Ley de Seguridad Interior: amenaza para la autonomía estatal y municipal
Publicada el Vie, Ene 26, 2018

Por Alejandro Ledesma Solórzano.

Con lagunas verdaderamente importantes que caen en el terreno de la inconstitucionalidad fue aprobada la Ley de Seguridad Interior, afirmó la Secretaria de la Comisión de Justicia en San Lázaro, la diputada Patricia Sánchez Carrillo.
“Estamos interfiriendo en un derecho que corresponde a los estados. La Ley de Seguridad Interior, como todo lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido a las carreras, como diríamos en términos coloquiales ‘a bote pronto’”, señaló.
En entrevista para La Nación, la diputada federal por Quintana Roo apuntó que pese a tratarse de una ley controversial, merecedora de críticas y pronunciamientos por parte de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, entró en vigor mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, el GPPAN, en coordinación con los diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, presentaron el 18 de enero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Lo que hace el presidente Peña Nieto es lavarse las manos”, refirió la legisladora al detallar que una vez promulgada la Ley de Seguridad Interior, será la SCJN quien determiné su procedencia o improcedencia, dando un tiempo para que los estados y municipios hagan lo conducente para evitar que esta ley permee en lo estatal y en lo local.
Destacó el caso del ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, al ser el primer municipio en solicitar la suspensión de la Ley de Seguridad Interior al interponer una demanda de controversia constitucional ante la SCJN, cuya vigencia no ha sido suspendida.
La también integrante de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara baja precisó que como partidaria del Mando Mixto, iniciativa impulsada por la bancada panista, se debe atender y obedecer lo señalado por el artículo 129 de la Constitución, que establece muy claramente que, en tiempos de paz, el Ejército únicamente podrá ejercer funciones que tengan una exacta y estricta conexión con la disciplina militar.
“De años atrás es notoria la presencia militar en algunos estados de la República, con el fin de evitar el crecimiento del narcotráfico, la delincuencia organizada y lograr la paz, pero el quitarle a los estados y municipios la facultad de fortalecer su cuerpo policiaco, los hará entrar en un estado depresivo donde bajarán los brazos dejando la situación en manos y criterio del Ejército y la Marina”, consideró.
Respecto a la votación de la ley por parte de los diputados de la coalición Por México al Frente, Sánchez Carrillo mencionó que el Senado de la República aseguró haberla modificado para su aprobación, sin embargo, dijo, nunca fue mostrada a los legisladores para su análisis.
“Nunca se expusieron las modificaciones, ni lo que decía el Senado, el PRI se guardó todas estas cuestiones y nosotros nunca nos enteramos de nada, por eso es que una gran mayoría no participamos en lo absoluto en la aprobación de esta ley”, concluyó.

Presentan acción de inconstitucionalidad
El jueves 18 de enero los diputados federales de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), así como Morena, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.
“Ciento ochenta y ocho legisladores hemos firmado la solicitud respetuosa, pero bien fundada, para que los ministros de la Corte revisen la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior”, informó a medios el Coordinador del GPPAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés.
De acuerdo con los legisladores de las cuatro fuerzas políticas representadas en San Lázaro, la Ley de Seguridad Interior está plagada de violaciones constitucionales en diversos ámbitos, entre los que destacan:
 * Invade la esfera de competencia de los estados y municipios en las obligaciones que les son impuestas.
 * La ausencia de facultades del Ejecutivo para emitir la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior, sin que exista una petición expresa por parte de las entidades federativas.
 * La reserva de toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esta Ley, por ser contrario al principio de máxima publicidad.
 * La delimitación de atribuciones del Presidente de la República, en el marco del esquema de coordinación en la atención de una Declaratoria.
 * La muy cerrada delimitación de conceptos político-electorales para la exclusión de la Ley.
 * La delimitación de la Coordinación con el Ministerio Público en la atención de los delitos.

Los diputados de los cuatro grupos parlamentarios consideraron como un grave error y un abuso de las mayorías en ambas Cámaras, haber aprobado la Ley de Seguridad Interior sin escuchar todas las voces que señalaron con oportunidad sus elementos inconstitucionales, por lo cual se tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de que haga respetar libertades y derechos.
Asimismo, expresaron su confianza en que dicha instancia admitirá el recurso legal y después de un análisis exhaustivo resolverá la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
Sostuvieron que sí es necesario reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no es llevándolas a los extremos como se solucionará el problema de inseguridad en el país.
Adelantaron que ahora es competencia de la SCJN determinar si el conjunto de la ley y específicamente 28 del total de sus 34 artículos son válidos constitucionalmente, además de ser consistentes con el control de convencionalidad, al estar en conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Cabe señalar que esta demanda se suma y coincide con la visión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de los argumentos que le corresponden al Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y los que han señalado un amplio sector de expertos y organizaciones ciudadanas.
Por último, informaron que una vez recibida esta acción, la Suprema Corte designará un Ministro Instructor quien admitirá la demanda, determinará los trámites subsecuentes y preparará el proyecto de resolución.
“Estaremos pendientes de la resolución que emita la máxima instancia de justicia del país y no dejaremos de insistir en que esta Ley de Seguridad Interior está lejos de ser la que el país necesita”.
Durante la entrega del documento estuvieron presentes los diputados Juan Blanco Zaldívar y Karina Padilla Ávila del PAN; Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Cristina Gaytán, Julio Saldaña y Felipe Reyes del PRD, y Jorge Álvarez Maynez y Germán Ralis Cumplido de Movimiento Ciudadano, entre otros.

Comentarios

comentarios