Los contrapesos institucionales y los procesos de negociación política
Publicada el Jue, Mar 21, 2019

Por Humberto Aguilar Coronado.

Después de las elecciones de julio de 1988 en México se inauguró un fenómeno político prácticamente desconocido durante el dominio hegemónico del Revolucionario Institucional: el nacimiento de mayorías divididas en el Congreso federal con las implicaciones que esta realidad tendría en el papel central de la Presidencia de la República en la toma de decisiones políticas y en el control de las instituciones nacionales.

La mayoría de los analistas coinciden en que en la década de los 30 del siglo pasado se consolidaron las reglas y características básicas del sistema presidencial mexicano: a) la relación entre un Poder Ejecutivo muy poderoso con un Legislativo muy débil y con integrantes de, prácticamente, un solo partido; b) amplias facultades constitucionales en favor del Presidente de la República; c) una amplia variedad de facultades fácticas (meta constitucionales) que eran implacablemente ejercidas por el titular del Ejecutivo Federal; y d) la facultad del Presidente de la República para designar a los candidatos de su partido a prácticamente todos los cargos de elección popular (proceso que, evidentemente, exigía la voluntad de otros liderazgos del partido, pero en el que el Presidente era sumamente poderoso, sobre todo en la designación de la figura de su sucesor).

Es evidente que un escenario como el planteado significaba la nula existencia de contrapesos para las decisiones del Presidente de la República, por lo que el Ejecutivo tenía una amplísima libertad para conseguir reformas constitucionales y para implementar todo tipo de decisiones e instrumentar las políticas públicas que considerara, sin mayores discusiones, debates o resistencias, por lo menos desde el punto de vista institucional.

En la elección de 1988 este predominio absoluto del Presidente de la República desapareció, pues las oposiciones al PRI alcanzaron prácticamente la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados con 240 legisladores (FDN 139 y PAN 101), lo que significaba que el PRI había perdido el control para promover reformas constitucionales y, además, inauguraba la necesidad de desplegar estrategias de negociación parlamentaria pues el Presidente de la República enfrentaba contrapesos efectivos.

Durante prácticamente 20 años vivimos en México una realidad de gobiernos divididos donde la pluralidad fue tomando carta de naturalización en prácticamente todos los espacios de ejercicio del poder público. En los últimos años, llama más la atención la existencia de algunas entidades federativas que no han vivido la alternancia partidista en sus Ejecutivos Locales, pues la alternancia y la presencia de distintos partidos en el control de Gobiernos estatales, Congresos locales, ayuntamientos y, desde luego, las Cámaras del Congreso federal fueron el rasgo común de nuestro sistema democrático.

La realidad de los gobiernos divididos significó la existencia efectiva de contrapesos institucionales a las decisiones de cualquier órgano de gobierno. Estos contrapesos generaron la obligación de todos los actores políticos de privilegiar el diálogo y la negociación como la principal herramienta para la generación de bienes públicos y para el diseño y fortalecimiento de nuevas instituciones.

Durante esta etapa, el diseño de nuevas instituciones apostó por la autonomía (incluso a nivel constitucional) de órganos que asumieron funciones y responsabilidades que antes estaban concentradas en el Ejecutivo Federal.

También fue notorio cómo las autonomías de las entidades federativas se convirtieron en realidades políticas, pues los gobernadores dejaron de depender políticamente del Presidente de la República, aun y cuando emanaran de su mismo partido. Además, los propios gobernadores encontraron contrapesos en sus entidades pues, de manera regular, el Congreso estaba integrado por diversos grupos parlamentarios y no se ostentaban mayorías estables.

Las habilidades para la negociación se convirtieron en una de las principales herramientas del quehacer político, por lo que el respeto a los compromisos adquiridos, la claridad en las definiciones públicas y la confianza que generaba un político se convirtieron en valores fundamentales para fincar una carrera parlamentaria o administrativa.

Tras la elección de 2018, la realidad de los Gobiernos Divididos desapareció en el ámbito de las autoridades de la Federación.

MORENA, con sus aliados, ostenta un número de diputados federales suficientes para aprobar con mayoría calificada todos los temas que sean del interés del Presidente.

En el Senado de la República es dónde encontramos el último contrapeso con posibilidades de actuar efectivamente en la toma de decisiones públicas.

Suponiendo una asistencia del total de la integración de la Cámara de Senadores, la mayoría calificada se alcanza con la suma de 85 integrantes. La suma de las alianzas electorales de “Juntos Haremos Historia” permite contar con 70 votos. En ese escenario, el grupo en el Gobierno requiere sumar 15 votos más para alcanzar la mayoría calificada.

Para efectos prácticos, podemos decir que en las manos de 15 personas se encuentra la posibilidad del funcionamiento de un contrapeso fundamental en las democracias y la posibilidad de que no retornemos a mecanismos de operación política que dejaron de funcionar hace 20 años.

Los ejemplos que se han presentado hasta el día de hoy demuestran que, en casos muy específicos de construcción de mayorías calificadas, ha sido necesario implementar mecanismos de negociación política para lograr la aprobación de los proyectos o propuestas del Presidente.

Sin duda el más emblemático fue el tema de la aprobación de la Guardia Nacional en el que un bloque opositor formado por PAN-PRI-PRD y MC lograron evitar que se aprobara un cuerpo policiaco con rasgos militares aunque, para hacerlo, tuvieron que aceptar que el Presidente utilice a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante los próximo cinco años y sin mayores controles democráticos.

La aprobación de la propuesta de Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es otro buen ejemplo de que el contrapeso en el Senado sigue obligando a la negociación política. Desafortunadamente, los términos de la negociación en el caso de la Ministra de la Corte no son nada claros y no se presentaron a la opinión pública con la transparencia que se logró en el caso de la Guardia Nacional.

En conclusión, hoy sólo nos queda un contrapeso institucional en la relación Ejecutivo- Legislativo, a saber, el Senado de las República. Esa realidad nos obliga a exigir que las negociaciones que se producen en su seno sean transparentes y claras para evitar que ese contrapeso se convierta en un generador de beneficios individuales o de grupo, y no una herramienta de altísimo valor para la sociedad mexicana.

 

Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C

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