos un dique al Poder Ejecutivo, para que se logre tener una mayoría opositora en la Cámara de Diputados y evitar esta deriva autoritaria. Al eliminar la mayoría morenista se lograría reorientar el presupuesto y se podría reactivar la economía, todos los esfuerzos hay que dirigirlos a esa elección, concluyó Rodríguez Doval.

Resolución peligrosa

La Nación buscó también la opinión del doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento, director regional del departamento de Derecho en la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey.

Destacó que la resolución se aleja de los precedentes de solicitudes anteriores, “hay que recordar que el PAN presentó una solicitud para que se sometiera la necesidad de aumentar o no el salario mínimo y ésta fue desechada.”

Abreu Sacramento alertó que al analizar los argumentos de las ministras y ministros que votaron en favor, éstos son distintos y en algunos casos pueden ser bastante peligrosos en su alcance, porque podría dejar sin efectos este tipo de consultas. Vemos que la argumentación en la reciente resolución es bastante flexible.

“El presidente Zaldívar argumentó que el resultado de la consulta podría ser no vinculante para las autoridades que tienen una obligación constitucional de realizar o no determinadas funciones, en este sentido si una consulta se realiza y al final no es vinculante, ¿para qué realizamos una consulta tan costosa y por qué no dejamos que la gente se manifieste?, cuestionó el doctor en Derecho.

Entonces, afirmó, se sobrepasaron las facultades que están en la ley de la consulta popular y no en la Constitución, y la SCJN hizo una pregunta distinta a la que presentó el Ejecutivo que no sabemos a qué vincula, será una consulta que no sabemos a quién va a investigar y a quién debe investigar.

Precisó que la interpretación de la mayoría es una interpretación pro persona, esta aproximación está basada en el artículo 1º de la Constitución. “Lo que digo es que la interpretación pro persona no implica otorgar a las personas lo que ellas quieren”.

Ello, añadió, implica un ejercicio de argumentación sólido, basado en el resto de las normas para beneficiar de la mejor manera a las personas y creo que el haber basado la argumentación sólo en el artículo primero y hacer a un lado los demás artículos violentados, entonces, no es una interpretación pro persona es un discurso pro persona y se aleja de la argumentación jurídica que requiere la sentencia.

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